Una nueva economía

Excélsior

En el año 2008 dio inició una crisis financiera internacional, como no se había visto desde el Jueves Negro de 1929. Este fenómeno tuvo su epicentro en las economías más desarrolladas y se expandió rápidamente a todo el mundo debido a los niveles de interdependencia económica existentes en la era de la globalización.

Ante la severidad de la crisis, la mayoría de los países coincidieron en diagnosticar el origen del problema en la desregulación financiera llevada a cabo en las últimas dos décadas por gobiernos de diferentes signos de todo el espectro ideológico, incluidos los socialdemócratas europeos.

El G8, foro en donde confluyen las principales economías a nivel mundial, tuvo inclusive, una reunión en donde sus integrantes, más algunas naciones invitadas para la ocasión, concluyeron que resultaba urgente una reforma del sistema financiero internacional enfocada hacia una mayor regulación en este sector.

Desafortunadamente, el poder que concentran los principales actores del sistema financiero (instituciones financieras internacionales, bancos, corredurías, etcétera) y la persistencia del dogma neoliberal de “la mano invisible del mercado” (la autorregulación), impidieron que se llevara a cabo una reforma regulatoria de gran calado. El resultado ha sido la imposibilidad de una recuperación real y sostenida de la economía internacional y la existencia de procesos de crisis recurrentes en varios países, incluido el nuestro.

Ante esta crisis financiera internacional y la presencia de un severo estancamiento de la economía en una parte importante del mundo, son necesarios cambios profundos y nuevos derroteros. En México resulta indispensable un cambio verdaderamente sustantivo del modelo económico que deje atrás el llamado “Consenso de Washington” y se inicie la construcción de una economía social de mercado cimentada en un desarrollo sostenido, sustentable e incluyente, que, en el marco de un proceso de redistribución del ingreso, tenga por objetivo la promoción del crecimiento económico, la generación de empleos y el combate de las inequidades.

Para lograr lo anterior, se requiere de una regulación pública que permita redefinir el papel del Estado y el del mercado. No son sostenibles ni el viejo estatismo ni un capitalismo salvaje (ultraliberalismo). En sentido diferente, debemos transitar hacia una economía social de mercado en donde el poder público, sin asfixiar la creatividad y la innovación de los particulares, acote y evite los excesos y distorsiones que sin dicha debida regulación, constantemente se presentan.

Ciertamente se requiere apoyar al sector empresarial nacional con políticas apropiadas en el ámbito fiscal, financiero, para restablecer los mecanismos del financiamiento productivo y al mismo tiempo avanzar hacia una consistente regulación antimonopólica para que exista una sana competencia que se traduzca en mejores precios y calidad de mercancías y servicios, en mayor producción y consumo. A la par, se necesita de una fuerte inversión productiva por parte del Estado para superar rezagos en áreas estratégicas (como la educación, la investigación y el desarrollo del conocimiento); para impulsar la creación de millones de nuevos empleos; para alentar el mercado interno, y finalmente para garantizar la adecuada inserción del aparato productivo nacional en los circuitos comerciales internacionales.

Al dejar atrás el modelo basado en la sobreexplotación petrolera, en la especulación financiera y en el apoyo a los monopolios privados, se darán pasos significativos hacia una economía productiva que genere nuevos empleos y con ello se combata de manera eficaz la terrible desigualdad y la pobreza que padece la mayoría de la población.

Ésta es la alternativa que debe de plantearse desde la izquierda y que se encuentra enarbolada por AMLO, es decir, la de un Estado democrático, social y de derecho que preserve la libertad individual, la democracia política y que impulsa una verdadera economía de mercado regulada, sin monopolios y socialmente rentable.

Las Telebancadas

Nos gana la inercia presidencialista y las elecciones federales no tienen otros protagonistas que los candidatos presidenciales. Somos una República sui géneris; una República en donde se impone la supremacía del poder Ejecutivo. Los otros poderes existen y en ocasiones aparecen ante la vista de los ciudadanos, pero lo hacen en funciones secundarias, muchos apenas como poderes asistentes de la sacrosanta presidencia. 

El mismo 1 de julio, también se renueva el poder Legislativo y se cambian poderes estatales, pero ello, tal parece, no importa o importa muy poco. 

¿Quiénes son los candidatos a diputad@s en los distritos, quiénes son los de representación proporcional, quiénes aspiran a ser senador@s? ¡Pocos lo saben! por que toda la atención, mucha o poca, se orienta al seguimiento de los candidatos presidenciales. No se comprende de manera suficiente que la composición de las cámaras -a pesar del desprecio y escarnio que a diario viven- será muy importante para el país. Tanto o más que la propia Presidencia.

Las y los candidatos a legisladores deambulan en el México presidencialista como deambulan las almas en el Comala de Pedro Paramo, aparecen y desaparecen como si no existieran, a pesar de que muchos de ellos, por su trayectoria, conocimientos, experiencia y convicciones, son ciudadan@s que jugarán un papel muy importante en los próximos años.

El PRD (como sucede en otros partidos) tiene magníficos candidat@s tanto a diputad@s como a senador@s, quienes representan en buena parte la pluralidad de México. Son líderes políticos, militantes partidistas, dirigentes sociales, empresarios, estudiantes, académicos, obreros, defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Desde luego todos en la necesaria igualdad entre los géneros.

Sin soslayo para alguno de ellos, quiero resaltar, por circunstancias que mas adelante explico, el caso de Purificación Carpinteyro, candidata a diputada federal por el PRD. Resulta que desde poderosos intereses económicos y políticos, se pretende impedir que sea candidata y, desde luego, diputada. Ya desde el proceso electoral de 2009 la propusimos, como parte de una política de apertura a las candidaturas ciudadanas para que fuese integrante de la Cámara de Diputados. No se logró en esa ocasión tal propósito porque algunos dirigentes del partido, se opusieron intransigentemente con actitudes francamente conservadoras o por no resistir indebidas presiones. Afortunadamente, para la actual elección, logramos alcanzar el consenso necesario y así poder postular a Purificación Carpinteiro al Congreso de la Unión.

La ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, cuenta con los conocimientos técnicos y la experiencia política para poder impulsar una nueva agenda relativa a las telecomunicaciones, la cual incluye promover el desarrollo eficiente del sector; Regular la prestación de los servicios y redes de telecomunicaciones, así como el uso y explotación del espectro radioeléctrico; un régimen de concesiones, transparente y con reglas claras, que fomente la diversificación y competencia, aumentando la cobertura.

Vigilar el debido cumplimiento de lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia; ampliar la convergencia de redes, formatos, recursos y contenidos a fin de que se garantice un uso intensivo y diverso de las redes de información, independientemente de su soporte original; y sobre todo, salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, asegurando su acceso en condiciones adecuadas de precio y calidad.

Como es lógico, esta agenda del PRD y la candidatura en específico de Purificación Carpinteyro, no es del agrado de los grandes conglomerados de las telecomunicaciones en México, en especial del poderoso duopolio televisivo. El hecho de que la ex directora general de Sepomex pueda ser obstáculo a esos intereses y una voz contraria a la “telebancada” en ciernes, ha comenzado a generar presiones por parte de ejecutivos de las principales televisoras. 

En el régimen de partidos prevaleciente en México, son éstos quienes postulan a los ciudadanos que aspiran a ser representantes populares. Y entiendo que los partidos representan programas, propuestas y también intereses.

No es ilegal que algún partido proponga como legisladores a quienes representan intereses privados. No es lo adecuado pero la ley lo posibilita. Sin embargo, lo que si es altamente reprobable es que determinados intereses privados muy poderosos, utilicen a algunos partidos (PRI, PAN, PVEM e incluso a otros que no se atreven a reconocerlo) para constituir grupos de legisladores cuya tarea será representarlos en exclusiva. Es así que en las próximas legislaturas existirán respectivas “telebancadas” que al margen, incluso de los partidos que los postulan, representarán los intereses de las televisoras. Fenómenos de esta naturaleza atentan contra la representación general y nacional del Congreso, desvirtuando el régimen de partidos. 

Las “telebancadas” son antítesis del funcionamiento, que debiera ser democrático, del Congreso. Y como la arrogancia de estos intereses no tiene límite, ahora hasta pretenden vetar a quien suponen es contraria a sus particulares intereses. Ese es el caso, entre otros, de Purificación Carpinteyro. 

Las televisoras no la quieren ni como candidata y menos como legisladora. Existen ya acciones para descalificarla bajo el falso argumento de que su candidatura es una imposición. ¡Como si a los directivos de las televisoras le preocupara la democracia! 

Resulta grotesco que las televisoras impongan personeros en otros partidos y luego finjan “alarma” por supuestas imposiciones en el PRD. Confío en que el electorado no permitirá la manipulación y mantengo certeza de que el PRD no cederá a las presiones de los intereses monopólicos y apoyará al máximo la candidatura de Carpinteyro como a las otras que abanderan a la izquierda.

Las Trampas de la Fe

Excélsior

Los presidenciales están haciendo sus campañas alimentando, no la razón, no la conciencia (el conocimiento) sino la fe, es decir, la creencia que no necesita de la evidencia. “¡Créeme, yo sí cumplo!” nos dice a diario EPN. “¡Créeme, soy diferente!” nos repite JVM.

El no estar habituados —como estamos—, a los debates políticos intensos, provoca que cualquier señalamiento público en contra de las posiciones adoptadas por alguno o por todos los candidatos a la Presidencia de la República sean inmediatamente calificados como guerra sucia. Si se señala, por ejemplo, que Peña Nieto está gastando demasiado, rebasando los topes de campaña y con ello eventualmente violentando la ley electoral, entonces sus representantes argumentan la existencia de una guerra sucia.

Si algún otro comete un yerro y eso es remarcado por los otros candidatos o por sus equipos, de igual manera, se arguye la existencia de estrategias de la guerra sucia. Una dinámica de esta naturaleza a lo que conduce —además de saturar la ventanilla de quejas del IFE— es a la ausencia de la necesaria confrontación de ideas, de propuestas y finalmente a la carencia, en la presente campaña, de un verdadero debate electoral y político que contribuya a que los ciudadanos razonen su voto.

Si no se logra claridad respecto a las diferencias entre los respectivos proyectos de los aspirantes, el país se expone a que determine el voto de una parte importante de los ciudadanos no sea dicha razón, sino que lo sea la “Fe”.

En México —después de una larga historia de poder concentrado en una sola persona— se nos acostumbró, a tener fe y esperanza más que responsabilidad y razón.

Históricamente se nos ha aconsejado que los asuntos de la política, economía y gestión gubernamental los dejemos a los “que saben de eso” y entonces la política o la economía se han convertido, como dice Tony Judt, “en una liturgia que se celebra en una lengua oscura que sólo es accesible para los iniciados. Para todos los demás, basta la fe (o la esperanza)”.

La fe en que las cosas van a cambiar, la esperanza en que el nuevo presidente, cualquiera que sea, mejorará nuestra situación. Así los presidenciales están haciendo sus campañas alimentando, no la razón, no la conciencia (el conocimiento) sino la fe, es decir, la creencia que no necesita de la evidencia. “¡Créeme, yo sí cumplo!” nos dice a diario EPN. “¡Créeme, soy diferente!” nos repite JVM.

Hay que cambiar radicalmente esta inercia y debe de iniciarse desde donde se puede, es decir: desde la izquierda. AMLO debe ser, ciertamente, el candidato de la disconformidad (ello no atenta contra la idea vertebral de la reconciliación nacional), el candidato de la crítica más intensa al estado de cosas y de la crítica más auténtica, más profunda a la demagogia de sus contrincantes. Pero para alimentar la razón y no sólo la fe, AMLO debe ser el candidato de las propuestas alternativas que sean viables, posibles y mejores.

La fe motiva, pero es el conocimiento lo que verdaderamente transforma.

Juventino Castro y Castro y la ley

Excélsior

Para la izquierda, ajustarse a la ley no ha sido una de sus convicciones vitales o de sus principios fundamentales.

Nos hemos enterado, con gran pesar, del fallecimiento de don Juventino Castro y Castro, quien fuera diputado federal del PRD y antes maestro e investigador universitario, jurista reconocido, y relevantemente, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo conocí cuando era ministro y le buscábamos para conocer de su opinión, acerca de que en México se llevara a cabo un Nuevo Pacto Nacional y derivado de ello, una Nueva Constitución General de la República. Don Juventino tenía algunas reservas muy particulares, pero coincidía en que México retomaría un rumbo de progreso si –y sólo si– prevalecía en la sociedad el principio fundamental de la prevalencia de la ley. En un gran jurista como lo era don Juventino ello resultaba obvio, pero debo decir que no era así para muchos compañeros del PRD. Para la izquierda, ajustarse a la ley no ha sido una de sus convicciones vitales o de sus principios fundamentales.

A partir de una visión dogmática del marxismo, la izquierda más bien ha despreciado a la ley bajo la idea de que: la que ahora existe es sólo para proteger los intereses de la clase dominante, de la burguesía. La “legalidad burguesa” no sólo no debiera respetarse por ser contraria a la legalidad proletaria –aquella que se construiría en la nueva sociedad socialista anunciada– sino más allá de esto, todo aquel que se preciara de autenticidad revolucionaria, debiera combatirla hasta su destrucción completa.

Esta visión absolutista propició entre organizaciones y partidos de la izquierda la convicción de que el objetivo principal –la construcción del socialismo– implicaba una actitud militante claramente al margen de esa legalidad burguesa. La cultura de la ilegalidad se observaba como algo natural y hasta obligado dentro de la lucha de la izquierda. Por ello, es que cuando la izquierda se decide a participar –allá por finales de los 70– en la lucha electoral, comienza a experimentar también un profundo cambio cualitativo en una de sus concepciones principistas. Ahora no sólo había que respetar y ajustarse a la Constitución, sino entender además que ésta y las otras leyes en lugar de ser obstáculo para los fines transformadores, son –en sentido contrario– instrumento fundamental e indispensable para el deseado cambio social.

Lo mismo sucedía con la democracia que era –y para algunos lamentablemente sigue siendo– un elemento que en ocasiones podría ser útil, pero en otras podría desecharse y despreciarse. Democracia y legalidad son incomprendidas si se toman separadas. Son una y otra necesariamente, y así están siendo entendidas por las izquierdas modernas y progresistas.

Cuando propusimos a don Juventino Castro y Castro como candidato del PRD a legislador, no pocos compañeros vieron tal posibilidad como un desatino. ¿Un jurista prestigiado, un defensor de la ley como diputado del PRD? ¡Para qué!, insistían, si lo que se necesita (según la anacrónica cultura del desprecio a la ley) son los feroces, los tenaces impugnadores de la misma.

Se impuso la razón y para bien del país, el PRD está entendiendo que la ley siendo respetada y reformada con esfuerzos, como los del diputado Juventino Castro y Castro, es una fuerza formidable para avanzar en los cambios que México necesita.

Alfonso Reyes en la campaña de AMLO

Excélsior

En los jefes de Estado cuenta la inteligencia, la experiencia y la voluntad, pero nada de ello sirve si no hay humildad para reconocer que nadie por sí solo podría sacar adelante al país.

Han iniciado las campañas electorales federales, como era previsible, la campaña de Enrique Peña Nieto se está desarrollando conforme al guión que ex profeso, le han diseñado los estrategas de las televisoras, de manera especial, Televisa. La instrucción que recibe: no debatir y si resulta inevitable hacerlo porque la ley lo ordena, entonces —como si fuera telenovela— no salirse un renglón del script. Otra instrucción es poner énfasis en la imagen no en las ideas. El mexiquense pretende ganar la Presidencia de la República enseñando la cara y no descubriendo la mente. Será una campaña de mercadotecnia clásica: “Hay que vender el producto por el empaque y no por el contenido”.

Con Josefina Vázquez Mota la estrategia se sustenta en presentarse como “ama de casa” que buscará “cuidar” al país como si fuera su residencia y “cuidar” a las y los mexicanos como si fueran sus hijos. Recurre al simplismo más ramplón y busca ganar simpatías, sobre la base de considerar que las y los ciudadanos no sólo son menores de edad, sino que además, son adolescentes de conciencia social y política. Para el PAN lo importante será explotar el instinto, la reacción y no la razón. Aparentemente, las campañas del PRI y PAN son diferentes, pero sólo lo son en los matices, pues son iguales en su contenido, esto es: menosprecio a la capacidad de reflexión y de razonamiento de las y los electores.

EPN venderá un envoltorio de celofán y JVM ofrecerá un pueril maternalismo.

López Obrador ha presentado en primer término la actitud más importante e indispensable en todo aquel que pretende ser hombre de Estado: capacidad de reconocer errores, y en ese sentido —contrario al esquema de la polarización— hoy expone y propone satisfacer la necesidad de una reconciliación nacional como el gran elemento sustantivo de cualquier gobierno que se pretenda capaz de enfrentar con éxito, la enorme problemática nacional. En los jefes de Estado cuenta la inteligencia, la experiencia, el conocimiento y la voluntad, pero nada de ello sirve si no hay humildad para saber reconocer que nadie por sí solo podría sacar adelante al país.

Y en segundo término, AMLO representa a la izquierda. Digo esto porque los individuos son importantes, pero no tanto como las ideas. Es discutible lo de una “cartilla moral”, pero no es esto lo que principalmente distinguió a Alfonso Reyes. Lo distinguió su pensamiento universalista y humanista.

De ese pensamiento desprendo lo siguiente: “Nos importa el triunfo de todas aquellas normas que exaltan al hombre en cuanto tiene de excelsamente humano […] Deseamos el triunfo de aquella filosofía política que ofrece la libertad con justicia; la coherencia entre la persona y la sociedad. […] Cuando la violencia, la impudicia, la barbarie y la sangre se atreven a embanderarse como filosofía política, la duda no es posible un instante. Nuestro brazo para las izquierdas cualesquiera sean sus errores en defecto o exceso. Ellas pugnan todavía por salvar el patrimonio de la dignidad humana, hoy tan desmedrado, tan amenazado”. (El pensamiento político de Alfonso Reyes. Sebastián Pineda).

*Integrante del PRD