En los días en que representantes de los tres partidos principales discutíamos sobre la pertinencia de un Acuerdo Político Nacional, uno de los temas centrales lo fue el de que dicho acuerdo debiera contribuir a la construcción en México de una sociedad de derechos.
La idea fue avanzar y culminar nuestro proceso de transición dejando definitivamente en el pasado, el Estado patrimonialista, asistencialista, autoritario, para substituirlo por un Estado democrático, social y de derecho. En tales reuniones partimos de cuando menos tres premisas.
La primera: nuestro país se encuentra colocado en lo que algunos politólogos llaman “una transición estancada” que se acompaña, además, del riesgo de la restauración del viejo régimen de partido de Estado.
La segunda: la alternancia en el gobierno no fue posible traducirla —como si sucedió en otros países— en grandes reformas de carácter político, social y económico, que nos permitieran salir de tal parálisis. A esto contribuyó el error fundamental de los gobiernos panistas de privilegiar una supuesta “estabilidad” (la que nunca lograron) a costa de mantener el statu quo. A esto mismo, es cierto que contribuyeron los otros partidos (especialmente PRI y PRD) que privilegiaron, en una coyuntura estratégica, sus intereses particulares por sobre los del país y la gente.
La tercera: el Estado mexicano experimenta, ahora mismo, una crisis estructural que se manifiesta en la extrema debilidad de varias de sus instituciones cardinales como las encargadas de la procuración e impartición de justicia o las encargadas de la aplicación de la Constitución y las leyes, para poner sólo dos ejemplos.
Por lo tanto, la vigencia del Pacto por México está condicionada al reconocimiento por el gobierno y los partidos de tales premisas y al cumplimiento de medidas claras para superarlas. Así, los firmantes del Pacto por México y principalmente el gobierno de Peña Nieto, se encuentran obligados, cuando menos, a cumplir con los siguientes preceptos básicos:
-Ninguna reforma debe tener en su forma o contenido elemento alguno que contribuya a la restauración del régimen de partido de Estado (presidencialismo omnímodo, control político-electoral de sectores sociales, “facultades” metaconstitucionales, privilegios a poderes fácticos, etcétera).
-Ninguna acción política o administrativa de los gobiernos del PRI, PAN, PRD u otros, que violentando las leyes mantengan impunidad (utilización de recursos y programas sociales con propósitos electorales, “carro completo”, corrupción de funcionarios, influyentísimo, favoritismo, etcétera).
-Y, lo más sustantivo para la vigencia del Pacto: Ningún interés particular, individual, partidario, de grupo, gremial podrá sobreponerse al interés superior de culminar la transición democrática y de construir una sociedad de derechos para todas y todos los mexicanos.
por eso es muy importante que los acuerdos a nivel electoral cuenten con concenso de la ciudadania, aquí en Q. Roo no estamos de acuerdo con la cualición con el Pan, pues a diferencia de nosotros que tenemos una representación importante, ojo la mayoria de la población voto por el PRD y el pan quedo en 3° lugar no estamos de acuerdo con tener candidatos del Pan, que han demostrato su oportunismo al brincar de un partido a otro de acuerdo con las decisiones caso Orlando Muñoz, que en menos de 4 meses de ser del Pri, cambio al PRD y ahora es del pan como candidato de la cualición, Nueva Izquierda creo deve ser sencible al mandato de los ciudadanos, no queremos falsos lideres, no queremos tampoco, grupos familiares que inscribieron a toda la familia, solo falto el perro y el perico porque no tenian credencial de elector, creo que somos un partido político de izquierda, no un negocio familiar
ResponderBorrartu compañera y amiga
Gerrie l. Lejtik