martes, 24 de junio de 2014

La Comisión Himmler del Senado

El 26 de octubre de 1936, Himmler, el jefe de la SS y uno de los ideólogos del nazismo y desde luego, el hombre más cercano a Hitler, creó dentro de la policía de seguridad la oficina central del Reich para combatir el aborto y la homosexualidad. El encargado de esta oficina fue Josef Meisinger, ejecutado en 1947 por su brutalidad en la Polonia ocupada.


Esta oficina tenía como propósito terminar con “las actividades indecentes criminales entre hombres” e incluía castigar cualquier acto que “fuese interpretado” como indecente. Rudolf Hess escribió en sus memorias que los homosexuales debían estar separados en los campos de concentración para prever la “propagación de la homosexualidad”.

En 1943 los nazis expidieron una ley para castigar con la pena de muerte el aborto, pero esta pena no se aplicaba a mujeres judías, gitanas, alemanas o extranjeras no arias a las cuales incluso se les inducía o se les obligaba a que abortaran. Es decir, en función de preceptos morales, religiosos, ideológicos, militares o políticos, los nazis imponían a través de leyes o de la fuerza su concepción en toda Alemania y en los países y territorios que conquistaban. Sería tema de otro artículo pero la Iglesia católica guardó silencio ante estas y otras atrocidades.

Recuerdo el trágico acontecimiento del nazismo porque en el Senado de México se creó una comisión llamada de “la Familia y Desarrollo Humano”, que preside el senador panista José María Martínez, y que se constituyó, según sus propias palabras, para combatir el aborto, para impedir que se siga propagando “la moda de las familias homoparentales” y, además, para oponerse a la “intromisión de la Suprema Corte de Justicia en estos temas”.

Con tales argumentaciones del senador panista bien podríamos llamar a la comisión que él preside, la Comisión Himmler del Senado mexicano.

No exagero, pues en el fondo de las palabras del mencionado senador, lo que resalta son sus visiones morales, religiosas, las cuales, igual que los nazis, pretende imponer al conjunto de la sociedad mexicana.

Con ello, desde luego, desconoce la pluralidad que en todos sentidos tiene la sociedad mexicana y desde esta actitud autoritaria y absolutista pretende anular derechos humanos fundamentales y derechos constitucionales de los individuos que la componen.

El senador Martínez, el PAN y, por lo que se ve, el PRI también (observemos lo que ambos partidos hicieron recientemente en Nuevo León y antes en otras entidades federativas), pretenden encarcelar a todas las mujeres que, por convicción, deciden interrumpir un embarazo, pero además cierran los ojos ante el creciente número de mujeres que pierden la vida por abortos mal practicados y que obviamente son clandestinos.

Y para colmo, el mencionado senador y su propio coordinador panista en el Senado, “regañan” a la Suprema Corte de Justicia por “entrometerse” en estos temas. No quieren, quienes formaron esta comisión y quien la preside, que intervenga la Corte porque para éstos, sería mejor crear, como Himmler, una oficina que, al margen de la ley y de las instituciones, persiguiera a las mujeres que —en el ejercicio de su voluntad y su derecho humano— abortan, y persiguieran a las personas homosexuales que —igualmente en el ejercicio de sus derechos humanos— desean formar una familia.

Así como demando respeto al derecho humano de las mujeres a decidir la interrupción de un embarazo, y así como demando respeto al derecho humano de los homosexuales y lesbianas a decidir integrar una familia, de igual manera debemos demandar respeto para todas las personas que practican cualquier religión, para las que no practican religión alguna y para las que asumen como propios determinados preceptos morales.

Sin embargo, ninguna persona o grupo de personas pueden imponerle al conjunto de la sociedad sus creencias o no creencias religiosas como tampoco sus respetables conceptos morales, pues ello atentaría contra derechos constitucionales, contra derechos humanos y contra la condición laica del Estado mexicano. 

No estoy a favor del aborto, estoy a favor de respetar el derecho humano de las mujeres a decidir abortar o a no abortar, y opino que los homosexuales y las lesbianas deben ser respetados en su derecho a decidir ser o no parte de una familia.

                *Expresidente del PRD

                Twitter: @jesusortegam

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martes, 17 de junio de 2014

Vuelta en U

El gobierno experimenta una peligrosa parálisis y, con ello, continúa creciendo el desempleo, aumentando la desigualdad y la pobreza que invaden a un mayor número de familias.


Aunque van y vienen las cifras del secretario de Hacienda y el presidente Peña Nieto repite y repite que México está en movimiento, todo ello se topa ante una evidencia inobjetable: el gobierno experimenta una peligrosa parálisis y con ello continúa creciendo el desempleo, aumentando la desigualdad y la pobreza que invaden a un mayor número de familias.

A la par, se reduce el ingreso de la gran mayoría de las y los mexicanos.  La explicación a esta realidad algunos personajes —especialmente los dirigentes de las cúpulas empresariales— la encuentran exclusivamente en la Reforma Hacendaria y otros —los voceros gubernamentales— cómodamente recurren, como en otras ocasiones, a los factores económicos externos.

Pareciera entonces que para remediar en algo la situación actual del país, los mexicanos deberíamos recordar al gobierno federal la frase que Clinton restregó a Bush durante las elecciones de 1992: ¡Es la economía, estúpido!

Supondrán muchos que el problema central está localizado en la impericia o en la incapacidad de aquellos altos funcionarios encargados de la conducción de la economía. Esto es cierto en una parte importante y, sin embargo, no es la única y yo diría que ni siquiera es la principal razón de la parálisis gubernamental.

Es la economía, cierto, pero sobre todo es ¡la política!

Peña Nieto recorrió el mundo presumiendo una nueva forma de hacer política, es decir: presentando a un gobierno capaz de dialogar con sus contrincantes; de buscar, con éstos, acuerdos en razón de los intereses nacionales; de aceptar la necesidad de reformas concertando y, con todo ello, posibilitó que se abriera la expectativa promisoria de cambios para grandes transformaciones en beneficio de la gente.

Pero pareciera que eso cambió y en los últimos meses ha dado una vuelta en U para regresar a la visión equivocada de asumir, desde el gobierno y con su partido, un pernicioso y trasnochado hegemonismo autoritario.

Si no de esta manera, ¿cómo explicar el intento de cambiar acuerdos fundamentales del Pacto por México en materia de telecomunicaciones para no afectar a los monopolios de la radiodifusión a los cuales, el mismo gobierno, había entendido como obstáculo para el desarrollo económico? ¿Cómo entender su complacencia ante las actitudes conservadoras de los gobernadores, principalmente priistas, que se resisten a la Reforma Político-Electoral para, con ello, continuar con las prácticas fraudulentas durante los comicios locales en puerta? ¿Cómo entender la obcecación e intolerancia de los líderes parlamentarios de su partido para violentar, como en los viejos tiempos, toda la normativa legislativa y con ello cerrar toda posibilidad de diálogo y acuerdos con las otras fuerzas en el Congreso? ¿Cómo entender que en Nayarit la fuerza del gobierno federal se ponga al servicio del gobernador priista para que ¡en 2014!, se vea un proceso electoral como si estuviéramos en 1970?

¿Cómo entender que este gobierno, como ningún otro en los tiempos recientes, cuente con grandes reformas estratégicas en lo legislativo resultado del Pacto por México, y al mismo tiempo observemos la ausencia de las políticas públicas de la administración federal?

Las vueltas en U son peligrosas, aun en las vialidades vehiculares, pero las vueltas en U en la política frecuentemente provocan desastres de trascendencia nacional difíciles de remediar.

                *Expresidente del PRD

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martes, 10 de junio de 2014

La separación

En días pasados AMLO ha dicho “que se salió del PRD” porque éste participó en el Pacto por México.

Esto, simplemente, no es cierto.


Para muchas personas es conocido que desde 2010, el que fuese por dos ocasiones nuestro candidato presidencial, amagaba constantemente a la dirección del partido con abandonarlo. Llevó las cosas a tal grado que incluso presentó “formalmente” lo que él llamaba una “licencia a su militancia”. De ello hay testimonio en múltiples medios de comunicación, pero si eso no fuese suficiente, ahora es conveniente relatar una reunión en la cual AMLO reafirmó su decisión de separarse del PRD y, con ello, transitar por un camino no sólo diferente sino incluso enfrentado al de su antiguo partido. 

Semanas antes de que el Tribunal Electoral diera su fallo con respecto a las impugnaciones presentadas en la elección presidencial, a convocatoria de Marcelo Ebrard, se llevó a cabo (en las oficinas de su fundación) una reunión en donde, aparte del convocante, estuvieron presentes Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Manuel Camacho Solís, Jesús Zambrano Grijalva, quien esto escribe y otra persona de quien omito su nombre en razón de que no es un activo militante del PRD. Se convocó además a Andrés Manuel López Obrador y, desde luego, éste estuvo presente.

El propósito de dicha reunión era plantear al aún candidato presidencial la idea, de que con la enorme fuerza acumulada por las izquierdas durante el proceso electoral, el propio AMLO debería encabezar —al margen de lo que sucediera en el Tribunal— un llamado al país para la construcción de un “Gran Acuerdo Político Nacional para la transformación democrática del país, para el cambio del modelo económico y para lograr una sociedad de derechos e igualdad social”.

Esta idea fue concebida para no repetir el error de 2006, el cual aisló a la izquierda: permitió que Calderón y el PRI decidieran de manera exclusiva el rumbo del país y posibilitó que el PRI recuperase, en sólo tres años, la mayoría en el Congreso. La propuesta que compartíamos los asistentes y que llevamos a Andrés, buscaba, en sentido diferente, lograr que las izquierdas se convirtieran ante la ciudadanía, en los principales impulsores de los profundos cambios políticos y sociales que requería nuestro país, pero además (y no menos importante) que el propio AMLO asumiera la condición del líder político más influyente en la coyuntura  que entonces vivía México.

El documento que contenía esta propuesta le fue leído a AMLO por Manuel Camacho y… apenas pasaron segundos, para tener una respuesta que no logró ocultar la furia que se volvió insulto, esto es: la insinuación de la traición.

Hubo réplicas, argumentos, reflexiones del resto de los presentes, pero estos chocaban ante el muro acerado del que no quiere, del que no puede atender razones porque su autoritarismo se lo impide; porque los autoritarios, dice Amos Oz, no pueden ver al que piensa diferente sin demonizarlo, es decir, sin acusarlo de traidor.

Ante tal reacción, la reunión resultaba tan densa e incómoda que nadie más insistió en hablar; sólo Andrés Manuel, ya enfilado hacia la puerta, exhala una frase que da cuenta de una decisión previamente tomada y reafirmada en esta reunión: la de separarse del PRD. Dijo AMLO: “Está todo claro, cada quien adopta su camino, nada debo, nada me deben”. Este era una especie de epitafio a su militancia en el PRD y al mismo tiempo el acta de nacimiento de su movimiento.

Verdad a medias porque se sale del partido ante su incapacidad de reconocer cualquier error; ante la indisposición de atender cualquier opinión que difiera de la suya; ante su negativa a entender que en un partido que aspira a ser democrático, cualquiera —principalmente los dirigentes— se encuentran obligados a reflexionar, dialogar, discutir, confrontar ideas con los otros, con los que piensan diferente. En esto consiste, precisamente, lo sustantivo de la política.

No entender esto, es lo que le hizo decidir su retiro del PRD.

                *Expresidente del PRD

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martes, 3 de junio de 2014

Malestar en Brasil

En estos días, un grupo de mexicanos asistimos a Porto Alegre, Brasil, a la VIII Reunión de la Alternativa Latinoamericana, mecanismo de diálogo que reúne a líderes del progresismo y la izquierda latinoamericanos dos veces al año.


En esta ocasión analizamos las situaciones nacionales de Argentina, Chile, Colombia, Perú, América Central, Venezuela y México; y su impacto geopolítico y geoeconómico. Asimismo, analizamos el escenario electoral de Brasil.

Al analizar el caso brasileño, se observa un proceso de desaceleración en su economía, al grado de celebrar que en el primer semestre de este año 2014 el crecimiento del Producto Interno Bruto será de 0.5 por ciento.

El pobre crecimiento es, a mi juicio, el principal problema que alienta las protestas en el gigante del sur. Las personas han visto disminuir sus ingresos y crecer la burocracia, mientras, sufren la mala calidad de los servicios del Estado. A lo anterior se suma el hecho de que se ha prometido crear la gran infraestructura (aeropuertos, transporte público terrestre, mejores servicios de salud pública, entre otros) como resultado del Mundial de Futbol, lo cual no se ha cumplido, además de que se han hecho grandes gastos para la construcción y operación de los estadios. Por lo tanto, es comprensible la protesta social, la cual será de enormes proporciones y efectos terribles para la economía y la política brasileña, sobre todo si la selección nacional brasileña no gana la Copa Mundial.

En este contexto, el gobernante PT, junto con sus aliados, se encuentra en un proceso de revisión de sus propuestas programáticas, de sus comportamientos y políticas públicas, previo a las elecciones. 

El gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Herz Genro, nos comentaba que existe una ofensiva de la derecha para descalificar todo lo público, la cual se ve reforzada por un comportamiento de corrupción entre funcionarios de la izquierda que justifica esa permanente descalificación hacia “la cosa pública y la política en general. El gobernador alerta que no va a parar la descalificación de los extremismos de derecha y los conservadurismos de izquierda, pero lo que sí puede terminar es el comportamiento corrupto de funcionarios y representantes de la izquierda.

Esta situación de Brasil es muy similar a la que se vive en México y deberían atenderla todos los perredistas, especialmente quienes tienen responsabilidades de gobierno.

El PRD está obligado a realizar una reforma anticorrupción en los estados y municipios que gobernamos.

Si bien impulsamos exitosamente una reforma a nivel federal para acotar el fuero constitucional de representantes populares y servidores públicos, todo miembro del PRD en ejercicio de sus funciones públicas, estatal o federal, que las constituciones o leyes le otorguen algún tipo de fuero, sólo debería invocarlo para resguardar la inviolabilidad de sus opiniones manifestadas en el desempeño de su cargo. Deberemos también acotar el fuero de los legisladores no sólo a partir de las reformas constitucionales sino en una reglamentación rigurosa que impida y castigue los delitos y actos ilícitos en los que incurran.

Como medidas esenciales para lograr lo anterior, se debe fortalecer la participación de la sociedad en la planeación y la vigilancia de los actos de gobierno mediante el establecimiento de presupuestos participativos y órganos fiscalizadores ciudadanos, además de ser fiscalizados por los órganos constitucionales

La izquierda latinoamericana está obligada a combatir frontalmente la corrupción y la confluencia ilegítima de los intereses del poder económico con el poder público.

                *Expresidente del PRD

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