Aprobada por el Congreso de la Unión y por la mayoría de los Congresos locales, la reforma al artículo tercero de la Constitución, ha generado entre la ciudadanía diversos tipos de comportamiento. Algunos —quizás la mayoría— son de indiferencia porque no se ha logrado (o no se ha querido) difundir clara y suficientemente los alcances de dichos cambios.
Otros, ofrecen expresiones de apoyo, pues se comprende que dicha reforma, lejos de privatizar la educación pública, lo que logra es exactamente lo contrario: recupera la educación pública laica y gratuita como un derecho inalienable del pueblo de México y como obligación y facultad exclusiva del Estado el garantizarla.
La educación pública se encontraba “secuestrada”, principalmente por grupos mafiosos que la utilizaban (hasta hoy lo siguen haciendo) para satisfacer intereses político-partidarios y —corrupción de por medio— para beneficiarse personalmente.
Hay, sin embargo, grupos que se oponen a los cambios realizados. Algunos con dudas y suspicacias, pero otros motivados porque la reforma afecta claramente privilegios e intereses. Pero cuando digo intereses no me estoy refiriendo, por ejemplo, a aquellos que como derechos están establecidos en las leyes y en la propia Constitución. No hay en la reforma en cuestión, algún inciso, párrafo, frase o palabra que afecte alguno de los derechos laborales de los trabajadores de la educación y menos alguno de los derechos de los educandos.
Ciertamente, la reforma sí afecta otro tipo de “intereses” como los creados por la venta de plazas, por la entrega de éstas en función de lealtades políticas; sí afecta los intereses de miles y miles de “comisionados” sindicales que son pagados por el gobierno; sí afecta a los miles y miles de “aviadores” que cobran un salario sin trabajar en el salón de clases; sí afecta los intereses de aquellos que se roban las cuotas sindicales que aportan los millones de maestros que sí trabajan, a pesar de bajos salarios y difíciles condiciones.
Y aquellos, aunque no tengan razones, hay que decir que tienen derecho —la Constitución se los concede— a oponerse.
Sin embargo, el ejercicio de su derecho a oponerse a la reforma, tiene el límite —igualmente constitucional— del respeto a los derechos de los demás.
En el ejercicio de su libertad a oponerse ¿tienen el derecho de bloquear por horas las carreteras, a paralizar la actividad económica de ciudades enteras, a cerrar negocios, a apedrear edificios públicos y agredir a quien no comparte su punto de vista? ¡Desde luego que no! Y eso todos los mexicanos lo sabemos, porque nos lo enseñaron nuestros maestros cuando nos hacían recitar en coro la frase inmortal del Benemérito: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
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