El estado posrevolucionario en México cimentó su legitimidad en una dualidad: mientras protegía y fomentaba a un selecto grupo poderoso económicamente, arropaba y privilegiaba a cúpulas sindicales que le garantizaran el control de los trabajadores. Asimismo, al tiempo que repartía dádivas a los sectores más desfavorecidos, cooptaba y reprimía cualquier protesta de éstos. Por lo anterior, Octavio Paz denominó al Estado emanado de la Revolución Mexicana como el “ogro filantrópico”.
Como atinadamente señaló el poeta, este “ogro filantrópico” estuvo desde su origen atrapado en una paradoja: a pesar de que el Estado ha sido agente cardinal de la modernización, él mismo no ha logrado modernizarse enteramente. Para Paz esta modernización no era posible debido a la fuerte dosis de autoritarismo, pero sobre todo, porque “sigue siendo un Estado patrimonialista, esto es el príncipe o el presidente, consideran al país como su patrimonio personal”.
Durante años de lucha por la democratización del régimen en México, las oposiciones, principalmente las izquierdas, lograron construir ciertas “cadenas” para aprisionar al ogro en un laberinto como al minotauro de la isla de Creta, limitando su poder y obligándolo a buscar el voto de la ciudadanía como principal fuente de legitimación política.
Desafortunadamente, la interrupción del proceso de transición a la democracia, el fracaso de la alternancia encabezada por la derecha, mantuvieron al ogro encadenado pero con vida.
Con el retorno del PRI a la Presidencia de la República, se aprecian claros signos de tentación para desencadenarlo y permitirle comportarse como lo hacía. Algunos funcionarios priistas de todos los niveles, desde el presidente de la República, pasando por gobernadores, hasta presidentes municipales, están listos para desencadenarlo y abrirle las puertas del laberinto.
El caso de la operación electoral a favor del PRI desde la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno priista de Veracruz, son una muestra de cómo se pretende utilizar los recursos públicos de manera patrimonialista para desencadenar la faceta filantrópica del ogro. Lo anterior es preocupante, pero más lo es el hecho de que no sea un caso aislado, una excepción: en la mayoría de las entidades federativas del país, se encuentran delegados de dependencias federales actuando más como operadores políticos del PRI que como funcionarios públicos imparciales.
En este contexto, el Pacto por México, que es el instrumento idóneo para reencauzar la transición a la democracia en México, está siendo minado por comportamientos como el de los funcionarios de la Sedesol que fueron sorprendidos utilizando recursos públicos a favor del PRI.
Liberar al “ogro filantrópico” sería un signo de regresión incuestionable. Si realmente existe la voluntad del Ejecutivo federal y su partido para modernizar a México, resulta indispensable que se tomen medidas que demuestren fehacientemente que no se busca empoderar al ogro, sino reforzar sus cadenas, pensando en que deje de existir para siempre.
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