Cassez: expediente abierto

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El 23 de enero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Florence Cassez al considerar que hubo violaciones a sus derechos fundamentales en el proceso que condujo a su condena a 60 años por colaborar con la banda de secuestradores Los Zodiaco.

La francesa fue arrestada el 8 de diciembre de 2005 en el estado de Morelos y llevada a un rancho a fin de que participara en un montaje televisivo preparado por las autoridades. El montaje realizado al día siguiente, simuló una operación en vivo en la cual la Policía Federal arrestaba a Cassez, transmitida supuestamente en vivo y en directo por Televisa y TV Azteca. Poco más de un año después, Genaro García Luna, quien fungía entonces como director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), admitió que a “petición” de las televisoras simuló la detención.

La SCJN determinó que la captura de la francesa, así como los actos de autoridad, estuvieron plagados de ilegalidades, las cuales atentaron contra el debido proceso, resaltando la violación del principio de presunción de inocencia, la negación de la asistencia consular tras el arresto.

Información pública, incluyendo testimonios de víctimas de secuestro de la banda de Los Zodiaco, indica que Cassez estuvo involucrada con la organización criminal, pero la impericia, abuso de autoridad y protagonismo mediático de las autoridades federales de ese entonces, impidieron integrar un expediente judicial que resistiera la revisión de un órgano jurisdiccional imparcial.

Tal vez la Policía y el Ministerio Público federal se allegaron de pruebas en contra de la detenida, pero al hacerlo, violando garantías constitucionales y derechos humanos, estas pruebas carecieron de valor probatorio al ser obtenidas ilegalmente.

Ante la responsabilidad criminal de Cassez, la decisión de la SCJN de liberarla ha generado malestar y frustración entre la población en general.

Con ayuda de algunas empresas mediáticas y sectores ligados al ex presidente Calderón, se ha generado un ambiente contrario a la Suprema Corte, tratando de minimizar el hecho de que este órgano no tuvo otra opción frente a las violaciones a las garantías individuales que no permitieron conducir el caso en el marco del debido proceso y arribar a la determinación de la verdad jurídica.

A pesar de la liberación de la ciudadana francesa, este caso está abierto. Resulta indispensable, sobre todo después de que la SCJN determinó que existieron violaciones a derechos, abusos de autoridad y actuaciones al margen de la ley que se proceda penal, administrativa y políticamente contra todos aquellos funcionarios policiacos y ministeriales que con sus acciones, orientadas más al lucimiento de la imagen presidencial que a la búsqueda de la justicia, provocaron que una persona involucrada en uno de los delitos que más lastima a nuestra sociedad haya quedado libre. Sería una tragedia que quedaran impunes quienes finalmente son los responsables de que no se haya hecho justicia.

El egoísmo partidario

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La vida política del país experimenta un serio problema que los políticos no hemos acertado en resolver y cuya esencia se localiza en lo que llamo “egoísmo partidario”.

El egoísmo, según el diccionario significa: “la tendencia a considerar, privilegiar sobre cualquier cosa el interés personal”. En ese sentido el “egoísmo partidario” sería “la tendencia a considerar, privilegiar sobre cualquier cosa el interés partidario”. Así, de esta manera, los partidos que deberían ser representantes de la sociedad o de una parte de ésta, que deberían trabajar por hacer realidad una propuesta, un programa que represente las aspiraciones, los intereses de la sociedad o de una parte de ella, se “desnaturalizan”, pierden su razón de ser originaria y en lugar de ser medios para lograr un propósito social, se convierten en sí mismos, en un fin.

De ser representantes de partes o sectores de la sociedad, se deforman —ante esa sociedad— en representantes de sí mismos.

En El Contrato Social, Jean Jacques Rousseau dice que “en la medida que el Estado está mejor organizado más preeminencia tienen los negocios públicos sobre los privados”. Esto no sucede ahora en México y así se observa en diversos ámbitos y espacios del Estado, al grado de que los partidos que son parte de éste y que —al margen de la ideología que enarbolan— debieran entenderse como instituciones de servicio público y para el interés general, dan preeminencia sin excepciones, a los intereses que en estricto sentido de la palabra, les son estrictamente “privados”.

De defensores de los derechos e intereses de los ciudadanos se están convirtiendo en defensores de sus “derechos e intereses” frente a los ciudadanos.

Como he dicho, esto sucede en mayor o menor medida, en todos los partidos (en los que tienen registro y en los que aspiran a tenerlo) y lo que debiera ser parte esencial de ellos en un Estado democrático, es una permanente lucha y un constante esfuerzo por hacer posibles sus propuestas programáticas en razón del interés general. Sin embargo, se está convirtiendo en la sinrazón de preservarse a sí mismos como única causa de su existencia.

A esta problemática algunas personas de pensamiento autoritario y absolutista tienen como “solución” la desaparición de los partidos; otros tienen como alternativa el regreso al régimen, igualmente autoritario de partido de Estado. Desde luego, ello es descabellado y por principio debiera desecharse. ¿Pero entonces en dónde se encuentra la respuesta a esta dolencia de nuestro sistema político?

Me parece que se encuentra entre los demócratas de todos los partidos (en nuestro caso a los Demócratas de Izquierda) que debemos adoptar varias decisiones en lo inmediato y que deben de materializarse en reformas legislativas de fondo y en comportamientos políticos diferentes a los que ahora realizamos.

De las primeras es necesario que se modifique la Constitución, para que además de ser los partidos entidades de interés público, sean instituciones para el interés público. Se requiere una ley de partidos políticos en donde se establezca, entre otras, ésta última obligación fundamental y las sanciones obligadas a quien no las cumpla. Se requiere de la creación del Instituto Nacional Electoral para que las representaciones locales de los partidos dejen de ser controladas por los gobernadores. Se necesita modificar el concepto del fuero constitucional para que no sea utilizado como escudo de impunidad de representantes y funcionarios. De una normatividad para que los gobiernos y los representantes electos estén obligados a aplicar el programa que ofrecieron durante las campañas y especialmente, es indispensable regular estrictamente el uso de los recursos públicos y del dinero privado en la actividad de los partidos.

Por último, el Pacto por México es una acción política que de manera directa ataca el “egoísmo partidario”. El Pacto hace que los partidos salgan de esa dinámica, de sus eternas disputas internas que poco o nada tienen que ver con los intereses públicos, y en sentido contrario pacten —como lo han hecho algunos— para darle preeminencia a los temas que más interesan a la gente y que son en beneficio del país.

Este pacto no elimina las diferencias entre los partidos, menos aún hace desaparecer la lucha de éstos por acceder al poder y, por lo tanto, no cancela la confrontación de tesis y programas. Lo que sí hace, cuando menos desde la perspectiva del PRD, es recuperar en algo lo principal de nuestra razón de existencia: Luchar por hacer realidad nuestro programa y que éste tenga como única razón la igualdad y el bienestar de la gente.

El que pacta, transa: el sustrato de la antipolítica

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Es bastante común entre politólogos o periodistas que para sus reflexiones sobre el Pacto por México recurran al ejemplo de los Pactos de la Moncloa, que se llevaron a cabo en España después del franquismo y que, sin duda, dieron espacio y camino para que este país avanzara hacia la modernidad en todos los sentidos; se pudiera convertir, en relativamente poco tiempo, en una nación integrada a Europa, que dejara el aislacionismo en que la mantuvo la dictadura y finalmente, diera pasos enormes en su desarrollo.

Los Pactos de la Moncloa contuvieron decisiones en materia política —el cambio de régimen para acceder a la democracia—, en materia económica y social —la vigencia de las libertades y un mayor bienestar para el conjunto de las y los españoles— y, a mi juicio lo más importante, en materia de la reconstitución de un Estado democrático y de derecho.

En los mencionados acuerdos participaron los republicanos y los monárquicos; los falangistas, los franquistas, los comunistas y socialistas; además de otras fuerzas políticas diversas y todas, como se sabe, enfrentadas entre sí —incluso militarmente— durante años.

La inclusión de todas o la gran mayoría de las fuerzas políticas y partidos es lo que le dio el mejor sustento para la realización, la viabilidad y la concreción de dichos pactos. Habrá, pero serán pocos, los que afirmen que los Pactos de la Moncloa no sirvieron para dar lugar a una transformación profunda por la vía de un pacto para la transición política. Durante varias décadas España avanzó y fue ejemplo de una transición pacífica.

En este momento existe una situación de crisis económica que es profunda y que está deteriorando no sólo las relaciones políticas y la democracia sino que se encuentra impactando la crisis, la vida de las y los españoles. Hoy se acentúa la desigualdad, aumenta de manera alarmante el desempleo, la pobreza y en general el nivel de vida de los habitantes de aquel país peninsular. Hay que mencionar, además, que la crisis propicia que el asunto de las nacionalidades autónomas, que en algún modo se desarrollaban en el marco de los principios constitucionales, ahora —este tema— tan sensible se esté deteriorando al grado de poner en riesgo la integridad misma del Estado español.

En esa difícil realidad, el periódico El País ha publicado una encuesta en donde, entre otras cosas, pregunta a los entrevistados: ¿Si consideran necesario, para resolver la crisis y sus consecuencias, el establecimiento de un PACTO entre los líderes políticos, sociales, partidos y gobiernos de las nacionalidades? El resultado de la encuesta que es publicada en el mencionado periódico dice que ¡más de 80% de los simpatizantes del Partido Popular (PP) y más de 80% de los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consideran necesario ¡UN NUEVO PACTO!

Los mexicanos estamos más acostumbrados a los enfrentamientos y si bien hay en nuestra historia pactos exitosos, sigue prevaleciendo entre sectores importantes de la población la perniciosa idea (alentada durante décadas por el sistema priista y por los sectores más totalitarios) de que el que acuerda, transa. El que acuerda, transa es la visión que sintetiza la antipolítica y es el sustrato que alimenta la exclusión, la intolerancia y los totalitarismos.

Tenemos poca experiencia en política de acuerdos, pero hay en otras latitudes, otros países que sí la tienen —España, Chile, Sudáfrica, Brasil, etcétera— y de los cuales debiéramos, con humildad, aprender.

Sociedad de derechos vs. ogro filantrópico

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En la gloriosa Revolución Francesa de 1789 se dio el cambio histórico más importante en las relaciones sociales y particularmente entre aquellas que tienen que ver con el ejercicio del poder.

La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano marca el fin y al mismo tiempo el inicio de una nueva era en la humanidad. Esta declaración es el principio de la instauración en el mundo de lo que ahora llamamos Sociedad de Derechos.

La Asamblea Nacional estableció como derechos “naturales e imprescriptibles”, la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión e igualmente reconoce que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y la justicia.

Han pasado más de 200 años desde esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en México recién hablamos de reformar a la Constitución política y a otras leyes para reconocernos, la sociedad mexicana, como una sociedad de derechos.

En el antiguo sistema priista los derechos de los ciudadanos existían formalmente en la Constitución, pero en los hechos era el hombre fuerte, el caudillo, el cacique, el Presidente en turno, quien decidía si se podían ejercer. Esta suplantación de la soberanía popular no se terminó plenamente con la alternancia y desde luego que existe ahora en no pocos grupos de presión y de poder, la pretensión de regresar al sistema del “soberano poder presidencial” que en los hechos cancelaría la ansiada, durante tantos años, sociedad de derechos.

La base de esa sociedad de derechos se encuentra en el artículo primero Constitucional, especialmente, a partir de las enmiendas que se aplicaron en la reforma del año 2001, donde se establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias (sexuales, reforma 2012) el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” y la reforma del año 2012 que obliga a las autoridades a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Estos párrafos de la Constitución son la antítesis del “ogro filantrópico” como definía Octavio Paz al Estado mexicano presidencialista. Ese ogro rapaz y también dadivoso (…) acostumbrado a extraer y gastar, a succionar y despilfarrar a financiar clientelas vendiendo petróleo y a vivir de su producción (Denise Dresser, 2009).

En realidad ésa es la gran disyuntiva del país en la actualidad. O somos capaces de construir a la sociedad mexicana como una sociedad de derechos exigibles y cumplibles o, como quieren algunos, revivimos al monstruo, al ogro filantrópico, aquel que quita todo para entregar migajas; al que anula derechos para dar concesiones, al que da ayudas a los pobres (Procampo, Solidaridad) en lugar de garantizar, en el uso de sus facultades, el ejercicio pleno de los derechos humanos y constitucionales para todas y todos los mexicanos.

La desaparición del ogro filantrópico no será por voluntad de él mismo; por el contrario, sólo podría ser posible como resultado de una acción política y social de la que participen —y es mejor en acuerdos— todas y todos aquellos que comprendemos que el cambio fundamental que necesitamos es el de dejar de ser un país de súbditos que piden canonjías al Presidente para convertirnos en ciudadanos que le exigen al Estado el cumplimiento de sus derechos.

Los poderes fácticos no son invencibles

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Como observamos recientemente, sobre todo con la reforma educativa, el Pacto por México comienza a concretarse. El impulso a las reformas planteadas en el Pacto deberá aprovecharse en 2013 para llevar a cabo las acciones legislativas y ejecutivas que permitan hacer realidad los objetivos ahí planteados.

Por otra parte, uno de los puntos del Pacto por México más estratégicos para el desarrollo del país es el relativo a las telecomunicaciones. Para garantizar un acceso equitativo de clase mundial, se tienen contempladas, entre otras, las siguientes medidas:

1.- Se reformará la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y para evitar que las empresas de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos.

2.- Desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones, garantizando el crecimiento de la red de CFE; los usos óptimos de las bandas 700MHz y 2.5GHz y el acceso a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del Estado.

3.- Crear una instancia específicamente responsable de la agenda digital nacional que se encargue de garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios públicos, fomentando la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico, e instrumentando una estrategia de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos.

4.- Fortalecer la competencia en radio y televisión, para lo cual se licitarán más cadenas nacionales, implantando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio difundidas (must carry), así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de televisiones de paga (must offer), imponiendo límites a la concentración de mercados y a las concentraciones de varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para asegurar un incremento sustancial de la competencia.

5.- Fortalecer la competencia en telefonía y servicios de datos, para lo cual se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada de otros operadores, incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas de concentración, conforme a las mejores prácticas internacionales.

Se licitará la construcción y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo con 90MHz en la banda de 700MHz para aprovechar el espectro liberado por la Televisión Digital Terrestre.

6.- Legislar una nueva arquitectura institucional para el sector, en la cual la Comisión Federal de Competencia cuente con mejores herramientas legales para determinar y sancionar posiciones dominantes, precisando en la ley los tipos penales violatorios en materia de competencia; reforzar la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula; y, crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades del sector.

Obviamente, estas reformas encontrarán la reticencia de los intereses que se pretenden regular, sobre todo de los actores monopólicos en posición de dominancia. Sin embargo, con la reforma educativa quedó en evidencia que cuando las principales fuerzas políticas deciden con visión de Estado, los poderes fácticos no son invencibles.