El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluida la alimentación. El Pacto obliga también a los Estados firmantes a tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. México es uno de los firmantes.
Como resultado de la Cumbre Mundial de la Alimentación realizada en Roma, Italia, en 1996, se define a la seguridad alimentaria como: la capacidad de un país para producir los alimentos que consume y la solvencia de la población para acceder a ellos. Esta seguridad existe cuando todas las personas tienen acceso material y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana.
En México, el concepto de seguridad alimentaria cobra relevancia a partir de la desventajosa apertura comercial, sobre todo con la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por la crisis alimentaria que experimentó el mundo en el 2008.
El súbito y desmedido aumento al precio de la tortilla en días recientes, debe ser visto desde la perspectiva del derecho humano universal a la alimentación y a la seguridad alimentaria.
No basta con declaraciones mediáticas del gobierno federal que señala que no permitirá el aumento, mientras que en las tortillerías del país, los mexicanos padecen incrementos de entre cuatro y cinco pesos por kilo.
Este incremento del 50 por ciento al costo del kilogramo de uno de los productos de mayor consumo en el país, significa una verdadera tragedia para millones de mexicanos que viven con lo indispensable.
El constante aumento de los alimentos básicos en nuestro país, sobre todo en el contexto de la más reciente crisis económica, revela un sistema agroalimentario frágil, por lo que son urgentemente necesarios cambios estructurales. Resulta crucial un enfoque dual, lo que implica la puesta en marcha de medidas de emergencia con resultados inmediatos así como cambios estructurales de mediano y largo plazo.
A corto plazo, hay que crear redes de seguridad y programas de protección social para llegar a los más necesitados. El programa de Comedores Populares del Gobierno del Distrito Federal es un buen ejemplo de una eficiente red de protección comunitaria con fines de preservar el derecho a la alimentación.
Paralelamente, es indispensable garantizar el acceso a los pequeños y medianos agricultores a medios de producción y tecnologías indispensables para aumentar su productividad. Estas acciones incluyen el suministro de semillas de alta calidad, fertilizantes y equipo agrícola adecuado. Una mayor producción a nivel local, será fundamental para reducir los precios de los alimentos hacia los consumidores con menos ingresos.
A fin de cumplir con el citado artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, así como con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, parte de la solución estructural a mediano y largo plazo, reside en el aumento de la inversión, tanto pública como privada, en el sector agroalimentario.
Además, es necesaria la creación y cumplimiento de mecanismos reglamentarios e institucionales de mercado, que promuevan las inversiones en el sector e inhiban prácticas monopólicas, así como una revisión de los flujos comerciales internacionales de estos productos.
