El 23 de enero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Florence Cassez al considerar que hubo violaciones a sus derechos fundamentales en el proceso que condujo a su condena a 60 años por colaborar con la banda de secuestradores Los Zodiaco.
La francesa fue arrestada el 8 de diciembre de 2005 en el estado de Morelos y llevada a un rancho a fin de que participara en un montaje televisivo preparado por las autoridades. El montaje realizado al día siguiente, simuló una operación en vivo en la cual la Policía Federal arrestaba a Cassez, transmitida supuestamente en vivo y en directo por Televisa y TV Azteca. Poco más de un año después, Genaro García Luna, quien fungía entonces como director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), admitió que a “petición” de las televisoras simuló la detención.
La SCJN determinó que la captura de la francesa, así como los actos de autoridad, estuvieron plagados de ilegalidades, las cuales atentaron contra el debido proceso, resaltando la violación del principio de presunción de inocencia, la negación de la asistencia consular tras el arresto.
Información pública, incluyendo testimonios de víctimas de secuestro de la banda de Los Zodiaco, indica que Cassez estuvo involucrada con la organización criminal, pero la impericia, abuso de autoridad y protagonismo mediático de las autoridades federales de ese entonces, impidieron integrar un expediente judicial que resistiera la revisión de un órgano jurisdiccional imparcial.
Tal vez la Policía y el Ministerio Público federal se allegaron de pruebas en contra de la detenida, pero al hacerlo, violando garantías constitucionales y derechos humanos, estas pruebas carecieron de valor probatorio al ser obtenidas ilegalmente.
Ante la responsabilidad criminal de Cassez, la decisión de la SCJN de liberarla ha generado malestar y frustración entre la población en general.
Con ayuda de algunas empresas mediáticas y sectores ligados al ex presidente Calderón, se ha generado un ambiente contrario a la Suprema Corte, tratando de minimizar el hecho de que este órgano no tuvo otra opción frente a las violaciones a las garantías individuales que no permitieron conducir el caso en el marco del debido proceso y arribar a la determinación de la verdad jurídica.
A pesar de la liberación de la ciudadana francesa, este caso está abierto. Resulta indispensable, sobre todo después de que la SCJN determinó que existieron violaciones a derechos, abusos de autoridad y actuaciones al margen de la ley que se proceda penal, administrativa y políticamente contra todos aquellos funcionarios policiacos y ministeriales que con sus acciones, orientadas más al lucimiento de la imagen presidencial que a la búsqueda de la justicia, provocaron que una persona involucrada en uno de los delitos que más lastima a nuestra sociedad haya quedado libre. Sería una tragedia que quedaran impunes quienes finalmente son los responsables de que no se haya hecho justicia.
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