martes, 25 de junio de 2013

Los cuatro Pemex

Excélsior

Por Jesús Ortega Martínez

Es tan grande y amplia nuestra diversidad geográfica, cultural, económica y social,  que algunos de los estudiosos de las identidades de los mexicanos dicen que México, es en realidad, varios Méxicos. Utilizo este concepto porque en la edición 426 de Nexos, igual se escribe de que uno de los símbolos del país, Pemex, es en realidad,  varios Pemex.
Son varios, dice Nexos, por las diferentes actividades que realiza, pero más allá de ello, son varios Pemex por cómo ha sido utilizada esta empresa a lo largo de su existencia.
Hay un primer Pemex, que ciertamente, sirvió —y mucho— en el desarrollo económico del país. Este es el Pemex ahora olvidado.

Pero hay un segundo: el que de alguna manera se ha “privatizado” y se encuentra en manos de infinidad de funcionarios gubernamentales y empleados de la empresa; de muchos contratistas nacionales y extranjeros (empresarios particulares) que, corrupción de por medio, se apropian ilícitamente —que no inexplicablemente— de una parte significativa de la renta petrolera; en manos de cabilderos inescrupulosos (amigos de políticos y de directivos de la empresa) que trafican contratos como si de venta de garaje se tratara; en manos de líderes sindicales que encabezados por Romero Deschamps, son los dueños de contratos de servicios (sin licitación alguna), de plazas de trabajo, y de pasada hasta de gobiernos municipales y de ciudades como Poza Rica, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen y otras más en donde los “dirigentes sindicales” dominan al margen del Estado y la Ley.  Todos estos se han enriquecido a costa de Pemex y son una mafia que ha esquilmado —durante muchas décadas— a esta empresa que administra el recurso natural más valiosos del país.

Existe un tercero: “el privatizado” por el gobierno federal en turno y más específicamente por la Secretaría de Hacienda, la cual ha utilizado a Pemex para justificar su ineficiencia recaudatoria de impuestos y que saquea, año con año con miles y miles de millones de pesos a Pemex, para con ello “tapar” su permanente déficit fiscal y presupuestario.

Y, por último existe el cuarto Pemex, ese al que no se le sustrae dinero pero se le exprime hasta la última gota de la “renta política”. Este Pemex que le sirve a algunos políticos para de vez en vez salir del “campo santo”; para —envueltos en un patrioterismo falaz— reaparecer en el escenario político del país; políticos urgidos de recuperar protagonismo electoral, asumiéndose como los únicos e indiscutibles albaceas del “diablo”, de aquel que según López Velarde: “nos escrituró los veneros de petróleo”. Esos Políticos que se encuentran atrapados en la paradoja terrible de convocar al levantamiento popular para evitar la privatización de Pemex, pero en lo más intimo de su ser, desean que se privatice,  para entonces, contar con alguna bandera que enarbolar.

Necesitamos recuperar al primero de los Pemex y sustraerlo de quienes ahora lo han hecho “patrimonio propio” (gobierno, hacienda, funcionarios corruptos de la empresa, contratistas privados, líderes sindicales…) y para ello se requiere de una gran reforma a la industria petrolera y energética como la que propone el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Una reforma que preservando el precepto Constitucional de que los hidrocarburos y otros recursos energéticos son propiedad exclusiva de la nación, reconstruya de pies a cabeza la operación, administración, carga fiscal, estructura laboral, política comercial de Pemex, para que la “renta petrolera” sea correctamente utilizada  para el desarrollo económico del país y para el bienestar público.


Una reforma de esta naturaleza deberá alejarse del dogmatismo neoliberal que sólo ve como “remedio” la privatización,  pero también alejarse de los que piensan que no hay necesidad de cambio alguno. Los dos extremos se encuentran atrapados en el mismo conservadurismo aunque con intereses diferentes.

viernes, 21 de junio de 2013

Respuesta a las mentiras de Jenaro Villamil sobre Arnoldo Martínez Verdugo

México, Distrito Federal a 13 de junio, 2013

Sr. Director
Rafael Rodríguez Castañeda
Revista Proceso

PRESENTE

En la edición 1909 de PROCESO, Jenaro Villamil hace una nota sobre Arnoldo Martínez Verdugo. En tal escrito hace referencia a mi persona faltando a la verdad de manera falaz.
Le ruego que en razón de mi derecho de réplica se publique, en los términos de ley, esta respuesta.

Si bien la realidad es un asunto sumamente complejo, tratar de interpretarla con

responsabilidad la convierte en un asunto doblemente dificultoso. Justamente este es el

trabajo de un periodista que ejerce su profesión de manera crítica y profesional.
Denisse Flores Gonz responder invadido por la  y laeños pcomprender de manera fexiález


1.- He leído con atención la nota de Jenaro Villamil sobre el fallecimiento y trayectoria de Arnoldo Martínez Verdugo publicada en el número 1909 de PROCESO. Ante ésta, mi primera reacción fue de indignación y pretendí responder invadido por la cólera. Pero no, la cólera es una reacción que cancela el pensamiento; es un sentimiento que frecuentemente anula la reflexión. ¡No! Mejor opto por la sensatez y doy respuesta apoyándome en la serenidad.

2.- Dice Villamil: “una de la primeras decisiones adoptadas por Jesús Ortega Martínez cuando llegó a la presidencia nacional del PRD fue cortar la pensión para los consejeros eméritos del partido. Una de esas pensiones era para Arnoldo Martínez Verdugo quien fuera Secretario General del Partido Comunista Mexicano, candidato Presidencial del Partido Socialista Unificado de México y uno de los personajes claves en la fundación del partido que ahora dirige la corriente política conocida como los chuchos”.

Jenaro Villamil desprecia la verdad y comete un grave error, inaceptable en todo profesional del periodismo: no investigar, es decir, no inquirir la verdad hasta descubrirla.

A Jenaro le digo que nunca tomé decisión alguna para “cortar” o suspender las pensiones de nadie y desde luego tampoco la de Arnoldo. En la nómina del PRD existían como existen ahora apoyos o pensiones a militantes del PRD que desde anteriores organizaciones políticas o desde el propio PRD trabajaron y aportaron al desarrollo de la izquierda.

Esas pensiones, incluida la de Arnoldo, se refrendaron durante mi gestión. Le envío a usted, señor Director y al propio reportero, los documentos de lo entregado a Arnoldo que se encuentran en el archivo de la Secretaría de Finanzas del PRD Nacional. Este desglose que le envío, comprenden todas las quincenas entregadas a Arnoldo durante mi administración al frente del PRD. Le rogaría que este documento fuera publicado.

El reportero, ante el insidioso dicho de Alejandro Encinas, pudo, debió hacer, una elemental visita a las oficinas del PRD y de la mencionada secretaría para obtener los datos y  comprobar lo dicho por su informante o como es el caso, darse cuenta de la falsedad de lo que le “dijeron”.

El profesor de periodismo hizo exactamente lo contrario a lo que enseña.

3.- Dice el reportero: “Relegado por sus ex compañeros del PCM dentro del PRD, recibía un golpe de su viejo adversario Jesús Ortega a quien alguna vez consideró uno de los “socialistas del presidente” aludiendo al carácter paraestatal del partido socialista de los trabajadores en la década de los 80s”.

¡De nueva cuenta se equivoca Villamil! pues cuando yo inicié mi militancia en el PST (1978) se estaba dando en México y el mundo un debate en el seno de la izquierda sobre cuál debiera ser el rumbo de esta corriente política. El PST, como el PRT, el PPM, el PPS, la Corriente Socialista, el MAP, el PMT, Punto Crítico, el MAUS y desde luego el PCM, y otras organizaciones, participaban de esa discusión. De todos y entre todos había, naturalmente,  diferencias como las sigue habiendo hoy y las seguirán habiendo en el futuro. Lo que no se entiende por el reportero —y parece que nunca podrá comprender— es que las diferencias son parte de la vida política democrática y que el tenerlas no debe conducir a nadie -como sucedió en el estalinismo- a zaherir, agraviar, calumniar o hasta eliminar a aquel que, simplemente, piensa de manera diferente.

Yo no era, ni lo fui nunca, “viejo adversario” de Arnoldo. En esos momentos del debate de referencia, Arnoldo, seguramente,  no conocía de mi existencia. Yo era un militante de base y él era el Secretario General del PCM.

Yo conocí personalmente a Arnoldo cuando era Diputado por el PCM y lo era yo por el PST y quienes fueron desde la izquierda, compañeros de esa legislatura, saben que nunca existió agravio alguno de mi parte y menos aún de parte suya. Si algo distinguía a Arnoldo era su actitud tolerante y su sapiencia para tratar diferencias.

4.- Dice Alejandro Encinas y lo cita textualmente en su nota Villamil: “le retiraron el apoyo mensual. Me parecía una canallada por que si alguien fue el verdadero impulsor del PRD fue el propio Martínez Verdugo”.

¡MIENTE Alejandro Encinas y Villamil comete el error de difundirlo sin comprobar la veracidad de su fuente. Nunca, nunca di tal instrucción como se lo demuestro con los documentos que anexo. La canallada es de Encinas, pues se aprovecha del fallecimiento de Arnoldo, para seguir alimentando su rencor, mismo que lo envenena y lo ofusca.

Alejandro Encinas fue durante años militante de Estrategia, una organización dirigida entre otros, por Alonso Aguilar y, que entre otras cosas,  se distinguió por su crítica radical e intensa en contra del PCM. ¿La militancia de Encinas en Estrategia, lo convirtió  en “viejo adversario” de Martínez Verdugo?  ¿Sabe Jenaro Villamil de las profundas diferencias de Punto Crítico (PC) y de algunos de sus principales dirigentes como Raúl Álvarez Garín con el Partido Comunista Mexicano?  ¿Eso hizo de Raúl “viejo adversario” de Arnoldo?

Alejandro Gascón Mercado mantuvo durante mucho tiempo diferencias con el Partido Comunista y con el propio Arnoldo. ¿Eso hizo de Alejandro Gascón “viejo adversario” de Arnoldo? O el propio Heberto Castillo que tenía diferencias con el Partido Comunista Mexicano.  ¿Eso hizo al dirigente del PMT “viejo adversario” de Arnoldo?

¡Pamplinas! ¡Tonterías! El que piensa de esta manera es sólo un absolutista y un intolerante que entiende a la política como la eliminación del diferente.

Su “lógica” es: ¡O estás ahora conmigo o serás para siempre un “viejo adversario”! Este es el viejo pensamiento de una izquierda seguidora de evangelios, fundamentalista.

5.- En la nota se dice: “De hecho el primer representante del incipiente PRD ante el Instituto Federal Electoral fue Arnoldo Martínez Verdugo en 1989. Su suplente, un político que promovió la ruptura del PST y se había acercado al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas,  era Jesús Ortega, quien al poco tiempo se quedó con la representación en el IFE (sic)”.

¿Localizan el veneno?

Efectivamente fui representante suplente ante el órgano electoral. Pero la expresión “se quedó con la representación” destila veneno de alta pureza. No me quedé con nada, sino simplemente actúe supliendo a Arnoldo —para eso sirven los suplentes— cuando, por necesidades derivadas de sus responsabilidades políticas, éste tenía que ausentarse de algunas de las sesiones. Debo decir que mucho tiempo después se nombraron nuevos representantes ante los órganos electorales y hasta ese momento, me asignaron la tarea de representante propietario y a Jesús Zambrano como representante ante el Registro Federal de Electores.

Por cierto, Alejandro Encinas fue candidato suplente de Demetrio Vallejo para diputado federal y al fallecer éste, Alejandro asumió el cargo. Alejandro, pregunto, ¿“se quedó con” la diputación de Vallejo? Quien pensara de esta manera lo hace desde visiones perversas.

6.- En la nota en mención se escribe que: “el desencuentro entre Martínez Verdugo y la corriente ahora conocida como los “chuchos” está entre los orígenes de las tensiones actuales en el PRD”.

¡En esta aseveración no existe un elemental estudio sobre la historia del PRD y sobre la realidad que vive actualmente nuestro partido!

¿A dónde se quiere llegar al hablar de “tensiones”? ¿Se quiere evidenciar la existencia de diferencias? Si eso se busca entonces ¡Eureka! ¡Gran descubrimiento! ¡Cierto, sí hay diferencias sobre asuntos diversos! Pero, ¿alguien, a principios del siglo XXI, pretende encontrar un partido de izquierda con pensamiento uniformado; pretende, quizás,  al PRD como al Kramer Rojo o como al PCUS en los tiempos de Stalin o al PC chino en los tiempos de la revolución cultural? ¿Aspira a un PRD de pensamiento único, el cual es dictado por un profeta cuyo “evangelio” es indiscutible? Pretensiones de esa naturaleza sólo evidencian nostalgia por una izquierda autoritaria o añoranza por el viejo régimen priista.

Las discusiones, las reflexiones que se dan ahora en el PRD no tienen absolutamente nada que ver con supuestos “desencuentros” entre la corriente de los “chuchos” y Arnoldo Martínez Verdugo. Eso es un invento descabellado para tratar de seguir aplicando la máxima absolutista de: ¡O la realidad se ajusta a mi pensamiento o peor para la realidad! Si se quiere analizar seriamente al PRD, hay que hacerlo con rigor en la investigación, con profundidad en el estudio, con crítica seria. Esto no aparece en la nota de referencia.

Por ejemplo: el año en que Villamil ubica los “desencuentros” de Nueva Izquierda con Arnoldo (1986) fue el año en el que el PST se encontraba en pleno proceso de división y yo representaba —junto con otros compañeros— la parte disonante de Aguilar Talamantes.  Disputábamos contra éste, el registro del PST y Jorge Alcocer, representante del PSUM y Leonardo Valdés Zurita representante del PMT defendieron el que la disidencia de Aguilar Talamantes mantuviera la representación legal del partido.

Y hay que decir, que una de las razones principales de la confrontación interna con Aguilar Talamantes fue, principalmente, el tema (argumentado por mi parte en varias ocasiones) de la pertinencia de sumar nuestro esfuerzo al de otras organizaciones por la unidad de la izquierda. Después de la división, Aguilar Talamantes formó el PFCRN y nosotros nos sumamos al proceso de construcción del PMS.

En 1987, un año después en que el reportero ubica los “desencuentros” de Nueva Izquierda con Arnoldo, se “celebraba” en la antigua URSS el 70 aniversario de la Revolución de Octubre. La delegación que fue a Moscú en representación del PMS estaba integrada por Pablo Gómez Álvarez, por Leonardo Valdés Zurita y por Jesús Ortega Martínez, el mismo que Villamil pretende —sin razón alguna— ubicar siempre en  “grandes desencuentros” con Arnoldo Martínez Verdugo y otros dirigentes del PCM o de otros partidos. ¿Cómo sería posible que quien “tenía tan grandes y graves desencuentros con Arnoldo” fuese comisionado para asistir,  con la representación del PMS,  a la URSS?

7.- Se menciona “que en las elecciones legislativas de 1985 el PSUM obtuvo 12 diputaciones, las mismas del PST y que el PRT igual que el PMS, tenían seis cada uno”.

¡Error por falta de rigor en el análisis! En 1985 el PMS no podía tener ni uno ni seis diputados porque en ese año, ¡el PMS no existía!

¡La fundación del PMS fue en 1987! (dos años después de que Villamil ya le asigna diputados) y en su proceso de formación participaron, inicialmente el PSUM, el PMT, la UIC, la Corriente Socialista, el MRP y unos meses después, la Asamblea Nacional extraordinaria del PST y de la cual yo era secretario general.

¡El confundido informante del reportero, no sabe, siquiera, cuando se formó el PMS! ¡Menos conocerá de sus discusiones internas!

8.- ¿“Desencuentros” de Arnoldo con los “chuchos” origen de las “tensiones actuales en el PRD”?

¡Esto es, lamentablemente, un desatino!

Otro ejemplo: A mediados de 1987 (más de un año después de los supuestos “desencuentros” de Arnoldo con los “chuchos”) es cuando apenas conocí personalmente a Jesús Zambrano, así como a Camilo Valenzuela, Rosario Tapia, Alfonso Ramírez Cuellar, Gabriel Santos y otros compañeros, todos integrantes del Partido Patriótico Revolucionario, una de las cinco organizaciones originalmente participantes del proceso de formación del PMS. Los militantes escindidos del PST, manteníamos con el PPR (como con otros dirigentes de los otros partidos iniciadores del PMS) un diálogo constante y respetuoso, y si bien teníamos algunas diferencias, también compartíamos coincidencias fundamentales al grado de que los militantes del PST que rompimos con Aguilar Talamantes,  fuimos la sexta organización fundadora del PMS.

9.- ¿“Desencuentros con los “chuchos” origen de las “tensiones actuales en el PRD”?

Ignorar la historia ocasiona grandes yerros en el análisis.

Por ejemplo: de la formación del PMS y del PRD fueron partícipes Arnoldo, Pablo, Rincón Gallardo, Alcocer, Eduardo González, Heberto Castillo, Eduardo Valle,  Manuel Terrazas, Carmelo Enríquez, Camilo Valenzuela, ¡Jesús Zambrano!, además de otras y otros militantes de la izquierda y, entre todos estos, modestamente, también quienes nos habíamos escindido del PST. Esto fue, como lo he dicho, en 1987.

¡Nueva Izquierda, fue constituida como corriente, 10 años después de la formación del PMS y 8 años después de la formación del PRD! Como es de observarse el estudio de la historia es un elemento indispensable y sustantivo para un periodismo verdaderamente profesional.

10.- En su nota,  Villamil elogia el esfuerzo de Arnoldo para dialogar, en 1978 (apenas siete años después del “halconazo”) con Jesús Reyes Heroles, entonces Secretario de Gobernación y representante del régimen priista autoritario y represivo. Elogia, acertadamente, el trabajo de Arnoldo para lograr la reforma política que dio origen a la LOPPE y con ella a la participación de los comunistas y otros partidos de izquierda en las elecciones. Dice Villamil “que ésta negociación de Arnoldo con el gobierno es considerada por distintos especialistas como el parteaguas que permitió la apertura electoral del viejo régimen priista y aceleró la formación de nuevos partidos”.

Yo comparto con el reportero, que Arnoldo fue, junto con otros reformadores, actor fundamental del proceso de desarrollo y crecimiento de la izquierda, y de igual manera comparto que tuvo, Arnoldo, la firme convicción y el coraje de no sólo criticar “al socialismo autoritario” (cuando la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia),  sino además,  de darle continuidad a un proceso de creación de un nuevo pensamiento de izquierda (impulsado principalísimamente por Carlos Pereyra) para recuperar a la democracia como elemento sustantivo en su quehacer político.

Pero se cae en la incongruencia (por sectarismo) porque lo que se elogia en el comportamiento de Arnoldo, se descalifica cuando lo hacen —aunque sea lo mismo— otros  actores.

¡Qué bien que el PCM dialogó con el gobierno para la “apertura democrática”! ¡Qué mal que lo haga el PRD para profundizarla y para procurar que —la democracia— se consolide en nuestro país!

¡Qué bien que se hicieron reformas electorales! ¡Qué mal que el PRD impulse reformas educativas, antimonopólicas, antioligárquicas, electorales y políticas contra los poderes fácticos y para lograr un cambio de régimen!

¡Qué bien que Arnoldo hizo acuerdos y alianzas con el PAN en 1986 para defender el voto de los ciudadanos de Chihuahua! ¡Qué mal que el PRD haga alianzas con el PAN para defender el voto en Oaxaca, en Puebla, Baja California, Zacatecas y en otros estados!

¡Qué bien que Encinas diga que es indispensable dialogar con las otras fuerzas políticas, en donde los principios y la autonomía no están a negociación! ¡Qué mal (que eso mismo que pregona Encinas) lo haga el presidente del PRD ahora!

Para Encinas lo acertado de las estrategias no está en su contenido, sino en si él o algunos de los de su corriente política participan en su implementación. Esto es, llanamente, sectarismo y grosera arrogancia.

Por último, el presidencialismo es uno de los obstáculos mayores para la democracia; es una carga que el país ha padecido a lo largo de su historia, y si habrá una reforma de fondo para transformar el régimen, ésta tiene que contemplar la mayor acotación al poder unipersonalizado en cualesquiera de sus manifestaciones: presidencialismo como monarquía sexenal hereditaria, presidencialismo como expresión de caudillismo, o autoritarismo populista, que con ropaje de izquierda, aspira al mismo presidencialismo del viejo régimen.

Con respeto.


Jesús Ortega Martínez


martes, 18 de junio de 2013

Corrupción: obstáculo del desarrollo


La corrupción es el abuso del poder para beneficio propio. Perjudica a todos aquellos cuya vida, sustento o felicidad dependen de la honradez de quienes ocupan un puesto de autoridad. Así, el poder político, no es visto como instrumento para lograr objetivos que eleven la calidad de vida de la ciudadanía, sino en el extremo de la degradación, se utiliza como medio para enriquecimiento personal o de grupo.

Obviamente, la corrupción es un problema ético y, por ello, debe ser combatida. Pero tampoco hay que perder de vista su dimensión económica. La corrupción es consustancial al subdesarrollo, basta hacer un comparativo internacional entre los índices de corrupción y desarrollo para comprobarlo. No es que la corrupción sea un fenómeno exclusivo de México y sea inexistente en otras latitudes, pero los grados que existen en nuestro país tienen un enorme impacto en la economía, ya que con gobernantes corruptos es muy difícil que los recursos que deberían de ser destinados a la inversión productiva, así como al desarrollo social y humano, sean utilizados realmente para esos fines.

El mejor ejemplo de que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo, es la situación actual de Pemex. El sector energético es estratégico para la conquista de un desarrollo sostenido, sustentable e incluyente. Su gestión debe ser en el interés del pueblo y la nación. El objetivo es aprovechar los recursos energéticos para fomentar la industrialización del país generando empleos para ser competitivos en el mercado internacional y abastecer de insumos al mercado interno. Sin embargo, debido a problemas administrativos, pero sobre todo al alto grado de corrupción existente en la paraestatal, no se cumplen cabalmente los objetivos mencionados.

El hecho de que Pemex sea botín de contratistas, funcionarios corruptos y de la cúpula sindical igualmente corrupta impide su modernización, el aumento de su eficiencia, su consolidación como palanca para el desarrollo industrial y económico del país y para el bienestar de las y los mexicanos.

Por esta razón, al plantearse una reforma integral de Pemex se tienen que contemplar aspectos como disminuir la carga fiscal, dotarla de autonomía presupuestal y de gestión; impulsar decididamente la investigación y el desarrollo tecnocientífico, pero, sobre todo, el combate real y decidido a la corrupción. No habrá verdadera reforma energética si no se termina con la terrible corrupción en Pemex.

Para lograr el desarrollo económico, social y humano en el país, es indispensable establecer las condiciones que nos permitan construir una administración pública menos costosa para la ciudadanía, más eficiente, transparente y honesta, que limite los excesos de los funcionarios.

Más allá de demostrar voluntad política de desterrar la corrupción, los acuerdos clientelares y el manejo discrecional, es necesario aplicar el marco normativo actual y terminar con la impunidad, ya que mientras los actos de corrupción de contratistas, funcionarios y líderes sindicales no tengan consecuencias jurídicas y políticas, se continuará con una especie de “institucionalización” de prácticas que dañan a Pemex y a la economía de México.

martes, 11 de junio de 2013

Reforma telecom: iniciativa plural


Como he reiterado en este espacio: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se sumó ni avaló el Pacto por México, sino que ha sido su impulsor y actor fundamental en sus trabajos. El mismo papel jugó en la llamada reforma a la Ley de Federal de Telecomunicaciones (telecom).

El PRD impulsó que en la reforma de telecom se garantizara la libertad de expresión, como un derecho que implica el recibir y a emitir información y opiniones sin censura, a través de los medios de comunicación. De la misma manera, se garantiza el derecho de réplica, al establecer que toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas por radio o televisión, cuya divulgación pueda causarle un perjuicio tienen derecho a efectuar en el mismo medio su rectificación (de forma gratuita).

Asimismo, impulsamos que en todo momento el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales, especificando que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado debe proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público. De esta manera, defendemos la potestad de la nación sobre las señales, pero ya no sólo sobre la base de la utilización del espacio aéreo, propiedad de la nación, sino sobre la noción de interés público.

En el mismo sentido, promovimos un nuevo régimen de concesiones basado en la transparencia e imparcialidad. Así, las concesiones deberán ser otorgadas mediante un proceso de licitación pública, a través de concursos transparentes y con reglas claras. Existirá una contraprestación económica por el otorgamiento de concesiones con fines de lucro. Paralelamente, fuimos muy insistentes en la figura de “concesiones sociales”, por lo que podrán concesionarse señales para servicios educativos, culturales, comunitarios y de orientación social.

Por otro lado, para evitar que la propaganda electoral y los anuncios comerciales sean disfrazados de información, se prohíbe expresamente la venta de tiempo de transmisión para cualquier tipo de mensaje político-electoral, mientras que la transmisión de publicidad se debe identificar como tal y diferenciarse claramente del programa.

Para que nuestras propuestas anteriormente enunciadas no queden nada más como un precepto constitucional, subrayamos la necesidad de una efectiva regulación; para ello se crea un órgano público con autonomía respecto de los poderes estatales y de las empresas reguladas, entre cuyas principales atribuciones encuentran: a) Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones; b) Regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones y el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; c) Otorgar, modificar, prorrogar y revocar concesiones en materia de telecomunicaciones; d) Salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones asegurando su acceso en adecuadas condiciones de precio y calidad; e) Vigilar el debido cumplimiento de lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia; y, f) Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Estas son algunas de las aportaciones con las que contribuimos desde el PRD a esta trascendente reforma, la cual no fue iniciativa de un sólo poder o individuo, sino producto de las aportaciones de todos los actores que participamos en el Pacto por México.

lunes, 10 de junio de 2013

Una nueva forma de hacer política

Algunos críticos al Pacto por México lanzan sus dardos desde el propio poder político, otros lo hacen desde las trincheras que durante décadas han construido poderes meta estatales; es decir, aquellos a los que para todo propósito identificamos en el propio texto del Pacto como poderes fácticos, y otros más atacan desde las filas de la izquierda.

Como dice Marcos Rascón, al Pacto por México se le ha puesto enfrente "otro pacto" conformado, paradójicamente, por la derecha calderonista, por la ultraizquierda dogmática y fundamentalista y, en medio de estos extremos, la oligarquía económica que se sabe afectada en sus más preciados intereses.

El "anti Pacto" reaccionario se ha puesto en acción y desafía desde las pantallas televisivas que están bajo el control del duopolio de la información; reta desde las oficinas de los dueños y directivos de los monopolios que desde hace décadas controlan y manipulan a su antojo sectores estratégicos de la economía del país. Reacciona desde el conservadurismo que se disfraza de estridencia revolucionaria o desde aquel de la derecha que no se atreve a decir su nombre. El "anti Pacto" es improvisado instrumento de muchos políticos (de todos los partidos) que entran en pánico ante la posibilidad de cambios que trastoquen el confort en el que quieren seguir viviendo. Y, desde luego, el conservadurismo impugna desde los resentidos (los más peligrosos) que todo lo ven mal, especialmente aquello que fue creado, elaborado y construido en su ausencia; tiemblan, consumiéndose en la fiebre de su vanidad herida.

Todos, los del "anti Pacto" conocen el poder, porque de una u otra forma lo han ejercido. No les espanta, dicen, porque han estado ahí muchas veces, con él han convivido y de él, muchos, se han beneficiado personalmente. Saben del poder autoritario, antidemocrático, presidencialista; conocen de sus secretos, de sus mecanismos, de sus resortes y se mueven en él como peces en el agua.

Son estos los expertos en la "negociación" al estilo del viejo régimen, en la negociación que sabe "facturar caro" para sí mismos, para sí como grupo político u económico o, incluso, para sí como partido.

"Se ha perdido capacidad de negociación con el gobierno", dicen nuestros críticos y, para que no exista confusión, añaden: "las batallas electorales no se ganan el día de la elección; se ganan o se pierden antes". 

Es decir, para estos "expertos negociadores" el asunto del Pacto por México se debió reducir a una transacción electoral, a una concertacesión para repartir poder entre quienes ya lo detentan. Esto es, negociar para ver de qué tamaño deben ser las tajadas que cada partido se lleve. Son los usos y costumbres del viejo sistema político, y en esta concepción de la política se encuentra, precisamente, el error estratégico de algunos de estos críticos.

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El Pacto por México tiene –según el PRD– propósitos mucho más importantes y trascendentes que los de "facturar caro a favor de nuestro partido".

La gente aspira a que el quehacer político tenga como propósito fundamental el bienestar de los mexicanos, a que los partidos actúen en razón del interés superior del país.

Y, por ello mismo, ahora hemos comprendido en el PRD que la lucha por el poder, consustancial a la política y elemento inherente a los partidos, debe tener el ingrediente conceptual de que el poder o es utilizado para el bienestar general o no tiene ningún sentido aspirar a él. El poder por el poder mismo, o el poder para satisfacer objetivos particulares, no encaja en la visión de una izquierda democrática. 

Por ello, lo sustantivamente diferente del Pacto por México es el cambio paradigmático sobre el contenido y el quehacer de la política.

Para el PRD, los acuerdos del Pacto por México son una de las partes medulares de una definición política de carácter estratégica, tan indispensable como urgente, para alcanzar las fórmulas y las acciones que permitan sacar al Estado Nacional de la crisis estructural en la que se encuentra; para recuperar su vigencia ante el desafío que le han puesto múltiples poderes fácticos (la delincuencia organizada, la desorganizada, la oligarquía económica, los monopolios, los grupos políticos como el de Elba Esther y otros líderes sindicales corruptos, los "señores feudales" existentes en varios estados, etcétera).

¿Rescatar al Estado? Se preguntan algunos. 

¡Si! Definitivamente.

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Contra la opinión de algunos de los críticos del Pacto, El Tema para el país y la gente sí son los 95 puntos del Pacto, porque ahí están comprendidas, si no todas, si algunas de las reformas más necesarias para la transformación del país y el fortalecimiento del Estado.

El Tema sí es una reforma política que garantice y amplíe los derechos políticos y ciudadanos, que termine con la utilización de los programas sociales como instrumento electoral, que termine con el feudalismo electoral de los gobernadores y, principalmente, que impida de manera definitiva la restauración del viejo régimen.

Sin embargo, algunos políticos y otros intereses fácticos insisten en aplicar aquella máxima de que "si la realidad no coincide conmigo, peor para la realidad" y, tozuda, obcecadamente, insisten en poner como centro de la negociación los intereses particulares de los partidos o de algunos de los políticos más relevantes. 

Esto, en realidad, le interesa un bledo a la gente. Como no es, en lo más mínimo de su interés, el futuro político del calderonismo, del lopezobradorismo, de Peña Nieto, Ebrard, Beltrones, Cordero, Camacho, Madero, Zambrano o cualquier otro personaje de la clase política. El futuro de estos y otros personajes le tiene sin cuidado a la gente.

Seremos una oposición más fuerte y eficaz en la medida en que aumentemos nuestra capacidad de decidir sobre el rumbo del país y de hacerlo a partir de materializar nuestra propuesta programática.

La oposición debe luchar contra los monopolios, debe luchar por construir un sistema universal de seguridad social. Y si ello lo logramos desde acuerdos en el Congreso con las otras fuerzas, entonces nuestra condición de oposición se fortalece. La oposición de izquierda en México y en el mundo existe no porque sabe decir no, o por que sólo sabe obstruir. Existe por que es capaz, con la fuerza adquirida y con su acción política, de influir a favor de la igualdad, de la libertad, de la democracia, que son los principios por los que verdaderamente debe luchar. 

Ser y parecer una oposición que construye, que tiene respuestas, que critica con razones y argumentos y que materializa su programa, es lo que la ciudadanía valora positivamente.

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El Pacto no es ningún remedio mágico, es sólo el esfuerzo conjunto de varios actores políticos y de las fuerzas que representan. Ello ya le da valor agregado. 

Es también un esfuerzo extraordinario, fuera de lo común, y ello también le agrega otro ingrediente positivo.

Es una manera diferente de hacer y entender a la política. Se trata de dejar atrás el egoísmo individual y el partidario; se trata de poner en el centro de nuestra acción y de nuestro pensamiento el interés superior del país y hacer posible el derecho de las y los mexicanos a la prosperidad y al bienestar. 

¿Puede fracasar? Es posible, y sería lamentable. 

Pero la izquierda mexicana, y particularmente el PRD, debiéramos mantener la decisión de impulsarlo, porque el país necesita un cambio profundo, estructural. Lo grave es dejar pasar inadvertido que para estas reformas nadie tendría capacidad de hacerlas por sí mismo, tampoco la izquierda sola, aun si se encontrara ocupando Los Pinos.

Desde un nuevo pensamiento de izquierda, estamos obligados a reconocer la pluralidad política y saber que, para esos cambios de gran calado, se requieren grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas y, ciertamente, de la participación activa de la sociedad.

martes, 4 de junio de 2013

Reformas para una gobernabilidad democrática


Hasta ahora, los resultados del Pacto por México son, en términos generales, satisfactorios si tomamos en cuenta los objetivos que este instrumento político se propuso.

Se han aprobado por el Congreso de la Unión reformas constitucionales de gran calado, especialmente en materia de educación, telecomunicaciones, competencia económica y se han presentado a los legisladores otras reformas, como la financiera por ejemplo, que está sujeta a su apreciada consideración. Vendrá, si así lo dispone el Congreso, uno o varios periodos extraordinarios para tratar y, en su caso, aprobar la reformas correspondientes.

En fila de espera de las reformas se encuentra la llamada reforma política. Ésta es de gran importancia porque no se trata, según lo acordado, de una más de las múltiples reformas electorales que desde 1979 hemos tenido en nuestro país. No, eso sería desperdiciar las potencialidades del acuerdo establecido entre los tres principales partidos y el gobierno de la República. En sentido diferente, la reforma política que nos proponemos tiene un contenido estratégico, es decir, de cambios tan profundos que nos permitan, a los mexicanos y mexicanas, terminar con los resabios del ancien régime, del viejo sistema al que don Daniel Cosío Villegas identificó como “una monarquía absoluta, sexenal y hereditaria por línea transversal”. Tal sistema ha sufrido modificaciones y a ello han contribuido las jornadas electorales de 1988, la alternancia partidaria en 2000 y, desde luego, las batallas electorales de 2006 y 2012.

Sin embargo, ese viejo sistema no ha fenecido y se siguen apareciendo algunos elementos que lo caracterizaron en sus años de mayor fuerza. Me refiero, por ejemplo, al “presidencialismo”, esa concepción del ejercicio del poder político concentrado en un solo individuo al que se endiosa y se le convierte, efectivamente, en una especie de monarca, del cual depende todo lo que sucede en el país y del cual, exclusivamente, surgirían las posibles soluciones a los más grandes problemas nacionales. Es, el presidencialismo, una tara histórica y cultural que ha sido y seguirá siendo el mayor obstáculo que ha enfrentado nuestro largo y tortuoso camino hacia una verdadera gobernabilidad democrática.

Por lo anterior, la reforma política inscrita en el Pacto por México debe proponerse avanzar hacia una República de equilibrio y separación de poderes; más aún, hacia el modelo de gobierno que desarrolle rasgos de un sistema parlamentario que democratice el poder. En ese sentido debiéramos tomar en cuenta tres elementos, a mi juicio fundamentales:

El primero es que el Poder Ejecutivo federal debe estar sujeto a un verdadero control por parte de la representación popular, por el Congreso de la Unión. Es verdad que el Poder Legislativo tiene, según nuestra Constitución, facultades exclusivas para legislar, pero igual o más importantes son sus facultades de control del Poder Ejecutivo y que lamentablemente no ejerce. Así, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que formalmente es instrumento de la Cámara de Diputados para fiscalizar el ejercicio de los recursos administrados por el Poder Ejecutivo, en realidad no cumple con ese propósito de control, teniendo como consecuencia la existencia de pésimas administraciones y una corrupción rampante que ha invadido las oficinas gubernamentales. La ASF “hace como que audita” y el gobierno “hace como que es auditado”. En la realidad, el Poder Ejecutivo hace uso de los recursos fiscales sin control efectivo, lo que propicia excesos, desorden y corrupción. En este caso se debieran explorar en la mencionada reforma dos soluciones:

Dotar a la ASF de verdaderas facultades para auditar y fiscalizar o crear un Tribunal de Cuentas autónomo con verdadera fuerza constitucional para ejercer el control y la vigilancia sobre el uso de los recursos fiscales. Este sería un paso significativo para combatir con eficacia el terrible mal de la corrupción.

El segundo elemento es constituir gobierno de gabinete en donde sus integrantes no sólo le rindan cuentas a su jefe, el Presidente, sino que le rindan cuentas también al Congreso, en lugar del actual modelo unipersonal de los secretarios del Presidente. Ello aumentará la eficacia de la administración pública y de igual manera aportará al combate a la corrupción. Con un gabinete ratificado por el Congreso de la Unión, sus integrantes serán controlados permanentemente en el ejercicio de sus responsabilidades y, en su caso, ser motivo de censura por parte de la representación congresual.

El tercer asunto que debiera contemplarse en la referida reforma política es el de terminar con uno de los pilares en donde aún se sostienen resabios del viejo régimen. Hago referencia al control político que mantiene el Ejecutivo sobre amplios sectores de la población a través de la ejecución de programas sociales. Desde luego que no pretendo la suspensión de éstos, pues ello sería un absurdo. Con tanta pobreza los programas sociales son indispensables, pero éstos no deben ser utilizados para propósitos partidistas. Aparte de ser una ruindad aprovecharse de la pobreza de mucha gente para beneficiarse políticamente, es una práctica que sólo refleja atraso, siendo es el peor síntoma de una “gobernabilidad” autoritaria y antidemocrática. Una respuesta a ello sería la creación de un sistema nacional de aplicación de los subsidios gubernamentales y de los apoyos sociales, el cual estaría sujeto a una total transparencia, así como a una constante y exhaustiva auditoría ciudadana.

Se trata de acciones y cambios estructurales que dejen atrás las prácticas del viejo régimen y que nos adelanten hacia un nuevo sistema político de gobernabilidad verdaderamente democrática.