Pero qué necesidad

Excélsior

1.- Pero qué necesidad, de que en pleno siglo XXI, sectores jerárquicos de la Iglesia católica estén propiciando un enfrentamiento con el Estado. Esto sucede debido a que algunos obispos de esta asociación religiosa están organizando manifestaciones públicas para hacer evidente su rechazo a los matrimonios realizados entre personas de un mismo sexo.

   Pero qué necesidad, para qué tanto problema,no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas.

                                       Juan Gabriel.

Para la Iglesia católica, los matrimonios igualitarios son antinaturales, contrarios a la moral y contribuyen a la degradación de nuestra sociedad. En realidad lo que están haciendo es oponerse a la vigencia de la Constitución que prohíbe toda forma de discriminación, incluida la que es motivada por razones de preferencia sexual. Con este comportamiento están alentando la homofobia y el odio hacia las personas.

2.- Pero qué necesidad, que algunos de los principales dirigentes del PRI a nivel nacional, y otros en varias entidades federativas, se hayan manifestado en contra de la iniciativa del Presidente de la República para establecer en una Ley Federal el derecho de las personas, independientemente de su género y preferencia sexual, a unirse en matrimonio y formar una familia. Estos influyentes personajes, desde luego, evidencian su atraso político y su terrible conservadurismo. Pero más grave aún es el hecho de que con este comportamiento contribuyan a debilitar la condición laica del Estado mexicano. 

3.- Pero qué necesidad, de que los dirigentes de la CNTE continúen utilizando formas de lucha que afectan los derechos de otras personas. Nadie puede impedir que ejerzan su garantía constitucional a exponer sus opiniones y a manifestarse para que las autoridades escuchen sus demandas y sus exigencias al margen, incluso, de que sean o no justas. Lo que no debieran hacer es afectar el derecho, igualmente constitucional, de millones de niñas y niños a recibir educación de calidad. Un interés particular, así sea el de un gremio, no puede sobreponerse al interés general y por ello superior de garantizar educación de calidad para las niñas y los niños.

4.- Pero qué necesidad, que el INE continúe ignorando la grave falta a la ley en la que han incurrido los dirigentes del Partido Socialdemócrata de Morelos y el señor Cuauhtémoc Blanco al firmar un contrato privado que implicaba —¡qué barbaridad!— al gobierno municipal de Cuernavaca y, en consecuencia, a la vida de los habitantes de ese importante municipio. ¿No sabe el Congreso del estado o el gobernador de la entidad que los derechos constitucionales de los habitantes de Cuernavaca, como el de su seguridad, no pueden estar sujetos al cumplimiento de un contrato privado que establece, por ejemplo,  que el presidente municipal sólo estaba obligado a trabajar por cuatro horas al día y que él, Cuauhtémoc, cobraría por audiencias a la gente? ¿No saben el INE y la Fepade que la venta de candidaturas o el tráfico de influencias políticas son delitos que debieran ser perseguidos de oficio? ¿No fue esto lo que pasó en otras entidades donde candidaturas independientes u otras impulsadas por partidos fueron objeto de negocios privados?

5. Pero qué necesidad, que el gobierno de Peña Nieto insista en aumentar los precios de la electricidad y de las gasolinas como instrumento de su política fiscal. Eso es un grave error de gestión económica, pero sobre todo es un enorme error político que está contribuyendo a debilitar más y más la influencia del Estado en el rumbo económico del país. El gobierno ha variado su política impositiva y, de nueva cuenta —como le sucedió a los gobiernos anteriores—, se olvida del ISR como el pivote estratégico de una política fiscal equitativa y vuelve a la ortodoxia neoliberal de cobrarle más a quien menos tiene. Que paguen los consumidores y no los grandes detentadores de la riqueza, dice el gobierno.

6.- Pero qué necesidad, para que se pongan obstáculos desde dirigentes del PRD y PAN para la realización de una amplia alianza electoral en el Estado de México. Esos comportamientos, supuestamente de principios políticos, sólo ocultan la conveniencia particular de beneficiar al PRI.

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¿Qué defienden el SNTE y la CNTE?

Excélsior

En el movimiento (paros, manifestaciones, plantones…) que realizan los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de las reformas constitucionales y legales que en materia educativa llevó a cabo la anterior legislatura del Congreso de la Unión, es notable la existencia de un claro conflicto entre el interés general y el de un gremio.

El interés general —al que podríamos definir como el bienestar del común de las personas que viven en sociedad— se enfrenta permanentemente al interés particular, que es el que defiende una persona, grupo, partido o, como es el caso que ahora analizamos, un gremio o parte de éste.

En sociedades como la nuestra, estos intereses están en constante confrontación y el Estado y sus instituciones se encuentran, permanentemente, definiendo cuál interés hacen prevalecer. Y, por desgracia, son muchas las ocasiones en donde se hace prevalecer el interés particular sobre el interés general.

Durante décadas, por ejemplo, el Estado hizo prevalecer el interés particular de los monopolios económicos y políticos por sobre el interés común de los mexicanos. La existencia y persistencia de un monopolio político-partidista, como lo era el PRI, favoreció los privilegios, canonjías, riquezas e intereses de grupos políticos, y ello, desde luego, lesionó, directa e indirectamente, al interés general.

Por ello es que el Estado autoritario y antidemocrático del nacionalismo revolucionario creó a los grandes sindicatos nacionales de industria y a los enormes sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. El régimen de partido de Estado es el que hizo posible la creación del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Pero al SNTE, como sucedió con los otros sindicatos oficialistas, lo parió el Estado para que sirva como instrumento de control sobre los trabajadores.

El dirigente del SNTE, más que un líder gremial, era un agente del Estado corporativo y uno más de los funcionarios del gobierno priista.

Así sucedió con Fidel Velázquez en la CTM; con Napoleón Gómez Urrutia con los mineros; con Hernández Galicia y Romero Deschamps con los petroleros y, desde luego, con Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo con los maestros.

El control político sobre líderes y los propios trabajadores se llevó a cabo (aún se sigue haciendo) a través y en primer término de “la toma de nota”, que es instrumento del Estado para dar “certificación de existencia” a un sindicato y para entregar éste, a cualquiera de sus agentes. Cuando La Quina ya no le fue útil al Estado corporativo, entonces puso a Romero Deschamps, y lo mismo hizo con Jonguitud y Elba Esther.

El gobierno siguió utilizando “la toma de nota”, pero el instrumento fundamental para el control político de los trabajadores es el contrato colectivo de trabajo, con el cual se privilegia con canonjías e impunidad a los líderes de estos sindicatos oficialistas. Pero en una gran paradoja, las canonjías y la corrupción del sindicalismo oficialista del SNTE son lo que ahora defiende la CNTE. Defienden las plazas que el gobierno entrega al sindicato y la comercialización de las mismas, pues las plazas se pueden vender, comprar, heredar, traspasar e intercambiar. Defienden, uno y otro, las miles de comisiones sindicales que no son más que aviadurías; defienden la secrecía en el uso de las cuotas sindicales; defienden que éstas sigan sirviendo para acrecentar las fortunas de los líderes sindicales.

El SNTE y la CNTE no están defendiendo el interés general de la sociedad mexicana; no están defendiendo el derecho de las niñas y los niños a una educación de calidad, gratuita, laica y científica. Están, en sentido diferente, luchando por preservar los instrumentos con los cuales el gobierno priista mantiene el control político sobre los sindicatos y los trabajadores.

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El tornillo y la tuerca

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Digamos que los preceptos fundamentales que tienen que seguir las personas que comparten una religión se sustentan en la fe, en la creencia. Estas creencias que unifican, que motivan a muchas personas en el mundo son, no sólo respetables sino que, además, son un derecho para profesar una religión y éste se encuentra en muchas constituciones y en diversos pactos internacionales.

Lo que no es un derecho, y de igual manera así se encuentra establecido en legislaciones del mundo que emanan de Estados laicos y democráticos, es que nadie, ninguna persona con autoridad civil o religiosa o sin ellas, puede imponer su creencia o religión al otro, a su coterráneo, que en su acepción más amplia, somos todos los seres humanos que compartimos el planeta llamado Tierra.  

Esto que ahora nos parecería elementalmente lógico, obvio, obligado, indispensable para la convivencia civilizada, no lo ha sido así. Ya no digamos en los tiempos del oscurantismo medieval, sino en tiempos mucho más recientes. Ahora mismo en muchas partes del mundo, fanáticos religiosos como los del Estado Islámico llevan a cabo horrendos crímenes en nombre de su dios. Por su parte, Donald Trump llama, cual cruzado, al pueblo norteamericano para que lleve a cabo una guerra en contra del Islam. En México, hasta hace poco —menos de un siglo—, la Iglesia católica promovía que se levantaran en armas y en el nombre de Cristo miles y miles de mexicanos para echar abajo la Constitución, la misma que ahora nos rige a principios del siglo XXI.

En este ambiente de creciente intolerancia, algunos jerarcas de la Iglesia católica y otros líderes de organizaciones evangélicas se encuentran en franca rebelión en contra de la Constitución y —como naturalmente lo han hecho durante siglos— participan en la política para imponernos a todos sus preceptos, sus creencias, su fe, pero, sobre todo, su concepción moral y religiosa sobre la sexualidad. Esto último es, en realidad, por lo que combaten los matrimonios igualitarios. Es por ello que en el periódico de la arquidiócesis, Desde la Fe, “lo natural” en el matrimonio es sólo la unión de un hombre y una mujer para la reproducción de la especie. Para esto existe una argumentación teológica que se sustenta en que la sexualidad es el origen del pecado y, por lo tanto, es la mayor afrenta a lo que ellos mismos han construido como la ley de Dios. El ataque a esa ley es, por lo tanto, un ataque a la esencia misma de su Iglesia y de los intereses que defiende. 

Pero la argumentación grotesca es la que dio apenas hace algunas semanas el cardenal y arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda: ¡Un tornillo —dice— necesita de una tuerca y no de otro tornillo! ¡Aleluya!, pues han encontrado la argumentación que más necesitaban algunos priistas, panistas y morenistas; han encontrado, a la moral de ferretería, a la del tornillo que sólo puede entrar en una tuerca. Cualquier otra acepción o connotación sobre el matrimonio les será antinatura, aberrante, perversa.

Pero Desde la Fe también miente, pues en su argumentación, la del pasado domingo, dicen que el Tribunal de Estrasburgo, el mismo que surge de la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1950, decidió, apenas, “que los únicos matrimonios legítimos o válidos son los realizados entre heterosexuales y, por lo tanto, que los matrimonios entre personas del mismo sexo no son un derecho”.

¡Se van a ir al infierno por mentirosos!

Lo que resolvió dicho Tribunal dista mucho de lo que afirma Desde la Fe, pues dicho Tribunal resolvió —ante la queja interpuesta por dos personas de nacionalidad austriaca que, sostienen, fueron discriminados— que los Estados que son parte de la Comunidad Europea tienen para sí la facultad para decidir, desde el punto de vista legislativo, si los matrimonios son sólo entre heterosexuales o comprenden también a homosexuales y lesbianas; los jueces de este Tribunal resolvieron que no tienen facultades para decidir sobre las leyes soberanas de los Estados que pertenecen a la Comunidad Europea. Tan es así que en España y Francia los matrimonios entre personas del mismo sexo son un derecho ya establecido en sus propias legislaciones y por sus propios tribunales, pero en Polonia o en Hungría aún no lo son y los cuatro países son parte de la UE.

Son respetables la fe y las creencias de quienes practican una religión. Es necesario que las leyes garanticen a las personas su derecho a profesar una religión, cualesquiera que sea o para no profesar ninguna, pero la ley civil, como sucede en todo Estado laico, no puede ser sustituida por ninguna creencia religiosa.

Sapere aude

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En Desde la fe, el periódico que semanalmente difunde la Arquidiócesis Primada de México, se han publicado una serie de artículos que intentan que la sociedad mexicana regrese a los tiempos del oscurantismo. Desde ahí, se combate la ley y la condición laica del Estado. No son, obviamente, novedosas tales pretensiones de ésta y otras iglesias, pero Desde la fe no sólo divulga su evangelio, sino que, invadiendo la política mundana, intenta ser factor decisorio de los contenidos de la próxima Constitución de la ciudad capital.

Así, el pasado domingo, la Arquidiócesis Primada de México dejó claro por qué se opondrá con toda su fuerza a los matrimonios igualitarios y, para ello, nos dio cinco argumentos: 1.- Que la Palabra de Dios lo rechaza; 2.- Que no santifica ni da vida; 3.- Que causa daños físicos, sicológicos y espirituales; 4.- Que donde se ha legalizado se ha atentado contra la libertad de conciencia y de expresión; y 5.- Que como se opone a la voluntad de Dios, pone a los involucrados en grave riesgo de perder su salvación.

Estos argumentos bien los habría expuesto la Inquisición diocesana en Verona, en 1184, en donde el papel de los obispos era recorrer dos veces al año la diócesis, a la búsqueda de personas culpables o sospechosas de herejías.

Muchos, no sé cuántos, no queremos tal regresión al oscurantismo y, por ello, expondré mi razonamiento en contra de cada uno de los cinco argumentos de la arquidiócesis.

“Que la palabra de Dios lo rechaza”.

Veamos: Desde la Revolución de la Reforma, desde la Constitución de 1857 y, desde luego, aplicando la vigente, las múltiples iglesias o asociaciones religiosas existentes en México no pueden oponerse a las leyes y menos participar en su elaboración, pues se los impide la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 130 dice en su inciso E que:  “Los ministros (religiosos) no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país […] los actos del Estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan”.

Por lo tanto: en lo que respecta al estado civil de las personas (es el caso del matrimonio), la Iglesia no puede intervenir ni siquiera con lo que el vocero de la arquidiócesis identifica como la Palabra de Dios.

Las palabras divinas, revelaciones, mitologías, los dogmas de fe, fueron el sustento —por largo tiempo— en donde se mantuvo a la humanidad en el oscurantismo, y suena verdaderamente grotesco que, en pleno siglo XXI, alguien desde el Arzobispado de la Ciudad de México recurra a los preceptos de la era de la oscuridad para oponerse a los matrimonios igualitarios y, con ello, alentar la homofobia. 

Sapere aude, la esclarecedora frase de Kant, fue la base desde donde se dejó atrás la ignorancia, la superstición, la fe, el misticismo, las revelaciones divinas a profetas o mesías como las fuentes del conocimiento humano. Desde la Ilustración, hace más de 400 años, ya sabemos que son la razón y la ciencia, los elementos a tomar en cuenta para el funcionamiento humanista, fraternal, tolerante, democrático, libertario, igualitario de las sociedades civilizadas.

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Jugando con fuego

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Supongo que muchas personas podemos ver los anuncios que sobresalen en las avenidas, en los cuales aparece la fotografía de Jorge Castañeda y, atravesándola en letras de color contrastante, la frase: “Yo inventé las candidaturas independientes”.

Tengo en buen aprecio a Jorge y considero importante su esfuerzo, pero no estoy seguro de que expresiones como ésa le ayuden a ganar simpatías. Semejante falsedad hará, seguramente, que su libro se venda más, pero dudo que eso le ayude a su candidatura presidencial independiente.

Veamos: en la historia de las sociedades organizadas políticamente, desde que existían las ciudades-Estado en la Grecia antigua, ya se elegían ciudadanos, aun sin existir partidos. En realidad lo más reciente son los partidos políticos y, ésos, tampoco los inventó Jorge.

Pero en la publicidad que hago referencia, Castañeda difunde, sin percibir y creo que sin comprender cabalmente, que las llamadas candidaturas independientes pudieran ser utilizadas como un gran ariete en contra de la democracia y las libertades en México.

Entiendo y comparto, desde luego, el que debiera preservarse como garantía constitucional el que cualquier ciudadana o ciudadano, pertenezca o no a un partido político, pudiera postularse y ser electo gobernante o representante. Esto es un derecho político fundamental que en México debemos proteger.

A lo que hago referencia como posibilidad lesiva hacia nuestra incipiente vida democrática es que para algunos de los grupos económicos que impulsan las candidaturas independientes, la desaparición de los partidos políticos está implícita. Eso —como es ampliamente conocido en la historia— ya lo han intentado antes otros y no han sido precisamente quienes comparten convicciones libertarias, sino sus opuestos, es decir: aquellos de pensamiento totalitario y absolutista.

Es cierto y también hay que considerar que, en determinadas coyunturas de crisis sociales o económicas, amplios sectores de las masas populares, que son siempre los más afectados, localizan casi de manera inmediata a los partidos y a los políticos como los causantes de todos sus males.

Esto último ya lo hemos tratado antes y, por lo tanto, lo que ahora me interesa resaltar es ubicar el propósito plenamente consciente en algunos de los promotores de los independientes por degradar y minusvalorar todo lo público, por desaparecer a los partidos políticos y, con ello, por terminar con la democracia como sistema de vida y de gobierno.

Son conscientes de ello porque consideran que más que distribuir el poder, hay que concentrarlo en lugar de equilibrarlo, hay que entregarle la supremacía a uno (al Presidente) por sobre todo lo demás; ampliar, casi sin límites, sus facultades en lugar de responder al interés general; que el poder político se ponga al servicio del particular; y antes de privilegiar lo público quieren hacer preponderante lo privado. En todo esto hay convicciones ideológicas y programáticas, pero seguro que también existen intereses y privilegios económicos.

No voy a desconocer los graves errores de los partidos y las tropelías que cometen muchos políticos. Pero este reconocimiento no debiera conducir a que se desconociera que las sociedades, especialmente la mexicana, son manifiestamente diversas y plurales y que tal amplitud de pensamientos en lo cultural, religioso, social, geográfico, étnico, se expresa de variadas formas. Pero la diversidad política esencialmente se expresa dentro de las sociedades democráticas a través de los partidos.

En las sociedades modernas, tan grandes y complejas, la pluralidad política y la democracia no podrían entenderse sin los partidos; pretender la civilidad democrática sin éstos es simplemente una aberración, la cual generalmente termina en regímenes de partido único, en sistemas de poder concentrado en un solo individuo, en cancelación de libertades civiles y ciudadanas y en desastres en la administración del Estado. Esto es: en sistemas absolutistas y totalitarios a los que luego hay que sustituir —después de grandes sacrificios sociales, de enormes daños que son irreparables— con un régimen democrático y plural… de partidos.

Jugando con el fuego del antipartidismo pueden incendiar la casa… la de todas y todos.

Twitter: @jesusortegam