Otro dilema falso: ciudadanía vs. política

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Es, cuando menos, chocante observar la actitud casi frenética de algunos periodistas que tratan de convencer a sus lectores de que la gran solución a los males del país reside en despreciar la política y en repudiar a los políticos. Existen algunos programas en la radio, en la televisión y reportajes en periódicos cuyo contenido se limita a denigrar cada vez más a la política. Y más delirante aún es el comportamiento de políticos que, en el colmo de la esquizofrenia, rechazan a la política.

No es nuevo este comportamiento hipócrita y, más bien, es tan antiguo como la política. Hay ahora —y han existido siempre— aquellos que, detentando el poder político y económico, acusan frecuentemente a sus opositores ¡de políticos!, y también hay aquellos que, buscando acceder al poder —la mayoría de ellos, políticos— reniegan y rechazan, sin pudor alguno, a la política.

En alguna propaganda reciente, he visto a un aspirante a diputado manejar la estúpida consigna “De menos política, más ciudadanos”. Este individuo no tiene la menor idea del desarrollo de las sociedades humanas en donde es imposible avanzar en ciudadanía excluyendo o minimizando a la política, y avanzar en la política excluyendo a la ciudadanía. En sentido diferente: mayor y mejor pensamiento político, mayor y mejor ciudadanía.

Pareciera —según todas estas necias opiniones— que lo adecuado en estos tiempos es abstenerse de “tomar partido”, abstenerse de asumir posiciones políticas. A Zhou Enlai, durante mucho tiempo canciller en el gobierno de la República Popular China, le preguntaron su opinión sobre Robespierre. El astuto compañero de Mao evitó la respuesta diciendo con humor que “200 años no eran tiempo suficiente para madurar una opinión”. Con menos gracia y sí con mayor daño, algunos de los “ciudadanos” repelentes a la política evitan dar respuestas contundentes en temas trascendentes, como la despenalización del aborto y a lo que más llegan es a sugerir las consultas.

Esta tontería de alejarse lo más posible de la política es un error en cualquier ciudadano, pero se convierte en comportamiento peligroso entre quienes buscan dirigir al Estado, el gobierno o a influir en el rumbo de éste.

Maquiavelo escribía que “el Príncipe debe en lo posible evitar declararse neutral, porque, en la política y en la ciencia del gobierno, se necesita ser amigo o enemigo franco”.

Un político por excelencia, como lo es Fidel Castro, decía en una entrevista —recién habiendo derrotado a Batista— que el movimiento 26 de julio “no era político” y, más bien, buscaba que los ciudadanos ingresaran al gobierno. Desde luego, tal declaración del Comandante de la revolución cubana, claramente, no era cierta. Al paso de los años, Fidel asumió el poder y, si algo hizo en su vida, fue precisamente política. Acertada o no, ése será tema de otra reflexión.

En México tenemos grotescos comportamientos, como el de los dirigentes del llamado “Partido Verde” que, siendo integrantes de una agrupación política, llaman a no votar “por los políticos”. Esta declaración exuda cinismo y los sitúa como personajes de tal tipo que son, ciertamente, incapaces de entender la política.

Andrés Manuel López Obrador es un político honrado y estoy seguro que desea mejoría para México. Pero comete un error al declarar que “para cambiar al país, es necesario tener a una organización, no a un instituto político”.

El debate acerca de la necesidad o no de la política lleva siglos dándose en el mundo, y también en México. Y si nos atenemos a la realidad, a los hechos, a la historia, debemos seguir concluyendo que las sociedades y los países no se transforman, no cambian si no es con el imprescindible instrumento de la política. Cada vez una mejor política, pero no sin ella.

Apodaca: Ejemplo de la crisis del sistema penitenciario

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La muerte de 31 reos a principios de año en una pelea en el centro penitenciario del municipio de Altamira, Tamaulipas, y la riña entre internos del Centro de Readaptación Social de Apodaca, Nuevo León, que dejó un saldo de 44 muertos, son claros ejemplos de la grave crisis del sistema penitenciario mexicano.

En el penal de Apodaca confluyen los rasgos característicos del sistema carcelario: sobrepoblación —fue construido para albergar a mil 500 internos, pero hasta el domingo era habitado por casi dos mil 500 reos—, falta de clasificación individual —en un mismo espacio cohabitan procesados con sentenciados, delincuentes comunes con integrantes del crimen organizado e individuos de baja peligrosidad con sicópatas—, un autogobierno basado en la ley del más fuerte y corrupción e indolencia por parte de las autoridades.

Al problema estructural de sobrepoblación se ha sumado, en este sexenio, la guerra del Ejecutivo federal, cuya estrategia consiste en perseguir principalmente a los integrantes de los cárteles del narcotráfico. Según Guillermo Zepeda, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), los penales tienen una sobrepoblación de 35% en promedio, pero en ciudades como Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal llega a alcanzar hasta 220 por ciento.

Asimismo, en los últimos años los Centros de Readaptación Social de las entidades federativas se han inundado de reos de alta peligrosidad capturados por las fuerzas federales. Así, en estas cárceles diseñadas para retener a la delincuencia común han sido tomadas por la delincuencia organizada, imponiendo su autoridad al personal mal pagado y sin capacitación de las penitenciarías estatales. Desafortunadamente, esta situación llega a tal extremo que, en algunos casos, las cárceles se han convertido en centros de operación y reclutamiento de las organizaciones criminales.

Pareciera que la responsabilidad del Estado mexicano se extingue al aprehender a los presuntos delincuentes y encerrarlos para que subsistan como puedan. No se percibe una política pública seria, en concordancia con el precepto constitucional que establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte; como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Se puede estar de acuerdo o no con el concepto de reinserción social, pero mientras sea un principio constitucional, las autoridades deben observarlo y ceñirse a él. Todo lo contrario al populismo punitivo de fuerzas políticas, como el Partido Verde Ecologista (PVEM), que al impulsar la cadena perpetua elimina la posibilidad de que los individuos se puedan reinsertar a la sociedad. Obviamente, la negación máxima del principio de reinserción social es la pena de muerte, impulsada también por el PVEM, a pesar de su prohibición expresa en la misma Constitución.

Mientras que la estrategia de seguridad pública privilegie la neutralización de los delincuentes y no preste la debida atención a la prevención y reinserción social, seguiremos perdidos en un laberinto combatiendo a un monstruo de mil cabezas. Resulta urgente una estrategia de seguridad ciudadana que, en lugar de emprender expediciones punitivas para que los delincuentes se pudran en la cárcel, reconstituya el tejido social, dándole la misma importancia a la prevención, la persecución y la reinserción.

Impunidad y corrupción habilitadas

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Antes de que se convirtiera en un personaje reconocido internacionalmente por procesar a genocidas de las dictaduras de Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983), el juez Baltasar Garzón ya era conocido en España por sus actuaciones contra el narcotráfico y el terrorismo (tanto el ejercido por la organización independentista ETA, como el practicado por el Estado a través de los grupos Antiterroristas de Liberación).

A pesar de haber atacado grandes intereses, el juez Garzón era respetado, gozando de autonomía y prestigio en su país y en el extranjero. Sin embargo, en años recientes enfocó sus esfuerzos contra dos cánceres incrustados en el poder español: la impunidad y la corrupción.

En 2008, Garzón se declara competente para juzgar las criminales violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura franquista, sobre todo en lo concerniente a la desaparición forzada de miles de personas. Esta acción provocó una virulenta reacción por parte de dirigentes partidarios, grupos empresariales y medios de comunicación que veladamente se asumen como los herederos del franquismo.

El intento del juez Garzón por combatir la impunidad de los crímenes de la dictadura del generalísimo fue frenado por la misma Audiencia Nacional, la cual lo declaró incompetente para juzgar este caso. Asimismo, se inició contra Garzón un proceso judicial por prevaricación, el cual está en curso y podría significar su inhabilitación por más de 15 años.

La probable inhabilitación de Garzón por combatir a la impunidad se sumaría a la recientemente decretada por pretender desarticular una amplia red de corrupción en su país.

En 2009, el juez Garzón inicia un proceso en contra de una amplia red de funcionarios y parlamentarios del Partido Popular (en donde, por cierto, anidan muchos de los herederos del franquismo antes mencionados) que, en complicidad con un conglomerado empresarial, estaban organizados para captar fondos de entidades públicas, principalmente de gobiernos autonómicos gobernados por la derecha.

Al percatarse que durante el proceso judicial los acusados y sus abogados maniobraban para lavar recursos provenientes de actos de corrupción, el juez Garzón ordenó grabar sus conversaciones. Debido a lo anterior, fue acusado de prevaricación y recientemente inhabilitado por 11 años.

Las acusaciones y castigos contra Garzón han despertado gran solidaridad en su país y el resto del mundo, en gran parte porque se perciben como una venganza institucional por su combate a la impunidad y la corrupción.

Un sondeo publicado por el diario El País constata que sólo 36% de las y los españoles consideran que había motivos suficientes para juzgarle mientras que 61% afirma que Garzón “está siendo objeto de una persecución”. Los procesos contra el juez han dañado la opinión de la ciudadanía ibérica sobre la justicia española en general —para 65% ha empeorado—.

En la comunidad internacional también se considera que la sanción impuesta al juez responde a un afán de neutralizarlo. Como ejemplo basta referirse a la postura de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, quien ha declarado que la inhabilitación está relacionada al combate a la impunidad del franquismo, refrendando que “los jueces no deberían ser enjuiciados por hacer su trabajo”.

Valga desde la izquierda en México nuestra solidaridad con el juez Baltasar Garzón, quien seguramente seguirá luchando a favor de los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

La elección presidencial y las mujeres

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Josefina Vázquez Mota será la candidata presidencial por el PAN. Ella, junto a Peña Nieto y López Obrador, completan el trío de aspirantes de entre los cuales surgirá el próximo Presidente de la República. No olvido que Nueva Alianza, deberá postular a un candidato o candidata, pero es cierto que quien lo fuese, no tendrá ninguna posibilidad de ganar la elección de julio.

Algunos analistas sugieren que siendo mujer la propuesta del PAN, ello le dará alguna ventaja frente a las propuestas del PRI y PRD. En esta reflexión se alega el mayor número de electoras en el listado nominal y la mayor participación de éstas en los comicios. Es verdad que quienes se abstienen mayormente de participar en los comicios son los varones; pero lo que no es cierto —según estudios recientes— es que, entre las mujeres, prevalezca por sobre cualquier otra consideración alguna forma de solidaridad de género. Para decirlo de otra manera: en la gran mayoría de las ciudadanas, el género de las o los candidatos no es el elemento fundamental para definir el sentido de su voto. En sentido diferente, lo que sí toman en cuenta los y las electoras (principalmente éstas últimas) es el grado de credibilidad que las o los candidatos logren adquirir y transmitir genuinamente.

Todos lo sabemos: un elemento presente en la vida política del país y, además, de gran influencia en el ánimo de las y los electores, es la enorme desconfianza de éstos hacia la política y hacia las y los políticos, al margen del partido y del género al que pertenezcan. Por lo tanto, el candidato que sepa reconocer esto con mayor claridad, el que mejor pueda remontarlo desde un comportamiento leal y verdadero, será el que acumule más condiciones para triunfar en las próximas elecciones.

Para el caso específico de las mujeres, las y los presidenciables tienen diferentes estrategias. A Peña Nieto le construyen una imagen mediáticamente “atractiva” (“¡¡¡Enrique, pimpollo, por eso yo te apoyo!!!”, le gritan mujeres en sus mítines) que explota las impresiones más pueriles y huecas, tal como si fuera participante, no de una elección constitucional, sino de un reality show televisivo. Josefina, esboza (en el marco del doctrinarismo católico del PAN) la idea de “una ama de casa” (como las hay muchas en el país) que son “pilar” de la familia tradicional mexicana y donde la mujer juega un papel que reproduce jerarquías y posiciones asimétricas tanto en la familia como en la sociedad. “Cuidaré a sus hijos como yo cuido a los míos”, les dice Josefina a las mujeres. Una “presidencia maternalista” que no es diferente, en lo sustantivo, al presidencialismo paternalista del PRI.

Desde la izquierda, AMLO dice que luchará contra la discriminación. ¡Bien! Pero terminar con la discriminación obliga a garantizar la plena igualdad entre las mujeres y los hombres, y ello significa la intervención decidida del Estado para garantizarla. Un programa de la izquierda debe impulsar la aplicabilidad de leyes que garanticen iguales derechos humanos, laborales y educativos entre hombres y mujeres; que eviten la feminización de la pobreza; que haga realidad el derecho a una vida libre de violencia; el derecho a la sexualidad, a la maternidad voluntaria y a decidir sobre su propio cuerpo; el derecho a participar, en igualdad, en la vida social y los asuntos políticos.

Decirlo así, sin ambages, sin confusiones retóricas, contribuirá a que, sin importar el género del candidato, las mujeres voten por la izquierda.