En el movimiento (paros, manifestaciones, plantones…) que realizan los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de las reformas constitucionales y legales que en materia educativa llevó a cabo la anterior legislatura del Congreso de la Unión, es notable la existencia de un claro conflicto entre el interés general y el de un gremio.
El interés general —al que podríamos definir como el bienestar del común de las personas que viven en sociedad— se enfrenta permanentemente al interés particular, que es el que defiende una persona, grupo, partido o, como es el caso que ahora analizamos, un gremio o parte de éste.
En sociedades como la nuestra, estos intereses están en constante confrontación y el Estado y sus instituciones se encuentran, permanentemente, definiendo cuál interés hacen prevalecer. Y, por desgracia, son muchas las ocasiones en donde se hace prevalecer el interés particular sobre el interés general.
Durante décadas, por ejemplo, el Estado hizo prevalecer el interés particular de los monopolios económicos y políticos por sobre el interés común de los mexicanos. La existencia y persistencia de un monopolio político-partidista, como lo era el PRI, favoreció los privilegios, canonjías, riquezas e intereses de grupos políticos, y ello, desde luego, lesionó, directa e indirectamente, al interés general.
Por ello es que el Estado autoritario y antidemocrático del nacionalismo revolucionario creó a los grandes sindicatos nacionales de industria y a los enormes sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. El régimen de partido de Estado es el que hizo posible la creación del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Pero al SNTE, como sucedió con los otros sindicatos oficialistas, lo parió el Estado para que sirva como instrumento de control sobre los trabajadores.
El dirigente del SNTE, más que un líder gremial, era un agente del Estado corporativo y uno más de los funcionarios del gobierno priista.
Así sucedió con Fidel Velázquez en la CTM; con Napoleón Gómez Urrutia con los mineros; con Hernández Galicia y Romero Deschamps con los petroleros y, desde luego, con Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo con los maestros.
El control político sobre líderes y los propios trabajadores se llevó a cabo (aún se sigue haciendo) a través y en primer término de “la toma de nota”, que es instrumento del Estado para dar “certificación de existencia” a un sindicato y para entregar éste, a cualquiera de sus agentes. Cuando La Quina ya no le fue útil al Estado corporativo, entonces puso a Romero Deschamps, y lo mismo hizo con Jonguitud y Elba Esther.
El gobierno siguió utilizando “la toma de nota”, pero el instrumento fundamental para el control político de los trabajadores es el contrato colectivo de trabajo, con el cual se privilegia con canonjías e impunidad a los líderes de estos sindicatos oficialistas. Pero en una gran paradoja, las canonjías y la corrupción del sindicalismo oficialista del SNTE son lo que ahora defiende la CNTE. Defienden las plazas que el gobierno entrega al sindicato y la comercialización de las mismas, pues las plazas se pueden vender, comprar, heredar, traspasar e intercambiar. Defienden, uno y otro, las miles de comisiones sindicales que no son más que aviadurías; defienden la secrecía en el uso de las cuotas sindicales; defienden que éstas sigan sirviendo para acrecentar las fortunas de los líderes sindicales.
El SNTE y la CNTE no están defendiendo el interés general de la sociedad mexicana; no están defendiendo el derecho de las niñas y los niños a una educación de calidad, gratuita, laica y científica. Están, en sentido diferente, luchando por preservar los instrumentos con los cuales el gobierno priista mantiene el control político sobre los sindicatos y los trabajadores.
Twitter: @jesusortegam
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