En algunos integrantes de la izquierda y de manera particular entre militantes del PRD, existe la convicción de que el Estado Mexicano padece de una severa crisis estructural cuyas manifestaciones observamos todos los días y “a flor de piel”.
Sé que habrá quienes concluyan que exageramos respecto a la crisis estructural del Estado, pero permítanme dar algunos de nuestros argumentos. Por ejemplo, las instituciones del Estado encargadas de la procuración e impartición de justicia viven (casi todas) una grave crisis de carácter normativa, funcional y desde luego de credibilidad; lo mismo sucede con aquellas otras instituciones encargadas de la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad de las personas, en su vida y en su patrimonio.
La crisis de las policías en los diversos niveles de gobierno, es de tal magnitud que no sólo son claramente ineficaces en el cumplimiento de tal tarea, sino que incluso es una fuerza armada que frecuentemente se vuelve contra el propio Estado.
¿Y qué decir de la soberanía del Estado sobre el territorio nacional? En la realidad actual, el Estado ha perdido control en no pocas partes de nuestro territorio y en éstas, la norma que rige no es la Constitución y tampoco es la fuerza del Estado —en sentido contrario— la que se impone, es la de los poderes fácticos —la delincuencia organizada, de manera sobresaliente—que dictan la norma que verdaderamente se aplica.
Igualmente, entendemos que un Estado moderno debe mantener controles normativos sobre algo que es igual o más importante que el territorio, y me refiero desde luego, a la economía. Es obvio que en los tiempos contemporáneos, el Estado que pierde el control de su economía nacional y de sus finanzas públicas pierde soberanía. En nuestro país, antes que el Estado, son los monopolios y otros poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros los que deciden de manera determinante la situación de nuestra economía.
Pero quizás una de las manifestaciones más delicadas de esto que identificamos como crisis estructural del Estado, la podemos observar en las instituciones representativas de los ciudadanos, de manera particular en los partidos políticos y el Congreso.
Estoy seguro que no se pierde de vista por los lectores, de la permanente campaña, desde diversos medios y espacios de poder, para descalificar, desprestigiar y finalmente debilitar, aún más, a estas instituciones de representación. De ello hay causas atribuibles a la irresponsabilidad de los políticos. Pero hay otras que son alentadas desde visiones autoritarias, las mismas que añoran el viejo régimen de partido de Estado y que pugnan por reinstalarlo.
Hay esas pretensiones. Pero también es verdad que el sistema de partidos que hoy tenemos, no está respondiendo a las necesidades del país. Estamos, unos más unos menos, atrapados en un laberinto en donde pequeños intereses, chovinismos partidarios o hasta ridículas vanidades personales, se sobreponen al interés superior que debiera ser, como dice la Constitución, promover la participación ciudadana en la vida democrática, contribuir a constituir la representación nacional y hacer posible a través del sufragio, el acceso de los ciudadanos al poder público.
Así como es un absurdo suponer que la solución a la crisis de las instituciones de procuración de justicia es desaparecerlas, igualmente la crisis de las instituciones representativas no se soluciona desapareciendo a los partidos. En sentido diferente, la debilidad del Estado se podrá superar si estos se fortalecen reformándolos y haciéndolos actores influyentes para la solución de los grandes problemas del país.
Es así, que al impulsar una serie de reformas que fortaleciendo las instituciones representativas de los ciudadanos, contribuyen a su vez a dar una respuesta a la crisis estructural del Estado. No es lo único que debe hacerse, pero esta respuesta es fundamental. A eso, cuando menos desde el punto de vista del PRD, responde nuestra participación en la creación del Pacto por México.
Si se leen los compromisos del Pacto por México se podrá observar que esencialmente buscan restablecer la autoridad y la fortaleza del Estado mexicano a partir de que éste recupere sus responsabilidades, sus facultades y obligaciones constitucionales.
Las reformas del Pacto por México pretenden terminar con los monopolios que, sustituyendo al Estado, ahora deciden el rumbo de nuestra economía; buscan la vigencia de las instituciones encargadas de aplicar la Constitución y las leyes; la vigencia de aquellas obligadas a garantizar los derechos de las personas; y desde luego, la permanencia de aquellas cuya razón de existencia es la de representar la pluralidad de la sociedad mexicana.
Las reformas contempladas en el Pacto por México no son una opción, son una necesidad para restablecer el Estado nacional como representante del interés general.
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