Detención de Gordillo, consecuencia del Pacto por México

El soldado del PRI presiona

Excélsior

El día de ayer, en el marco del Pacto por México, fue finalmente aprobada la reforma constitucional en materia educativa. Se ha hablado mucho de ésta, pero vale la pena decir que su contenido es de trascendencia y ciertamente, contribuirá de manera decisiva para alcanzar, en el menor tiempo posible, el principal objetivo estratégico: que el Estado tenga la capacidad de garantizar que la educación pública sea gratuita, universal, laica, de calidad y todo ello contribuya al desarrollo democrático del país y al bienestar de todas y todos los mexicanos.

Ahora hay que dar otros pasos que le corresponden al Ejecutivo federal, a los gobiernos de los estados y desde luego al Congreso de la Unión.

Avanzada y culminada esta reforma, ahora se está en el proceso político-legislativo de aprobar otra igual de importante, pero con un impacto inmediato en la economía del país y desde luego en el escenario político. Se trata, por un lado de terminar con una economía dominada por los monopolios que han paralizado el desarrollo económico de nuestra nación y por el otro, se trata de garantizar por el Estado, el derecho de las y los mexicanos a la información veraz, oportuna, verificable, objetiva; de garantizar la libertad de expresar, sin posibilidad de censura y sin obstáculos de ninguna naturaleza, nuestras opiniones y pensamientos sobre la política, cultura, gobierno y sobre cualquier otro tópico.

Pero siendo esto fundamental, la reforma en cuestión también terminaría con los monopolios y duopolios que existen en el sector de las telecomunicaciones y en la radio y televisión.

El ejercicio del derecho para acceder a la información y la garantía de expresar nuestro pensamiento sin cortapisas es parte fundamental del programa de una izquierda democrática, pero igualmente lo es impedir que algunos medios de comunicación impongan reglas que burlan las del Estado nacional e impongan condiciones que permiten sujetar la acción pública y de gobierno a la satisfacción de sus intereses económicos particulares.

Se trata de terminar con monopolios económicos y se trata de terminar con monopolios informativos.

El Tigre Azcárraga expresaba con sugerente frase la perversa relación del poder político con el poder mediático: soy, decía Azcárraga, “un soldado del PRI y del Presidente”. Así, mientras él construía un imperio económico, también contribuía de manera insustituible al mantenimiento de la “dictadura perfecta” como llamó Vargas Llosa al sistema priista de partido de Estado.

En contraprestación, el régimen priista pagaba permitiendo la consolidación de un monopolio económico y un todavía más peligroso monopolio ideológico.

La reforma antimonopólica en todos los sectores de la economía y la que tiene que ver con telecomunicaciones y radiodifusión busca que la economía mexicana crezca sin distorsiones, pero sobre todo busca hacer efectivo el derecho humano y constitucional de las y los mexicanos a la información, y busca hacer verdadera la libertad de expresión sin obstáculo alguno.

La encrucijada de la Iglesia católica

Excélsior

A casi ocho años de asumir como la máxima autoridad de la Iglesia católica, el Papa Benedicto XVI impactó al mundo el 11 de febrero al anunciar su renuncia. Esta decisión conmocionó ya que es el primer Pontífice de la era moderna que ha renunciado.

Para algunos, esta renuncia provocará una crisis en el seno de esa institución. En sentido contrario, pienso que la abdicación es causa de una aguda crisis que experimenta el Vaticano.

El argumento más publicitado por la Iglesia católica para justificar la renuncia pontificia ha sido su estado de salud debido a su avanzada edad. Sin embargo, es más probable que la abdicación se deba a la crisis provocada por la dramática disminución de católicos en el mundo, los desencuentros con otros líderes religiosos, escándalos por pederastia clerical, sospechas de lavado de dinero en el Instituto para las Obras de la Religión (la banca vaticana), el enfrentamiento entre un sector inclinado a dar continuidad a una Iglesia mediática sustentada en el carisma papal y otro inclinado a una visión más pastoral, así como luchas palaciegas y divisiones antagónicas en el seno de la curia romana que dejaron al descubierto las filtraciones del caso conocido como VatiLeaks, las cuales incluían correspondencia confidencial del propio Joseph Ratzinger.

En su propio texto de la renuncia se pueden entrever las razones anteriores cuando él afirma: “En el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu”.

Así, se infiere que la abdicación de Benedicto XVI está más relacionada con una decisión política que con su edad avanzada. La razón más probable para que decidiera no continuar con su pontificado es el poder incidir en su sucesión en una Iglesia enfrentada y en crisis.

Resulta evidente que Benedicto XVI busca asegurar la continuidad de la cual él mismo es representante, al haber sido en su momento el colaborador intelectualmente más activo y poderoso de su antecesor, Juan Pablo II, en el Colegio Cardenalicio.

Será interesante ver cómo reaccionarán los cardenales en su papel de electores ante la situación atípica en donde un Papa en vida busca influir en la designación de su sucesor, sobre todo cuando la elección de una nueva cabeza de la Iglesia católica trascenderá la mera personalidad del elegido, ya que en la coyuntura actual de esta institución dicha elección definirá el rumbo del catolicismo en las próximas décadas.

Lo más deseable para todos, creyentes y no creyentes, sería que el nuevo Papa tuviera un compromiso real con el ecumenismo, la pluralidad y la tolerancia.

Calderón y Peña Nieto: misma estrategia, iguales resultados.

Excélsior

Según datos del propio gobierno de Enrique Peña Nieto, en apenas dos meses de su gobierno han fallecido más de dos mil personas en actos de violencia, relacionados con el negocio de las drogas. El dato en mención da cuenta de que la “guerra” contra el narcotráfico no ha terminado y que quizás nos encontraremos, dentro de algunos meses, con el hecho de que ésta se habrá agudizado y con saldos más trágicos que los del gobierno de Calderón.

Habrá quienes dirán, con justa razón, que en tan poco tiempo es inadecuado valorar las acciones implementadas por el actual gobierno en contra de la violencia ocasionada por el narcotráfico. Sin embargo, considero necesario decir que hasta ahora no se observa una estrategia diferente y es previsible, entonces, que no debiéramos esperar aún en un tiempo mayor, resultados diferentes a los del sexenio panista.

Y es que tanto los gobiernos panistas como el actual de Peña Nieto, no han localizado la esencia de la problemática y menos aún, lo sustantivo para su solución.

¿El tema del consumo de las drogas es un problema de salud? ¡Cierto! Pero reafirmando ello, no debe perderse de vista que sobre todo es un impresionante negocio económico de extraordinaria rentabilidad en México, Estados Unidos y en muchos otros países; negocio que por sus gigantescas ganancias y fuera de todo control del Estado, es generador de violencia brutal e ingobernabilidad.

Insisto en que el problema de la violencia derivada de la prohibición del consumo de alcohol en Estados Unidos no fue resuelto con el encarcelamiento de Al Capone y otros delincuentes. El caso de este mafioso fue sólo un capítulo (sino es que una anécdota bien aprovechada por Hollywood), para enmascarar —igual que lo estamos haciendo ahora en México— la verdadera naturaleza del consumo y tráfico de las drogas, es decir: uno de los más redituables negocios en el mundo y del que participan —siempre con ganancias desiguales— los campesinos pobres que producen o recolectan la hoja de coca en Perú y Bolivia; que cultivan mariguana en México o en Asia; los procesadores en Sudamérica o en cualquier otro país del mundo, y de ahí, hasta los grandes traficantes que actúan en el Caribe, Centroamérica, México, Europa y en Estados Unidos, hasta llegar, con las mayores tasas de ganancia, a los grupos financieros y los grandes bancos mundiales.

¡Que se detuvo ayer a un sicario del cartel de Sinaloa; que en un operativo el Ejército mexicano se aprehendió a 20 halcones de Los Zetas y a 30 narcomenudistas; que La Barbie está encarcelado! ¡Nada o poco importa esto! porque las necesidades del negocio hacen de estos individuos “carne de cañón” y apenas pequeños eslabones que son inmediata y fácilmente sustituibles.

Como todo negocio altamente redituable, el de las drogas, genera de manera natural competencia. El problema es que en ésta, por su control es con fusiles y hasta eliminar (literalmente) al competidor.

Por ello la brutal violencia y la necesidad de la intervención del Estado para impedirla.

Pero en los hechos, “la estrategia” del Estado mexicano es contraproducente porque —al margen de intenciones— alienta el mercado ilegal y clandestino, y en consecuencia lo hace más redituable para todos aquellos que son eslabones de la cadena, especialmente para los narcofinancieros.

Una manera diferente de enfrentar el problema es como se hizo con la legalización del consumo del alcohol y el tabaco en Estados Unidos o como lo están intentando en el caso de la mariguana, en varios estados de nuestro vecino del norte. Sin embargo, me parece que las medidas más audaces e inteligentes son las que ahora mismo busca en Uruguay el presidente Mújica, que ha enviado al Congreso una iniciativa para separar el mercado de las drogas y ubicar a las menos dañinas o a las no dañinas, de las verdaderamente agresivas para la salud.De prosperar la iniciativa en mención, el Estado uruguayo asumirá el control y la regulación de la importación, producción, adquisición, comercialización, distribución y consumo de mariguana. Así como el Estado mexicano controla y regula la cadena de valor de la producción, comercialización y consumo del tabaco.

No es toda la solución, pero en una parte importante se da un golpe al gran negocio del tráfico de drogas y a éstas se les tratará, más como un problema de salud pública, que como motivo de una “guerra” que entre más violencia genera y más víctimas produce, más redituable se hace, desde el punto de vista económico.

La crisis del Estado y el Pacto por México

Excélsior

En algunos integrantes de la izquierda y de manera particular entre militantes del PRD, existe la convicción de que el Estado Mexicano padece de una severa crisis estructural cuyas manifestaciones observamos todos los días y “a flor de piel”.

Sé que habrá quienes concluyan que exageramos respecto a la crisis estructural del Estado, pero permítanme dar algunos de nuestros argumentos. Por ejemplo, las instituciones del Estado encargadas de la procuración e impartición de justicia viven (casi todas) una grave crisis de carácter normativa, funcional y desde luego de credibilidad; lo mismo sucede con aquellas otras instituciones encargadas de la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad de las personas, en su vida y en su patrimonio.

La crisis de las policías en los diversos niveles de gobierno, es de tal magnitud que no sólo son claramente ineficaces en el cumplimiento de tal tarea, sino que incluso es una fuerza armada que frecuentemente se vuelve contra el propio Estado.

¿Y qué decir de la soberanía del Estado sobre el territorio nacional? En la realidad actual, el Estado ha perdido control en no pocas partes de nuestro territorio y en éstas, la norma que rige no es la Constitución y tampoco es la fuerza del Estado —en sentido contrario— la que se impone, es la de los poderes fácticos —la delincuencia organizada, de manera sobresaliente—que dictan la norma que verdaderamente se aplica.

Igualmente, entendemos que un Estado moderno debe mantener controles normativos sobre algo que es igual o más importante que el territorio, y me refiero desde luego, a la economía. Es obvio que en los tiempos contemporáneos, el Estado que pierde el control de su economía nacional y de sus finanzas públicas pierde soberanía. En nuestro país, antes que el Estado, son los monopolios y otros poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros los que deciden de manera determinante la situación de nuestra economía.

Pero quizás una de las manifestaciones más delicadas de esto que identificamos como crisis estructural del Estado, la podemos observar en las instituciones representativas de los ciudadanos, de manera particular en los partidos políticos y el Congreso.

Estoy seguro que no se pierde de vista por los lectores, de la permanente campaña, desde diversos medios y espacios de poder, para descalificar, desprestigiar y finalmente debilitar, aún más, a estas instituciones de representación. De ello hay causas atribuibles a la irresponsabilidad de los políticos. Pero hay otras que son alentadas desde visiones autoritarias, las mismas que añoran el viejo régimen de partido de Estado y que pugnan por reinstalarlo.

Hay esas pretensiones. Pero también es verdad que el sistema de partidos que hoy tenemos, no está respondiendo a las necesidades del país. Estamos, unos más unos menos, atrapados en un laberinto en donde pequeños intereses, chovinismos partidarios o hasta ridículas vanidades personales, se sobreponen al interés superior que debiera ser, como dice la Constitución, promover la participación ciudadana en la vida democrática, contribuir a constituir la representación nacional y hacer posible a través del sufragio, el acceso de los ciudadanos al poder público.

Así como es un absurdo suponer que la solución a la crisis de las instituciones de procuración de justicia es desaparecerlas, igualmente la crisis de las instituciones representativas no se soluciona desapareciendo a los partidos. En sentido diferente, la debilidad del Estado se podrá superar si estos se fortalecen reformándolos y haciéndolos actores influyentes para la solución de los grandes problemas del país.

Es así, que al impulsar una serie de reformas que fortaleciendo las instituciones representativas de los ciudadanos, contribuyen a su vez a dar una respuesta a la crisis estructural del Estado. No es lo único que debe hacerse, pero esta respuesta es fundamental. A eso, cuando menos desde el punto de vista del PRD, responde nuestra participación en la creación del Pacto por México.

Si se leen los compromisos del Pacto por México se podrá observar que esencialmente buscan restablecer la autoridad y la fortaleza del Estado mexicano a partir de que éste recupere sus responsabilidades, sus facultades y obligaciones constitucionales.

Las reformas del Pacto por México pretenden terminar con los monopolios que, sustituyendo al Estado, ahora deciden el rumbo de nuestra economía; buscan la vigencia de las instituciones encargadas de aplicar la Constitución y las leyes; la vigencia de aquellas obligadas a garantizar los derechos de las personas; y desde luego, la permanencia de aquellas cuya razón de existencia es la de representar la pluralidad de la sociedad mexicana.

Las reformas contempladas en el Pacto por México no son una opción, son una necesidad para restablecer el Estado nacional como representante del interés general.