Para la izquierda, ajustarse a la ley no ha sido una de sus convicciones vitales o de sus principios fundamentales.
Nos hemos enterado, con gran pesar, del fallecimiento de don Juventino Castro y Castro, quien fuera diputado federal del PRD y antes maestro e investigador universitario, jurista reconocido, y relevantemente, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo conocí cuando era ministro y le buscábamos para conocer de su opinión, acerca de que en México se llevara a cabo un Nuevo Pacto Nacional y derivado de ello, una Nueva Constitución General de la República. Don Juventino tenía algunas reservas muy particulares, pero coincidía en que México retomaría un rumbo de progreso si –y sólo si– prevalecía en la sociedad el principio fundamental de la prevalencia de la ley. En un gran jurista como lo era don Juventino ello resultaba obvio, pero debo decir que no era así para muchos compañeros del PRD. Para la izquierda, ajustarse a la ley no ha sido una de sus convicciones vitales o de sus principios fundamentales.
A partir de una visión dogmática del marxismo, la izquierda más bien ha despreciado a la ley bajo la idea de que: la que ahora existe es sólo para proteger los intereses de la clase dominante, de la burguesía. La “legalidad burguesa” no sólo no debiera respetarse por ser contraria a la legalidad proletaria –aquella que se construiría en la nueva sociedad socialista anunciada– sino más allá de esto, todo aquel que se preciara de autenticidad revolucionaria, debiera combatirla hasta su destrucción completa.
Esta visión absolutista propició entre organizaciones y partidos de la izquierda la convicción de que el objetivo principal –la construcción del socialismo– implicaba una actitud militante claramente al margen de esa legalidad burguesa. La cultura de la ilegalidad se observaba como algo natural y hasta obligado dentro de la lucha de la izquierda. Por ello, es que cuando la izquierda se decide a participar –allá por finales de los 70– en la lucha electoral, comienza a experimentar también un profundo cambio cualitativo en una de sus concepciones principistas. Ahora no sólo había que respetar y ajustarse a la Constitución, sino entender además que ésta y las otras leyes en lugar de ser obstáculo para los fines transformadores, son –en sentido contrario– instrumento fundamental e indispensable para el deseado cambio social.
Lo mismo sucedía con la democracia que era –y para algunos lamentablemente sigue siendo– un elemento que en ocasiones podría ser útil, pero en otras podría desecharse y despreciarse. Democracia y legalidad son incomprendidas si se toman separadas. Son una y otra necesariamente, y así están siendo entendidas por las izquierdas modernas y progresistas.
Cuando propusimos a don Juventino Castro y Castro como candidato del PRD a legislador, no pocos compañeros vieron tal posibilidad como un desatino. ¿Un jurista prestigiado, un defensor de la ley como diputado del PRD? ¡Para qué!, insistían, si lo que se necesita (según la anacrónica cultura del desprecio a la ley) son los feroces, los tenaces impugnadores de la misma.
Se impuso la razón y para bien del país, el PRD está entendiendo que la ley siendo respetada y reformada con esfuerzos, como los del diputado Juventino Castro y Castro, es una fuerza formidable para avanzar en los cambios que México necesita.
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