Como he reiterado en este espacio: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se sumó ni avaló el Pacto por México, sino que ha sido su impulsor y actor fundamental en sus trabajos. El mismo papel jugó en la llamada reforma a la Ley de Federal de Telecomunicaciones (telecom).
El PRD impulsó que en la reforma de telecom se garantizara la libertad de expresión, como un derecho que implica el recibir y a emitir información y opiniones sin censura, a través de los medios de comunicación. De la misma manera, se garantiza el derecho de réplica, al establecer que toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas por radio o televisión, cuya divulgación pueda causarle un perjuicio tienen derecho a efectuar en el mismo medio su rectificación (de forma gratuita).
Asimismo, impulsamos que en todo momento el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales, especificando que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado debe proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público. De esta manera, defendemos la potestad de la nación sobre las señales, pero ya no sólo sobre la base de la utilización del espacio aéreo, propiedad de la nación, sino sobre la noción de interés público.
En el mismo sentido, promovimos un nuevo régimen de concesiones basado en la transparencia e imparcialidad. Así, las concesiones deberán ser otorgadas mediante un proceso de licitación pública, a través de concursos transparentes y con reglas claras. Existirá una contraprestación económica por el otorgamiento de concesiones con fines de lucro. Paralelamente, fuimos muy insistentes en la figura de “concesiones sociales”, por lo que podrán concesionarse señales para servicios educativos, culturales, comunitarios y de orientación social.
Por otro lado, para evitar que la propaganda electoral y los anuncios comerciales sean disfrazados de información, se prohíbe expresamente la venta de tiempo de transmisión para cualquier tipo de mensaje político-electoral, mientras que la transmisión de publicidad se debe identificar como tal y diferenciarse claramente del programa.
Para que nuestras propuestas anteriormente enunciadas no queden nada más como un precepto constitucional, subrayamos la necesidad de una efectiva regulación; para ello se crea un órgano público con autonomía respecto de los poderes estatales y de las empresas reguladas, entre cuyas principales atribuciones encuentran: a) Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones; b) Regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones y el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; c) Otorgar, modificar, prorrogar y revocar concesiones en materia de telecomunicaciones; d) Salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones asegurando su acceso en adecuadas condiciones de precio y calidad; e) Vigilar el debido cumplimiento de lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia; y, f) Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
Estas son algunas de las aportaciones con las que contribuimos desde el PRD a esta trascendente reforma, la cual no fue iniciativa de un sólo poder o individuo, sino producto de las aportaciones de todos los actores que participamos en el Pacto por México.
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