martes, 31 de marzo de 2015

El señor Hyde

En las próximas elecciones del mes de junio se decidirán asuntos verdaderamente trascendentes para la vida política y social del país. No son temas para el largo plazo —para cuando todos estemos muertos, decía Keynes—, sino para el presente y para el futuro inmediato. Se decidirá, por ejemplo, si el país en su conjunto es capaz de “parar de tajo” la peligrosa pretensión del priismo de viejo cuño por restablecer —con el PVEM como muleta— la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Para estos priistas el pluripartidismo y la democracia son trabas, obstáculos que impiden el logro de sus objetivos, principalmente el de reconstruir aquellas relaciones del poder, que durante décadas se asentaron en el presidencialismo omnímodo, en la confabulación de intereses con la oligarquía económica y en la corrupción.
En junio se decidirá, además, si el panismo conservador logra hacer olvidar a los ciudadanos el fracaso estrepitoso de los gobiernos de Fox y Calderón. Son los panistas corresponsables directísimos de la grave situación que ahora vive nuestro país y, sin embargo, pretenden —envueltos en su puritanismo hipócrita— transitar los próximos comicios repartiendo a todos los demás sus graves errores. Por ejemplo, la familia Calderón quiere gobernar Michoacán pasando por alto que son ellos, principalmente, los que hundieron a ese estado en la desgracia.
Pero en junio también se decidirá si la izquierda democrática, pacifista, que pugna por la legalidad, representada por el PRD, continúa vigente como opción de poder e influyendo de manera progresista en el rumbo del país o, en sentido contrario, lo que prevalece en la escena política del país es la “otra personalidad” de la izquierda, la del  señor Hyde, el irracional personaje de la célebre novela de Stevenson, que instintivamente sólo sabe destruir. Me permito citar “el extraño caso del Doctor Jekill y el Sr. Hyde”, no porque comparta la visión de la eterna lucha de los seres humanos entre el bien y el mal, que es esencialmente una visión moral y religiosa. Más bien, en sentido contrario, trato de puntualizar que la vida y, desde luego  la política, se debaten constantemente entre el pensamiento de la razón y el fetiche de la creencia. La política en la izquierda no está ajena a esta contradicción y ahora mismo y frente a los electores,  se están confrontando dos concepciones de la izquierda: la que sostiene su pensamiento y acción en la racionalidad que permite y hace posible el construir soluciones y alternativas a los problemas nacionales y,  aquella otra, que sólo pende del hilo de la creencia, de la fe en la venida, la llegada de un salvador. Ésta es una de las diferencias sustantivas que existen entre el programa político que propone la izquierda perredista y el dogma de fe en el que cree el populismo demagógico de Morena.
Dicho de otra manera: el país necesita de una izquierda progresista y democrática que enarbole una propuesta de cambios ciertamente profundos, radicales, pero necesariamente viables para transformar el modelo económico y el sistema político; que propone un desarrollo incluyente, sustentable; que propicie empleos dignos y bien remunerados; que impulse reformas que hagan tangible una sociedad de derechos exigibles y un Estado democrático con capacidad de hacerlos realidad; esto es, una izquierda para el siglo XXI.
Lo que no le sirve al país es un populismo que, disfrazado de izquierda, lo que sugiere es un regreso al pasado, una regresión al autoritarismo en nombre del pueblo, al ostracismo en nombre de la patria. México no necesita de fe, esperanza y caridad. Requiere de la razón de la política que logre, ya, sin más espera las respuestas tangibles, posibles a las justas demandas de la gente.
                *Expresidente del PRD
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martes, 24 de marzo de 2015

El agua: un derecho humano

Excélsior

El derecho humano de acceso al agua es la garantía de todas y todos a disponer de este líquido en forma suficiente, salubre, potable, aceptable y accesible. Además de considerar al agua como un derecho humano resulta prioritario valorar su distribución y administración como recurso estratégico y central para el desarrollo sustentable nacional, y como elemento de seguridad humana.
Para disfrutar de este derecho elemental de las personas es indispensable preservar la gestión pública del agua basada en el manejo equitativo y sustentable. Por ser el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento un derecho fundamental, el Estado tiene la obligación de controlar y proveer estos servicios a la población en general, sin discriminación alguna.
Debido a que el acceso al agua es fundamental para la vida, la salud, la alimentación, el bienestar y el desarrollo, el agua no puede considerarse como una simple mercancía. Es indispensable reconocer el carácter de bien común público del agua, no sólo para lo que concierne el uso potable, puesto que es esencial e insustituible también para otras actividades económicas (agrícolas, energéticas e industriales) de naturaleza fundamental por el derecho a la vida digna.
Los objetivos exclusivamente de obtención de renta, de acumulación de dinero, respecto a la gestión de los recursos hídricos, son incompatibles con el suministro de un servicio al público, y una gestión exclusivamente comercial del recurso se convierte fácilmente en un freno al desarrollo socioeconómico de la población que vive en las zonas en que el suministro de este servicio se percibiría como no rentable.
Desafortunadamente, en la forma de presentarse y en el contenido de su texto, la iniciativa de Ley General  de Aguas redactada por el Ejecutivo federal y asumida por sus seguidores del PRI, del PAN y del PVEM en la Cámara de Diputados, pretende trasladar a particulares la explotación, uso, disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos del país.
La Ley General de Aguas que pretende imponer el Ejecutivo es una transgresión a la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nulifica el derecho humano de acceso al agua para permitir su acaparamiento por agentes privados, para quienes además se fortalece la posibilidad de traficar con los títulos de concesión, incluso en zonas de baja disponibilidad de este recurso natural.
De aprobarse la iniciativa que impulsa el Ejecutivo se pondría en manos de grandes consorcios constructores, con intereses simultáneamente en agua, energía, gas y petróleo, cantidades ilimitadas del vital líquido para destinarse en forma irrestricta a procesos intensivos de uso y contaminación, como el de fractura hidráulica (fracking) para la obtención de gas shell.
De imponerse y aplicarse el proyecto de ley del Ejecutivo, propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua, porque implica transitar del actual modelo de sobreexplotación y contaminación a un modelo de expoliación del recurso sin importar los costos económicos, sociales y ambientales.
Resulta indispensable que este proyecto se reformule, contando esta vez con la participación de la sociedad civil y tomando en cuenta las opiniones de todos los grupos parlamentarios. No hacerlo, buscando una imposición, sólo polarizará más el ambiente político por la vulneración de los derechos humanos de una población de por sí ya harta y descontenta.
                *Expresidente del PRD
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martes, 17 de marzo de 2015

La veneración supersticiosa del pasado


Carlos Marx escribió en el 18 Brumario de Luis Bonaparte lo siguiente: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal”.

En los renglones de ese texto extraordinario se refleja de manera impecable el comportamiento de Luis Bonaparte, que buscó apropiarse —para representar una farsa— del nombre, del ropaje, de las consignas de su tío Napoleón. Pero esta farsa se repite —como dice Marx— con mucha frecuencia en países en situación de crisis (el caso de México) y esto es lo que hace precisamente Andrés Manuel López Obrador cuando dice, apenas hace unos días: “Cuando sea presidente de la República recuperaré completita, sin ningún cambio, la Constitución de 1917 para instaurarla como nuestra nueva Carta Magna”.

Es decir: el programa político de AMLO y de Morena para estas elecciones es que México tenga una regresión hasta los inicios del siglo XX.

AMLO, en lugar de proponer algo nuevo, acorde con los tiempos de inicios del siglo XXI, se manifiesta —como escribía Marx temeroso—, conjurando en su auxilio los espíritus del pasado, tomando prestados sus ropajes, su lenguaje, sus consignas.

Y no es que los constituyentes del 17 hayan hecho una mala Constitución, pues tomando en cuenta la realidad y los tiempos que vivieron, ésta, en muchos aspectos, tenía un contenido progresista.

Pero contrario al ánimo y pensamiento vanguardista que permeó en Querétaro durante 1916-1917, AMLO se sigue debatiendo en su obsesión de representar, como si de escena teatral se tratara, a los personajes de nuestro pasado. Se transforma en lo que cree que es y se imagina a sí mismo en las escalinatas del templo de Dolores enarbolando el estandarte con la Virgen Morena (el nombre de su partido no es casualidad gramatical) o recorriendo el país en carruaje con la República resguardada bajo el brazo.

¿Se pueden enfrentar con éxito los desafíos del siglo XXI con las respuestas diseñadas a principios del siglo XX? Me parece que no, e intentarlo es francamente un desatino.

Resultaría una barbaridad, por ejemplo, tratar de resolver los problemas de la economía nacional inserta en un mundo globalizado, apoyándose en aquellas fórmulas que diseñaron los constituyentes del 17 para un país que se sostenía básicamente en la economía rural.

Con una visión diferente hay que modernizar la producción agrícola en paralelo  con un proceso de industrialización sustentable.

Los constituyentes del 17 conformaron una Carta Magna eminentemente presidencialista, a tal grado que propició —durante posteriores décadas— un régimen autoritario de concentración absoluta del poder en un solo individuo.

¿Es útil para el país el sistema presidencialista concentrador del poder? Opino que no y, a diferencia de AMLO (y de Peña Nieto), deberíamos pensar en sentido diferente, en un régimen político moderno como lo es el parlamentario.

El futuro deseable para México no lo encontraremos hurgando en baúles enmohecidos. Lo reiteraré en palabras nuevamente, de ese gran pensador que fue Carlos Marx: “La revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar su propia tarea antes de despojarse de toda veneración supersticiosa por el pasado”.

                *Expresidente del PRD

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martes, 10 de marzo de 2015

Lo dialógico vs. lo ideológico


En el reciente informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, que preside la senadora Angélica de la Peña, escuché la intervención de la doctora Olga Sánchez Cordero.

La señora ministra de la SCJN estableció una tesis que bien podría ser jurisprudencial, pero sobre todo tiene un contenido político. Decía la ministra que “un sistema dialógico requiere orientarse hacia otros fines, requiere facilitar la conversación entre iguales. El lenguaje de diálogo apela a una civilizada y respetuosa resolución de conflictos en momentos marcados por los antagonismos políticos; requiere de una estructura institucional al servicio del intercambio de razones”. Esta tesis es ahora muy oportuna, pero más allá de la coyuntura, establece un nuevo juicio, un nuevo razonamiento acerca de lo que debe ser ahora la parte esencial del quehacer político. Como si se tratara de contradecir una tesis jurisprudencial añeja, extemporánea, el sistema político dialógico confronta al antiguo sistema político ideológico.

El sistema político ideológico es como “una guerra de trincheras”, como lo fue la Primera Guerra Mundial, en donde nadie se podía mover de sus posiciones hasta que todos —los de una y otra trinchera— se destruían mutuamente. En algunos momentos los soldados se atrevían a salir del “hoyo del infierno” —como les llamaban— para  avanzar tan sólo unos metros, disparar al enemigo, para, acto seguido… regresar de inmediato a su trinchera a esperar la muerte.

Así sucede ahora con la política mexicana. La mayoría de los partidos y los políticos no tienen propuestas para resolver los problemas del país; lo que sí tienen son “principios ideológicos” tan antiguos, tan añejos, tan extemporáneos como los dogmas religiosos. Los partidos carecen —carecemos— de propuestas nuevas, lógicas, contemporáneas, prácticas y, por ello mismo, es que se hace tan difícil establecer el debate civilizado, el diálogo que es consustancial a la política.

Veamos, tan sólo como ejemplo, el tema de la inseguridad pública que en México y en el mundo ahora está estrechamente vinculado al narcotráfico. Para los extremistas del prohibicionismo (PRI, PAN, PVEM y Morena, especialmente) les resulta una herejía el tan sólo pensar en alternativas como el de considerar este problema como uno de salud pública, de educación y resultado, principalmente, de las condiciones sociales de pobreza y marginación que padece la mayoría de la población.

El dogma de estos ideologizados consiste en pretender resolver el problema de la inseguridad construyendo más y más cárceles para llenarlas de narcodependientes, de productores —en su gran mayoría campesinos pobres— y de jóvenes cooptados por el crimen,  por los verdaderos dueños del redituable negocio —por ser ilícito— del tráfico y venta de las drogas.

¿Podrían pensar, y en consecuencia dialogar, sobre otras alternativas que no sea la prohibición que genera la terrible violencia? Lamentablemente no,  pues son ideológicos en lugar de dialógicos.

Éste es sólo un ejemplo de muchos, en donde lo ideológico se impone por sobre la realidad y el dogma por sobre las verdaderas respuestas a la problemática nacional. Por ello mismo es que, para tener propuestas viables ante las necesidades de la gente, la izquierda debe romper con los dogmas, terminar con las visiones absolutistas, rompiendo con los profetas y sus profecías. En sentido diferente, la izquierda se reivindicará porque alienta, para el conjunto de la sociedad, la pluralidad, el pensamiento libre, la crítica a lo establecido, el diálogo entre los diferentes; porque recrea y fortalece su propuesta política y su programa a través de concebirse desde un pensamiento dialógico, contrario a cualquier ideologismo absolutista.

                *Expresidente del PRD

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martes, 3 de marzo de 2015

Imparcialidad y congruencia en el INE; ni más, ni menos


Imagine usted que a un conocido estafador se le sorprende en flagrancia, a los ojos del mundo, violando la ley. Suponga que las autoridades, tanto ministeriales como judiciales, cuentan con varias denuncias y recursos contra el mencionado estafador, que conocen su domicilio, su red de complicidades con organizaciones criminales, su modus operandi,  y que con todo ello en lugar de aprehenderlo, las autoridades le dicen: “¡Adelante! ¡Continúa delinquiendo!”

Lo anterior parece ser el caso con el actuar del Partido Verde Ecologista de México (expulsado de la Global Verde, la red de 79 partidos de todo el mundo) y que subsiste en el imaginario del electorado mexicano gracias a los cientos de millones de pesos que gasta ilegalmente en publicistas y mercadólogos, de la mano de las televisoras y exhibidores cinematográficos (Cinemex, por cierto, es parte del grupo empresarial Minera México, una de las empresas más contaminantes en nuestro país y con la cual dicho partido intercambia espacios publicitarios por legislaciones y curules).

Ante el derroche publicitario del PVEM que pervierte el espíritu equitativo de la legislación electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) únicamente atinan a convalidar esta ilegal acción. Esto resulta de extrema gravedad porque revela parcialidad, en primera instancia hacia el PVEM, pero sobre todo hacia el PRI, ya que como es evidente, el Partido Verde es una organización electoralmente funcional para el PRI.

En particular, resulta preocupante que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacado académico, defensor de la legalidad y los principios democráticos, pudiera estar actuando —al margen de intenciones— de manera parcial y favoreciendo el comportamiento ilegal del PVEM.

Del doctor Córdova el país espera un actuar de congruencia con lo que durante años planteaba desde la academia. Por ejemplo, cito uno de sus textos titulado: “La reforma trastocada: el caso de los ‘informes de labores’ del PVEM”, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2009. En tal trabajo el entonces investigador criticaba con razón una sentencia del TEPJF por resultar permisiva al PVEM para violar la legislación electoral en materia de propaganda. Para Córdova, “el  PVEM cometió un fraude a la ley, buscó torcer el sentido de las prohibiciones constitucionales en la materia y, eso es lo peor, lo logró no sólo con el aval sino con los plácemes y las felicitaciones del Tribunal […] la sentencia del Tribunal —decía el doctor Córdova— adolece de una miopía, de una falta de consistencia jurídica y de una cuasi nula motivación que son dignas de subrayarse. Es una sentencia que mira, para decirlo con una metáfora, a los árboles y no al bosque, que interpreta a las normas en un limitado y arcaico sentido literal sin preocuparse por entender de manera sistemática, congruente y armónica el sentido que subyace a las normas que regulan el nuevo modelo de comunicación política… el Tribunal abrió la puerta por la que ahora es posible burlar uno de los objetivos principales: que el dinero no pudiera usarse para influir políticamente a través de la compra de publicidad en radio y televisión. Ello es así porque eso que en otra ocasión podría haberse considerado como un vil fraude a la ley, ahora, a juicio del Tribunal Electoral, debe considerarse como un muy democrático y responsable servicio a la ciudadanía…”.

La historia se repite, el PVEM sigue con sus mismas prácticas ilegales en materia de propaganda… y las autoridades siguen reaccionado de igual manera. Por ello, ante una de por sí complicada elección resulta indispensable que los consejeros ciudadanos del INE retomen su papel de árbitros y garantes del proceso democrático, con dos premisas fundamentales: Imparcialidad y congruencia. Eso demandamos, ni más, ni menos.

                *Expresidente del PRD

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