Reformas para una gobernabilidad democrática

Excélsior

Hasta ahora, los resultados del Pacto por México son, en términos generales, satisfactorios si tomamos en cuenta los objetivos que este instrumento político se propuso.

Se han aprobado por el Congreso de la Unión reformas constitucionales de gran calado, especialmente en materia de educación, telecomunicaciones, competencia económica y se han presentado a los legisladores otras reformas, como la financiera por ejemplo, que está sujeta a su apreciada consideración. Vendrá, si así lo dispone el Congreso, uno o varios periodos extraordinarios para tratar y, en su caso, aprobar la reformas correspondientes.

En fila de espera de las reformas se encuentra la llamada reforma política. Ésta es de gran importancia porque no se trata, según lo acordado, de una más de las múltiples reformas electorales que desde 1979 hemos tenido en nuestro país. No, eso sería desperdiciar las potencialidades del acuerdo establecido entre los tres principales partidos y el gobierno de la República. En sentido diferente, la reforma política que nos proponemos tiene un contenido estratégico, es decir, de cambios tan profundos que nos permitan, a los mexicanos y mexicanas, terminar con los resabios del ancien régime, del viejo sistema al que don Daniel Cosío Villegas identificó como “una monarquía absoluta, sexenal y hereditaria por línea transversal”. Tal sistema ha sufrido modificaciones y a ello han contribuido las jornadas electorales de 1988, la alternancia partidaria en 2000 y, desde luego, las batallas electorales de 2006 y 2012.

Sin embargo, ese viejo sistema no ha fenecido y se siguen apareciendo algunos elementos que lo caracterizaron en sus años de mayor fuerza. Me refiero, por ejemplo, al “presidencialismo”, esa concepción del ejercicio del poder político concentrado en un solo individuo al que se endiosa y se le convierte, efectivamente, en una especie de monarca, del cual depende todo lo que sucede en el país y del cual, exclusivamente, surgirían las posibles soluciones a los más grandes problemas nacionales. Es, el presidencialismo, una tara histórica y cultural que ha sido y seguirá siendo el mayor obstáculo que ha enfrentado nuestro largo y tortuoso camino hacia una verdadera gobernabilidad democrática.

Por lo anterior, la reforma política inscrita en el Pacto por México debe proponerse avanzar hacia una República de equilibrio y separación de poderes; más aún, hacia el modelo de gobierno que desarrolle rasgos de un sistema parlamentario que democratice el poder. En ese sentido debiéramos tomar en cuenta tres elementos, a mi juicio fundamentales:

El primero es que el Poder Ejecutivo federal debe estar sujeto a un verdadero control por parte de la representación popular, por el Congreso de la Unión. Es verdad que el Poder Legislativo tiene, según nuestra Constitución, facultades exclusivas para legislar, pero igual o más importantes son sus facultades de control del Poder Ejecutivo y que lamentablemente no ejerce. Así, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que formalmente es instrumento de la Cámara de Diputados para fiscalizar el ejercicio de los recursos administrados por el Poder Ejecutivo, en realidad no cumple con ese propósito de control, teniendo como consecuencia la existencia de pésimas administraciones y una corrupción rampante que ha invadido las oficinas gubernamentales. La ASF “hace como que audita” y el gobierno “hace como que es auditado”. En la realidad, el Poder Ejecutivo hace uso de los recursos fiscales sin control efectivo, lo que propicia excesos, desorden y corrupción. En este caso se debieran explorar en la mencionada reforma dos soluciones:

Dotar a la ASF de verdaderas facultades para auditar y fiscalizar o crear un Tribunal de Cuentas autónomo con verdadera fuerza constitucional para ejercer el control y la vigilancia sobre el uso de los recursos fiscales. Este sería un paso significativo para combatir con eficacia el terrible mal de la corrupción.

El segundo elemento es constituir gobierno de gabinete en donde sus integrantes no sólo le rindan cuentas a su jefe, el Presidente, sino que le rindan cuentas también al Congreso, en lugar del actual modelo unipersonal de los secretarios del Presidente. Ello aumentará la eficacia de la administración pública y de igual manera aportará al combate a la corrupción. Con un gabinete ratificado por el Congreso de la Unión, sus integrantes serán controlados permanentemente en el ejercicio de sus responsabilidades y, en su caso, ser motivo de censura por parte de la representación congresual.

El tercer asunto que debiera contemplarse en la referida reforma política es el de terminar con uno de los pilares en donde aún se sostienen resabios del viejo régimen. Hago referencia al control político que mantiene el Ejecutivo sobre amplios sectores de la población a través de la ejecución de programas sociales. Desde luego que no pretendo la suspensión de éstos, pues ello sería un absurdo. Con tanta pobreza los programas sociales son indispensables, pero éstos no deben ser utilizados para propósitos partidistas. Aparte de ser una ruindad aprovecharse de la pobreza de mucha gente para beneficiarse políticamente, es una práctica que sólo refleja atraso, siendo es el peor síntoma de una “gobernabilidad” autoritaria y antidemocrática. Una respuesta a ello sería la creación de un sistema nacional de aplicación de los subsidios gubernamentales y de los apoyos sociales, el cual estaría sujeto a una total transparencia, así como a una constante y exhaustiva auditoría ciudadana.

Se trata de acciones y cambios estructurales que dejen atrás las prácticas del viejo régimen y que nos adelanten hacia un nuevo sistema político de gobernabilidad verdaderamente democrática.