martes, 30 de abril de 2013

¿El porvenir del pasado o un pasado sin porvenir?


En los días en que representantes de los tres partidos principales discutíamos sobre la pertinencia de un Acuerdo Político Nacional, uno de los temas centrales lo fue el de que dicho acuerdo debiera contribuir a la construcción en México de una sociedad de derechos.

La idea fue avanzar y culminar nuestro proceso de transición dejando definitivamente en el pasado, el Estado patrimonialista, asistencialista, autoritario, para substituirlo por un Estado democrático, social y de derecho. En tales reuniones partimos de cuando menos tres premisas.

La primera: nuestro país se encuentra colocado en lo que algunos politólogos llaman “una transición estancada” que se acompaña, además, del riesgo de la restauración del viejo régimen de partido de Estado.

La segunda: la alternancia en el gobierno no fue posible traducirla —como si sucedió en otros países— en grandes reformas de carácter político, social y económico, que nos permitieran salir de tal parálisis. A esto contribuyó el error fundamental de los gobiernos panistas de privilegiar una supuesta “estabilidad” (la que nunca lograron) a costa de mantener el statu quo. A esto mismo, es cierto que contribuyeron los otros partidos (especialmente PRI y PRD) que privilegiaron, en una coyuntura estratégica, sus intereses particulares por sobre los del país y la gente.

La tercera: el Estado mexicano experimenta, ahora mismo, una crisis estructural que se manifiesta en la extrema debilidad de varias de sus instituciones cardinales como las encargadas de la procuración e impartición de justicia o las encargadas de la aplicación de la Constitución y las leyes, para poner sólo dos ejemplos.

Por lo tanto, la vigencia del Pacto por México está condicionada al reconocimiento por el gobierno y los partidos de tales premisas y al cumplimiento de medidas claras para superarlas. Así, los firmantes del Pacto por México y principalmente el gobierno de Peña Nieto, se encuentran obligados, cuando menos, a cumplir con los siguientes preceptos básicos:

-Ninguna reforma debe tener en su forma o contenido elemento alguno que contribuya a la restauración del régimen de partido de Estado (presidencialismo omnímodo, control político-electoral de sectores sociales, “facultades” metaconstitucionales, privilegios a poderes fácticos, etcétera).

-Ninguna acción política o administrativa de los gobiernos del PRI, PAN, PRD u otros, que violentando las leyes mantengan impunidad (utilización de recursos y programas sociales con propósitos electorales, “carro completo”, corrupción de funcionarios, influyentísimo, favoritismo, etcétera).

-Y, lo más sustantivo para la vigencia del Pacto: Ningún interés particular, individual, partidario, de grupo, gremial podrá sobreponerse al interés superior de culminar la transición democrática y de construir una sociedad de derechos para todas y todos los mexicanos.

viernes, 26 de abril de 2013

La izquierda y la sociedad de derechos


Antes que nada debo agradecer la invitación que me ha hecho el Dip. Sebastián de la Rosa para escribir unas línea en la revista que el edita y que pronto podrán leer y consultar las y los guerrerenses, especialmente aquellos que asumen, desde el punto de vista del pensamiento político, como de izquierda.

Debo decir, además, que me parece de gran valía la iniciativa del compañero Sebastián por que contribuirá –así lo pienso—a superar un serio problema que daña a la izquierda mexicana y de manera particular a nuestro partido. Me refiero a la ausencia de reflexión colectiva, de discusión sobre la problemática nacional y la de Guerrero; a la ausencia del debate sobre las ideas y las concepciones y, desde luego, a la carencia de la indispensable confrontación de opiniones, tesis y planteamientos entre los militantes del PRD.

La izquierda debe diferenciarse de la derecha en muchos aspectos. Diferenciarnos en nuestro comportamiento político diario ante la ciudadanía para evidenciar que participamos en la lucha política porque abrazamos la convicción, principalmente, de que nuestro actuar no tiene otro objetivo que no sea el de lograr que nuestro país viva una profunda transformación que termine con la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, las injusticias, las realidades todas que nos laceran como nación y que nos conducen no solo a la inestabilidad política, sino más grave aún, nos conducen aceleradamente a la disgregación social.

Nos debemos diferenciar de la derecha, primordialmente, en el terreno del pensamiento político. La derecha es conservadora en estos terrenos y la izquierda debería estar en un permanente proceso de cambio, de innovación, de actualización de su ideario político. La izquierda debe caracterizarse con una actitud alejada de la ortodoxia; alejada de las visiones dogmáticas; de los pensamientos absolutistas y de las concepciones anacrónicas que, por un lado, nos alejan del conocimiento de la realidad. La izquierda mexicana debe modernizarse en muchos sentidos, pero principalmente, modernizarse en el pensamiento que postula para con ello salir de las obscuras cavernas de la ignorancia y el fanatismo. Una izquierda moderna debe ser receptiva a todos los pensamientos; abrirse, sin temores, a conocer lo que piensan los otros y decididos a poner a prueba ante los ciudadanos, nuestras tesis, nuestras propuestas y nuestros actuales paradigmas.

Nos debemos diferenciar de la derecha, también, en nuestra actitud abierta para encontrar diferencias, pero también para encontrar coincidencias con los demás, incluidos nuestros contrincantes. La vida en general y la vida política en particular , no se sintetiza en la simpleza de una indubitable polarización social y política, en el absurdo de entender a la sociedad siempre dividida y confrontada en dos bandos, del reduccionismo de que en la sociedad existimos los buenos en constante enfrentamiento contra los malos, como lo reiteran permanentemente  los sectores de derecha más reaccionaria y conservadora en México y el mundo.  George Bush, el ex presidente de los Estados Unidos, sustentó su gobierno ultra conservador y belicista en la tesis de que el poderío y la subsistencia de Norteamérica se sustentaban en una cruzada en contra de la maldad. Desde luego, él identificaba a los malos como aquellos que no se asumían como subordinados de los intereses de Estados Unidos y a las concepciones del grupo político del que formaba parte. Esta absurda tesis de entender la política como una “misión” para enfrentar la maldad tiene desde luego una connotación fanáticamente religiosa y peligrosamente está adoptada no sólo  por la ultraderecha sino incluso por sectores que se fincan dentro de la izquierda. Por el contrario la izquierda debe asumir que las sociedades, especialmente la de nuestro país, están constituidas por una amplia pluralidad cultural, étnica, religiosa, política, y por ello mismo, la izquierda debe abrirse para comprender esa diversidad social, para tratar de representarla en el esfuerzo de hacer realidad sus derechos propios, los colectivos y los individuales; la izquierda debe adentrarse en tal diversidad para que –la izquierda- pueda recrear y reelaborar su pensamiento y sus paradigmas. Frente a un comportamiento universalista y tolerante de una izquierda contemporánea, existe una visión que aunque se diga de izquierda , en realidad postula posiciones de la derecha y que tiende al absolutismo, a la edificación de verdades absolutas, a la permanencia de dogmas, en doctrinas totalitarias que se pretenden indiscutibles.

En la historia de México y de otras latitudes, expresiones de ultraderecha y de ultra izquierda se han identificado en estas visiones totalitarias y ambas lo han hecho en el nombre del Pueblo. El ejemplo más sobresaliente lo es del fascismo hitleriano y la dictadura salinista.
Por ello, una izquierda moderna debe intentar representar los intereses y los derechos de las personas más pobres y desamparadas. Esto desde luego debemos reafirmarlo permanentemente, pero también debemos representar a los trabajadores en su acepción más amplia, a las clases medias, a los empresarios (la mayoría de ellos víctimas de la voracidad de una poderosa oligarquía económica), a las personas que están, por diversas razones, impedidas de ejercer los más elementales derechos humanos y constitucionales, y ello independientemente de su condición social, su origen étnico, su profesión, su cultura. La izquierda debe representar los afanes de las y los jóvenes que son la mayoría en el país y que muchos de ellos viven en condiciones de pobreza y sin ninguna expectativa de desarrollarse en sus potencialidades para lograr condiciones de vida con dignidad y bienestar; debemos representar a las mujeres es su legitimo derecho a la igualdad, a no ser discriminadas, a ejercer plenamente su libertad y su derecho a una vida sin violencia en la familia y en la sociedad; representar a quienes luchan por preservar un medio ambiente sano; a los trabajadores de la cultura, a los artistas y en fin a la gran mayoría de la sociedad que con justeza reclama vivir con prosperidad y con bienestar. Esta nueva visión de una izquierda moderna nos hace diferentes de la  derecha que pregona el mantenimiento de un Estado de cosas injusto y de profundas desigualdades, pero también nos hace diferentes a quien asumiéndose de izquierda, en los hechos, contribuye- con sus actitudes dogmáticas, con su autoritarismo, con su sectarismo- a preservar ese status quo de desigualdad e injusticia.

La izquierda debe diferenciarse de la derecha en la defensa de las libertades. Una izquierda moderna debe ser libertaria y por lo tanto rechazar aquella anacrónica concepción de que la libertad puede sacrificarse en aras de alcanzar el objetivo del poder. La derecha, frecuentemente, pretende cancelar libertades en el nombre de la “moral”. Un ejemplo de esto lo es el tratar de impedir que personas del mismo sexo puedan formar una familia. Lo intentan en “razón” de “su” moral y su moral la pretenden imponer a toda la sociedad.
En sentido sustantivamente diferente, la izquierda debe procurar por un Estado democrático, de derecho y de ejercicio pleno de libertades. En una sociedad democrática el limite al ejercicio de la libertad de cada persona o de grupo social determinado lo fijan las leyes elaboradas y constituidas por una representación democrática del conjunto de la sociedad, y no por un concepto de moral que puede ser compartido por una parte de esa sociedad. Lo mismo sucede con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuero. Para la derecha, ese derecho de las mujeres debe ser suprimido y debe hacerse en el nombre de “una moral”  que sólo es, en todo caso, compartida por una parte de la sociedad. La derecha pugna por un Estado regido por “sus” normas morales; para la izquierda el Estado debe ser democrático, debe respetar todas las visiones morales, pero debe regirse por la ley y ésta necesariamente debe apegarse a la laicidad y en respeto a la pluralidad social.

Otra diferencia sustantiva entre la derecha y la izquierda es aquella que tiene que ver precisamente con el concepto de la sociedad de derechos,. Para la izquierda los derechos humanos no son concedidos por el Estado o por alguno de sus representantes, como por ejemplo, el gobierno. Todas las personas desde el momento de nuestro nacimiento y hasta el momento de nuestra muerte, tenemos natural y originariamente los mismo derechos humanos y constitucionales, y esa igualdad deber ser protegida y garantizada por el Estado. El derecho a la salud, por ejemplo, no es una concesión de un gobernante o de alguna autoridad y lo mismo debe de suceder con todos los demás derechos. En razón de ello, la izquierda debe caracterizarse por hacer que estos derechos sean plenamente exigibles y cumplibles. La derecha piensa de manera diferente y supone que el ejercicio de un derecho está condicionado a la circunstancia de la condición social que se nace o se vive, a una “determinación divida” que debe ser inalterable o en el mejor de los casos, a una concesión del Estado o del gobierno. La izquierda, entonces trabaja y lucha por que la sociedad mexicana sea una sociedad de derechos iguales para todos, y la derecha pugna por preservar una sociedad en donde la desigualdad es una condición “natural” de las sociedades y por lo tanto todo esfuerzo por transformarlas es inútil.

Hay desde luego muchas otras diferencias entre un pensamiento de izquierda y otro conservador y de derecha, pero por ahora mencionamos sólo algunos con el propósito de que quienes nos asumimos de izquierda nos esforcemos por evidenciar estas diferencias y ello en razón de darle sentido a nuestra militancia del PRD.

Cada vez con mayor frecuencia se observan comportamientos y actitudes de compañeros del PRD que es difícil diferenciarlas del comportamiento de la derecha. Cada vez más aparece un individualismo que se hace acompañar de esfuerzos con propósitos estrictamente de beneficio personal o grupal; no se pone en primer término para nuestra acción política, el contenido de nuestro programa sino la búsqueda de posiciones de poder i de representación que sólo buscan ascensos personales, y lo mismo sucede en la actuación de nuestros compañeros que actúan en posiciones de gobierno o en los órganos legislativos, y el resultado es que los ciudadanos no logran encontrar la diferencia entre un gobierno perredista y uno de derecha.

Por este rumbo, el futuro de nuestro partido será incierto y más aun se presenta la posibilidad de que el PRD se desvíe de sus propósitos originarios y se instale en el statu quo de un sistema político que propicia la desigualdad y la injusticia, y en donde todos los actores, incluidos los del PRD admitimos su permanencia.

Sin embargo, estamos a tiempo de corregir, especialmente en Guerrero, en donde la historia del PRD ha sido ejemplar, en donde las y los perredistas guerrerenses han aportado grandes esfuerzos para contribuir a los indispensables cambios que se requieren en esta entidad para terminar con la pobreza, con la desigualdad, con las injusticias, y podamos lograr que Guerrero pueda ser un estado en donde se avanza hacia la construcción de una sociedad de derechos para todas y todos. 

martes, 23 de abril de 2013

El retorno del ogro filantrópico: un signo de regresión


El estado posrevolucionario en México cimentó su legitimidad en una dualidad: mientras protegía y fomentaba a un selecto grupo poderoso económicamente, arropaba y privilegiaba a cúpulas sindicales que le garantizaran el control de los trabajadores. Asimismo, al tiempo que repartía dádivas a los sectores más desfavorecidos, cooptaba y reprimía cualquier protesta de éstos. Por lo anterior, Octavio Paz denominó al Estado emanado de la Revolución Mexicana como el “ogro filantrópico”.

Como atinadamente señaló el poeta, este “ogro filantrópico” estuvo desde su origen atrapado en una paradoja: a pesar de que el Estado ha sido agente cardinal de la modernización, él mismo no ha logrado modernizarse enteramente. Para Paz esta modernización no era posible debido a la fuerte dosis de autoritarismo, pero sobre todo, porque “sigue siendo un Estado patrimonialista, esto es el príncipe o el presidente, consideran al país como su patrimonio personal”.

Durante años de lucha por la democratización del régimen en México, las oposiciones, principalmente las izquierdas, lograron construir ciertas “cadenas” para aprisionar al ogro en un laberinto como al minotauro de la isla de Creta, limitando su poder y obligándolo a buscar el voto de la ciudadanía como principal fuente de legitimación política.

Desafortunadamente, la interrupción del proceso de transición a la democracia, el fracaso de la alternancia encabezada por la derecha, mantuvieron al ogro encadenado pero con vida.

Con el retorno del PRI a la Presidencia de la República, se aprecian claros signos de tentación para desencadenarlo y permitirle comportarse como lo hacía. Algunos funcionarios priistas de todos los niveles, desde el presidente de la República, pasando por gobernadores, hasta presidentes municipales, están listos para desencadenarlo y abrirle las puertas del laberinto.

El caso de la operación electoral a favor del PRI desde la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno priista de Veracruz, son una muestra de cómo se pretende utilizar los recursos públicos de manera patrimonialista para desencadenar la faceta filantrópica del ogro. Lo anterior es preocupante, pero más lo es el hecho de que no sea un caso aislado, una excepción: en la mayoría de las entidades federativas del país, se encuentran delegados de dependencias federales actuando más como operadores políticos del PRI que como funcionarios públicos imparciales.

En este contexto, el Pacto por México, que es el instrumento idóneo para reencauzar la transición a la democracia en México, está siendo minado por comportamientos como el de los funcionarios de la Sedesol que fueron sorprendidos utilizando recursos públicos a favor del PRI.

Liberar al “ogro filantrópico” sería un signo de regresión incuestionable. Si realmente existe la voluntad del Ejecutivo federal y su partido para modernizar a México, resulta indispensable que se tomen medidas que demuestren fehacientemente que no se busca empoderar al ogro, sino reforzar sus cadenas, pensando en que deje de existir para siempre.

martes, 16 de abril de 2013

La razón de Estado y el interés privado


En días pasados tuve oportunidad de escuchar a algunos respetables legisladores en referencia a la discusión que se lleva a cabo en el Senado, sobre las reformas constitucionales en materia de comunicaciones y competencia económica. Algún senador hacía una fuerte crítica a los integrantes del Pacto por México a quienes señalaba, por lo menos, de hacer una negociación excluyente y sectaria.

Desde luego que tales opiniones merecen el mayor respeto, pero también son motivo para confrontarlas en el terreno de las ideas.

El Pacto por México es un esfuerzo de negociación política entre los principales partidos que tiene el propósito de lograr un conjunto de reformas de carácter político, económico y social que son, no sólo útiles, sino además indispensables para que el país salga del marasmo de ingobernabilidad, incertidumbre, violencia, desigualdad y pobreza.

Una negociación de Estado como la del Pacto, implica la participación de actores diferentes que tienen posiciones encontradas en asuntos diversos, y que ello obliga a un esfuerzo de diálogo y acuerdos, para contrarrestar los impulsos particulares (así sean partidistas) y avanzar para hacer prevalecer en el gobierno, los partidos y entre el conjunto de la sociedad, el interés general. ¡Así debiera entenderse el quehacer de la política y ese debiera ser el propósito de nosotros, los políticos!

Contrario a esto, lo que hoy existe en nuestro país es la preponderancia de los intereses particulares (de muchos políticos, de algunos empresarios, de otros “representantes”, de no pocos ciudadanos) sobre el interés común; es decir, el bienestar de todas y todos los mexicanos.

Pero el logro de acuerdos a favor del interés general no alienta la desaparición —pensarlo así es un absurdo— de la lucha política y la confrontación de tesis e ideas entre los partidos y ciudadanos. Lograr el consenso sobre algunos temas es muy importante —especialmente en momentos de crisis como sucede hoy en México—, pero la existencia de un régimen de partidos políticos que representan opiniones e intereses diversos es indispensable en toda sociedad democrática.

¿Se traicionan identidades y convicciones partidistas cuando dirigentes, representantes, legisladores de partidos que son diferentes ideológica y programáticamente, logran acuerdos en razón del interés superior del país y de la gente? ¡Desde luego que no!, y quien lo suponga no está haciendo política y, por el contrario, se encuentra encerrado en su dogma de fe, en su fanatismo o peor aún, fingiendo defender principios partidistas se encuentra en realidad defendiendo intereses particulares o preservando privilegios personales.

Escribe Peter Sloterdijk en su libro, El mismo barco, ensayo de la hiperpolítica. “La política es el arte de lo posible: en este conocido dictum de Bismarck hay disimulada una prevención frente a la intromisión de ‘niños mayores’ en los asuntos del Estado. Seguirán siendo ‘niños’, a los ojos del estadista, aquellos adultos que nunca han aprendido ha distinguir con certeza entre lo políticamente posible y lo imposible”[…] “La política se encontraría en el vértice de una pirámide de la racionalidad que establece una relación jerárquica entre la razón de estado y razón privada”.

Ningún partidarismo o ideología debe hacer olvidar a todo político mexicano esta relación jerárquica.

martes, 9 de abril de 2013

Para los liberales juaristas


Aprobada por el Congreso de la Unión y por la mayoría de los Congresos locales, la reforma al artículo tercero de la Constitución, ha generado entre la ciudadanía diversos tipos de comportamiento. Algunos —quizás la mayoría— son de indiferencia porque no se ha logrado (o no se ha querido) difundir clara y suficientemente los alcances de dichos cambios.

Otros, ofrecen expresiones de apoyo, pues se comprende que dicha reforma, lejos de privatizar la educación pública, lo que logra es exactamente lo contrario: recupera la educación pública laica y gratuita como un derecho inalienable del pueblo de México y como obligación y facultad exclusiva del Estado el garantizarla.

La educación pública se encontraba “secuestrada”, principalmente por grupos mafiosos que la utilizaban (hasta hoy lo siguen haciendo) para satisfacer intereses político-partidarios y —corrupción de por medio— para beneficiarse personalmente.

Hay, sin embargo, grupos que se oponen a los cambios realizados. Algunos con dudas y suspicacias, pero otros motivados porque la reforma afecta claramente privilegios e intereses. Pero cuando digo intereses no me estoy refiriendo, por ejemplo, a aquellos que como derechos están establecidos en las leyes y en la propia Constitución. No hay en la reforma en cuestión, algún inciso, párrafo, frase o palabra que afecte alguno de los derechos laborales de los trabajadores de la educación y menos alguno de los derechos de los educandos.

Ciertamente, la reforma sí afecta otro tipo de “intereses” como los creados por la venta de plazas, por la entrega de éstas en función de lealtades políticas; sí afecta los intereses de miles y miles de “comisionados” sindicales que son pagados por el gobierno; sí afecta a los miles y miles de “aviadores” que cobran un salario sin trabajar en el salón de clases; sí afecta los intereses de aquellos que se roban las cuotas sindicales que aportan los millones de maestros que sí trabajan, a pesar de bajos salarios y difíciles condiciones.

Y aquellos, aunque no tengan razones, hay que decir que tienen derecho —la Constitución se los concede— a oponerse.

Sin embargo, el ejercicio de su derecho a oponerse a la reforma, tiene el límite —igualmente constitucional— del respeto a los derechos de los demás.

En el ejercicio de su libertad a oponerse ¿tienen el derecho de bloquear por horas las carreteras, a paralizar la actividad económica de ciudades enteras, a cerrar negocios, a apedrear edificios públicos y agredir a quien no comparte su punto de vista? ¡Desde luego que no! Y eso todos los mexicanos lo sabemos, porque nos lo enseñaron nuestros maestros cuando nos hacían recitar en coro la frase inmortal del Benemérito: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

martes, 2 de abril de 2013

Los Inútiles II


En colaboración anterior, hablaba de quienes adoptando el comportamiento de oposicionismo sistémico y extremista terminan siendo inútiles para lograr los cambios sociales y políticos que el país necesita.

Algunos de éstos y que se asumen de izquierda son dados a repetir ciertas “frasecillas” sin darse la menor cuenta de que están tan huecas como tambor: PUM, PUM, PUM, PUM, PUM, PUM… repiten constantemente y con estridencia “los insurreccionales”, en una rutina que los automatiza en su acción diaria y hace que ésta no tenga ninguna trascendencia política. Una, por ejemplo, de esas “frasecillas” preferidas por los inútiles de la “oposición extrema” es la siguiente: “¡a la izquierda mexicana le hace falta ideología!”

En realidad es tan vago y tan impreciso su concepto de ideología que cuesta trabajo discernir a qué se refieren, los inútiles, con esta supuesta crítica.

¿Están hablando del marxismo-leninismo? Si así es, entonces es claramente explicable su futilidad, pues algunos de los grandes y trágicos errores de la izquierda en México y en otros países, fue el de adulterar el pensamiento socialista y comunista para convertirlo —desde un falso determinismo histórico— en una religión, en una “ideología” que visiblemente ha fracasado en el propósito de lograr la igualdad, la libertad y el bienestar social.

¿Están clamando por la ideología que establece que la violencia es la partera de la historia; por aquella que pugna por la dictadura del proletariado; por la que implantó atrozmente Stalin; por la que abrazan los místicos populistas que hablan con Dios, o por la de mesianismos redentores que confunden el quehacer político con una cruzada de los “buenos contra los malos”? (Reagan, Bush, Gaddafi dixit).

Reencontrar a la izquierda con esas ideologías es un regreso a un pasado que desde luego no hay que olvidar, pero que claramente hay que superar.

Reclamamos que no debe restaurarse el viejo régimen priista, pero los de la “oposición extrema” buscan restaurar a una izquierda dogmática e ideologizada.

Por el contrario, lo que la izquierda necesita para contribuir a la igualdad, al bienestar de todas y todos los mexicanos, es exactamente, desprenderse ya de ideologías hechas catecismo para recuperar el pensamiento libre y universalista; la capacidad para construir ahora alternativas viables al injusto statu quo; para presentar soluciones tangibles a los problemas del país y de la gente; para recuperar a la democracia como principio político y como un modo de vida que hace posible, como dice Ikram Antaki, que el acuerdo no signifique traición, que el desacuerdo no sea ofensa y, quizás, lo más importante recuperar aptitud para salvaguardar “el ámbito de la política frente a los excesos de lo imposible” (Ensayo sobre la hiperpolítica. Peter Sloterdijk).

A los inútiles de la “oposición extrema” no les interesa distinguir entre lo políticamente posible y lo imposible. Hacer esta distinción les es indiferente pues medran, argumentando ideologías, de hacer imposible lo posible.