De la letra muerta a los derechos plenos

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Por ejemplo: a diferencia de la actual que rige para el conjunto de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México sí debiera cumplirse de manera estricta y puntual. La Constitución de la ciudad capital no debe ser un catálogo de deseos; no, una suma interminable de aspiraciones; no, un listado de pretensiones utópicas, no, una mitología celestial.

¡No! En sentido diferente, debiera ser una Constitución con claras y precisas definiciones acerca de cuáles son los derechos y cuáles las obligaciones que las y los habitantes de la capital deberemos ejercer y cumplir ahora, en nuestro tiempo y para el de nuestros hijos y nietos.

Me explico de la siguiente manera: hoy, en la Constitución General de la República se establece que todos quienes vivimos en este territorio tenemos derecho a una vivienda digna. Sin embargo, éste, que es un derecho que se estableció como una gran conquista del legislador permanente, es sólo una quimera, una ilusión e incluso podría entenderse hasta como un engaño, porque en la realidad del día de hoy y de los que vendrán durante mucho tiempo, el derecho de las y los mexicanos a morar en una vivienda no se cumple y ni siquiera existe la posibilidad de que quien no puede ejercer este derecho pueda exigir, a la autoridad correspondiente, su cumplimiento.

Así sucede con otros derechos de los llamados sociales, a los que simplemente debiéramos identificar como derechos humanos.

Un segundo ejemplo: en nuestra Constitución General se establece el derecho constitucional a la salud. En el exterior nos enorgullecemos de que nuestra Constitución establezca, con fina y elegante precisión literaria, y con firmeza digna de la columna que sostiene al símbolo de nuestra Independencia, que en México, sin excepciones, todas y todos tenemos el derecho para acceder a los servicios de sanidad que nos permitan gozar de salud. Pero esto, aun con su elegancia literaria, es… letra muerta. En realidad, la mayoría de las y los mexicanos no ejercen y no pueden acceder al derecho humano a la salud.

Si somos objetivos, reconoceremos que muchos de los artículos de nuestra Constitución General y de aquellas otras particulares que corresponden a las entidades de la federación son, efectivamente, letra muerta: no se cumplen  y la autoridad federal o estatal no reconoce o no observa o simplemente no existen los imperativos legales para hacerlos cumplir.

Podríamos seguir con otros ejemplos de incumplimiento de la Constitución que debieran llevarnos a la conclusión de que se debiera construir una nueva Constitución para la República.

Pero mientras eso sucede, debiéramos construir para la Ciudad de México una Constitución verdadera, es decir, que se pudiese aplicar de manera plena y que, en consecuencia, resultase indispensable para hacer, en la capital del país, una sociedad de derechos y un ejemplo de relaciones sociales democráticas y civilizadas.

Si en la Constitución de la CDMX se establece el derecho a la salud, entonces éste deberá ser exigible y sin excusa alguna debiera cumplirse por la autoridad correspondiente o por los prestadores de los servicios de salud, lo sean particulares o lo sean del gobierno.

Imagine que va usted transitando por una de las avenidas de la capital de la República y, de pronto, experimenta un dolor fuerte, insoportable, que le hace buscar a un médico o ingresar a un hospital. Imagine que pudo llegar a un nosocomio público o que alcanza a llegar a uno privado. Pues entonces, si el derecho a la salud se establece en la Constitución de la ciudad capital, uno u otro le admitirán y le prestarán los servicios necesarios en cualquier condición o circunstancia. Y, por lo tanto, nada de que su tarjeta bancaria no pasa; nada de que no cuenta con un seguro médico privado; nada de que el hospital es exclusivo; nada de que no aparece en el padrón de beneficiarios del Seguro Social, del ISSSTE o del Seguro Popular; nada de que se acabó el presupuesto, de que hubo recortes, de que no hay médicos ni enfermeras, de que las medicinas se agotaron, de que se fue la luz; nada de que el derecho, aunque esté escrito en la Constitución, no exista en la realidad.

Veamos entonces el tema de la manera siguiente: si el derecho está escrito, es que existe y, por lo tanto, se cumplirá, porque se asignará el presupuesto necesario, porque se crearán las clínicas suficientes, se contratará y asignará el personal necesario y, sobre todo, porque la autoridad se encontrará obligada a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Ciudad de México so pena legal.

Lo mismo se debería hacer para la educación o para el seguro de desempleo; el derecho al acceso al agua y a un medio ambiente sano; a la plena igualdad jurídica y la igualdad en el acceso a derechos humanos fundamentales.

En fin… En la CDMX una Constitución verdadera, exigible en su cumplimiento, con derechos efectivos y responsabilidades ciudadanas garantizadas.

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Legisladores bipolares

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Para ello, cualquier ley que norme el uso de la fuerza pública deberá garantizar que ésta, en ningún caso, podrá restringir, limitar o anular los derechos constitucionales y, de manera particular, aquellos que nos permiten reunirnos con cualquier motivo que sea legal y pacífico; reunirnos para manifestar y expresar libremente nuestras ideas y pensamientos; para proteger nuestros derechos humanos; para ejercer nuestro derecho a la protesta pacífica; para oponernos a los abusos de la autoridad y, en fin, para ejercer todos aquellos derechos políticos expresados en nuestra Constitución y en otros ordenamientos internacionales que México ha suscrito.

Sin embargo, hemos conocido experiencias de leyes aprobadas, especialmente en Congresos locales, desde las cuales, en lugar de proteger tales derechos, lo que se hace es violentarlos. Por ejemplo, tenemos el caso del actual gobernador de Puebla, que se vio obligado a derogar la llamada “ley bala”, precisamente porque lesionaba y cancelaba derechos ciudadanos.

Ahora, en el Estado de México, su Congreso local aprobó una ley que atenta contra los derechos humanos y contra las garantías constitucionales. Me refiero a la conocida como “ley Atenco”, en donde se han establecido artículos que son claramente inconstitucionales y violatorios de los derechos humanos. Veamos, por ejemplo, lo siguiente:

En el capítulo III que refiere “De las reglas para mantener la paz y el orden público”, se dice que “los elementos” (policías y cuerpos armados al servicio de la autoridad) podrán emplear la fuerza… para restablecer el orden público y la paz social”.

¿Restablecer el orden público? ¡¿Cuál orden público?! ¿El que particularmente entiende el gobernador, el que suponen el procurador o el secretario de Seguridad o el jefe de granaderos, el comandante de una brigada o, incluso, todo policía armado? Contrario a esta ambigüedad que da pauta para legitimar el uso de la fuerza pública en la cancelación de derechos, el único orden que tiene que hacer cumplir la autoridad, utilizando incluso la fuerza pública, es el Orden Constitucional y éste no puede estar sujeto a interpretaciones derivadas de concepciones particulares, de carácter político, ideológico, moral, religioso o de otra índole de los gobernantes o las autoridades.

Stalin tuvo una concepción de orden público —sostenida en una ideología— y en la cual se apoyó para asesinar a millones de personas que no coincidían en su interpretación; Videla y Pinochet igualmente encarcelaron, torturaron, asesinaron, a centenas de miles de personas que, a su juicio, alteraban su visión de orden público sostenida en un interés económico y geopolítico; Díaz Ordaz llevó a cabo una masacre en nombre de su orden público y de su paz social; el aborto voluntario, en legislaciones de algunos estados, altera el orden público y entonces los legisladores de la moral, los políticos extremistas y los fanáticos religiosos lo sancionan encarcelando o excomulgando a mujeres que ejercieron, elementalmente, un derecho humano.

Estos son apenas algunos ejemplos de cómo gobernantes, dictadores, caudillos y fanáticos religiosos, agreden derechos fundamentales de los ciudadanos para imponer su particular y, en ocasiones, absurda concepción de orden público.

¿Cuál es la concepción de alteración del orden público del gobernador Eruviel Ávila y de los diputados del Estado de México? ¿Una manifestación en Ecatepec en contra del feminicidio? ¿Una reunión de mexiquenses contra la destrucción del bosque de la Marquesa? ¿Una reunión para expresar descontento contra el fraude electoral?

El gobernador puede entonces, de manera muy peligrosa para la convivencia social civilizada, entender que el ejercicio de los derechos constitucionales alteran el orden público y entonces, con la ley que acaban de aprobar en el Congreso del Estado de México, legitimar la represión y la cancelación de libertades políticas.

Lo siento por todos los diputados mexiquenses, pero me apena que legisladores del PRD que, con furia, se opusieron a la “ley bala” en Puebla, aprueben dócilmente la “ley Atenco” en el Estado de México. ¿Qué ocasiona que un legislador actúe con esa bipolaridad política?

No entiendo esto último, pero estoy seguro de que se atenta más contra un orden público democrático, civilizatorio, legal y constitucional, cuando se permite y alienta la corrupción y la impunidad en el Estado de México.

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Mártir funcional al gobierno priista

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Lo mismo dijo Mojica Morga para otros funcionarios y otros políticos y, para decirlo con claridad, lo dejó establecido en los siguientes términos: “Los que andan por esa ruta (la de las campañas anticipadas), que dejen el cargo y entonces se dediquen a sus actividades electorales”.

Como tienen la piel muy sensible, intentaron una respuesta que de inmediato se reprodujo textualmente en varias columnas, al viejo estilo, aquel del boletín que se envía desde la jefatura de prensa ordenando su publicación. Ese intento de respuesta no fue otro que el descalificar a nuestra compañera dirigente del PRD: No hay debate; no hay reflexión; no hay discusión y lo que existe es sólo la diatriba.

Pero el asunto no queda ahí porque, de manera simultánea, aparece Andrés Manuel López Obrador denigrando y, como siempre lo hace, insultando a todos aquellos que no comparten sus ideas y pensamientos. AMLO, viendo la oportunidad para atraer reflectores y crucificarse como es su costumbre, se puso el saco de Osorio y salió en franca defensa del secretario de Gobernación y, como ya es cosa común, en defensa de los priistas. De esta manera, desde su cuenta de Facebook y sin ninguna evidencia, sin prueba alguna, sin elementos verificables, López Obrador afirmó, que si Beatriz Mojica atacaba al secretario de Gobernación era porque “ya se molestaron Salinas (De Gortari) y Manlio (Fabio Beltrones)”.

Se podría pensar que la posición de AMLO es coyuntural, debido a la derrota de su candidato en el municipio de Centro en su natal Tabasco ante el candidato del PRD, sin embargo, es más bien parte de un patrón ya muy conocido, esto es: martirizarse, autoflagelarse, acusando eternamente a una “mafia en el poder” para, en realidad, desfigurar y despersonalizar a la oligarquía económica y política que domina en el país. En los hechos, este comportamiento de AMLO hace que Morena actúe como un ente funcional al statu quo de desigualdad y pobreza; un ente útil al priismo y, desde luego, a Peña Nieto y sus secretarios del gabinete.

¿Cómo explicar la defensa tan intensa, tan fuerte, tan firme, tan… amorosa que hace del actual secretario de Gobernación?

Otro ejemplo de su condición de compañero de viaje del priismo es la persistente descalificación y permanente sabotaje que ahora lleva a cabo contra las alianzas amplias opositoras al priismo que se han conformado en varias entidades federativas. Pero esto no es una sorpresa, porque hay que mantener en la memoria y no perder de vista que López Obrador fue, en 2011, el principal opositor a la alianza del PAN y el PRD en el Estado de México para, con ello, abrirle a Peña Nieto el camino a la Presidencia de la República apenas un año después.

Desde una actitud paranoica que parecería incorregible (persistentes delirios de persecución; certidumbre acerca de su condición de santidad; proyección mesiánica), infiere que todos —salvo él y quienes le siguen fanáticamente— somos “traidores a la patria”; que todos somos pecadores y que él es una especie de Juan Bautista que “quita los pecados del mundo”. Desde luego, las alianzas amplias opositoras al PRI y al gobierno son uno de esos “pecados” y por ello se encuentra empeñado en organizar una cruzada contra ellas.

Cuando la izquierda, o la oposición en su conjunto, pretende en las cámaras del Congreso de la Unión hacer modificaciones a las iniciativas del Presidente de la República, entonces escucharemos, invariablemente, la tronante voz de Andrés oponiéndose… a la oposición al priismo y fustigando a la izquierda. Estas descalificaciones resultan también altamente funcionales al PRI y al gobierno, quienes tienen así mayor margen de maniobra.

Justo cuando comienza un repunte en la imagen del trabajo del Gobierno de la CDMX, es cuando AMLO decreta como persona non grata al jefe de Gobierno y le adjudica —cual sino— el título de miembro de la mafia en el poder. Obviamente, el propósito inconfundible de este comportamiento es el de intentar restar fuerza y autoridad al principal gobierno de oposición en el país para, de esa manera, continuar con su papel de actor político funcional al priismo y a Peña Nieto.

¿Se da cuenta AMLO de ello? Creo que no, pero eso en realidad no importa, y es así porque, en política, frecuentemente, el camino al infierno se encuentra empedrado de buenas intenciones o de ingenuas e inútiles maldiciones. Por ello es que la reacción de AMLO ante la crítica de Beatriz Mojica al secretario de Gobernación, busca deslegitimar los señalamientos sobre las campañas anticipadas y, por ello, claramente ilegales. Desde este espacio nos solidarizamos con Beatriz Mojica frente a los embates de la pinza que representan Osorio Chong y AMLO, y nos sumamos a la exigencia de ceñirse a la legalidad, sobre todo en lo que concierne a los tiempos y formas de las campañas electorales para la búsqueda de la Presidencia de la República.

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Prohibición y castigo

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Este tipo de Estado tiene sus orígenes conceptuales en las religiones y de manera particular en las monoteístas. Por ejemplo, el Dios de los israelitas sanciona a quien le desobedece: “Si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán” (Levítico 26:14-16).

Con el cristianismo no es diferente: Dios castiga a Adán y Eva; los expulsa del paraíso por fornicar y también les condena a que durante toda su vida y la de sus descendientes se verán obligados a trabajar. En el islam es aún más contundente el método del castigo para lograr la fidelidad al Dios y ello como condición primera para alcanzar determinado orden divino y, desde luego, todo orden terrenal.

Esta concepción sobre la vida y sobre las relaciones sociales se ha trasladado, a lo largo de siglos, hacia la conformación de los Estados y de su funcionamiento desde normativas constitucionales y legales.

En algunos países en donde se han constituido sistemas políticos autoritarios o dictatoriales, lo sustantivo de sus normas no son, desde luego, los derechos de las personas ante el Estado, sino los castigos que éste deberá aplicar a quien infrinja tales normas.

Si se observa el proceso legislativo en nuestro país, en la última década podrá observarse que lo que predomina —peligrosamente— en las iniciativas que presentan los legisladores y en las leyes que estos aprueban —salvo honrosas excepciones— son las prohibiciones y, sobre todo, los castigos.

¡Yo castigo, tú castigas, él castiga, nosotros castigamos, vosotros castigáis, ellos castigan!

Vean si no. La propuesta programática y legislativa del llamado PVEM: Pena de muerte, cadena perpetua, 40 años de cárcel, y como eso no fue suficientemente atractivo para un sector de los electores, entonces ya proponen ¡160 años de cárcel para quien delinca!

¡Prohibición de todo es su consigna, al grado de que su mayor éxito político-legislativo en su historia como partido fue la prohibición de los animales en los circos!

Prohibir y castigar la interrupción del embarazo es la principal orientación legislativa del PRI en los Congresos de las entidades federativas y, claro está, para los priistas la prohibición del consumo de mariguana será su leitmotiv en los próximos meses.

Prohibir las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo es la consigna principalísima del PAN y ésta se sobrepone a cualquier otra de sus propuestas programáticas.

Pero quizá Morena es quien, principalmente, tiene en el castigo y en la prohibición —conceptos esencialmente morales y religiosos— sus principales motivadores políticos. Prohibir los acuerdos, prohibir el diálogo, prohibir las mayorías parlamentarias, prohibir el Reglamento de Tránsito, prohibir la elección de sus propios candidatos, prohibir y castigar severamente a los disidentes internos y prohibir hasta… ¡la mega rueda de la fortuna en Chapultepec!

Pero no se adelanten en el juicio porque debo reconocer que el PRD también ha caído en esta regresión política. Y en lugar de proponer soluciones sobre la base de admitir derechos caemos en la inercia inútil y perjudicial de prohibir-castigar, castigar-prohibir.

La izquierda democrática debe salirse de esta corriente política del conservadurismo mundial que se da en México con Peña Nieto,  Norberto Rivera, Calderón y López Obrador; como se da con el Estado Islámico en el Oriente Medio; como se da con los movimientos de ultraderecha homofóbicos y xenofóbicos  en Europa o como se da con Donald Trump en  Estados Unidos.

Derechos y libertades ciudadanas, derechos sociales para el bienestar colectivo en lugar de los fanatismos  inquisidores que para lograr su preeminencia política todo lo prohíben y todo lo castigan.

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La enajenación de los partidos

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En el mundo podemos observar un clima de escepticismo e indiferencia hacia las ideas y valores democráticos y ello tiene muchas causas, pero ahora es necesario identificar claramente una de ellas: La privatización de la política.

Dice el doctor Isidro Cisneros (Bobbio: De la razón de Estado al gobierno democrático)“que la renuncia creciente de los ciudadanos a la política ha generado desorden en las sociedades”;  esto es certero, pero esa renuncia de las y los ciudadanos a la política es también consecuencia de que la política está siendo acaparada, monopolizada, concentrada, privatizada entre unos pocos y para beneficio de unos cuantos, así como ha sucedido con otras privatizaciones.

Diversos hechos dan cuenta de eso, pero pondré énfasis en dos de ellos: El primero tiene que ver con la creciente influencia de los poseedores del dinero, del capital económico, en el resultado de las elecciones. Éstos, los dueños del capital, son cada vez más decisorios hacia el interior de los partidos para definir candidatos; lo son también para encumbrar a empleados como candidatos independientes y, lo más grave, es que son tremendamente decisorios —desde los medios de comunicación tradicionales— para influir en una buena parte de los electores a favor de los candidatos de su propiedad.

Pero los adinerados, los grandes grupos económicos, también actúan a través del clientelismo electoral. Entregan dinero a sus candidatos y éstos a su vez tratan de ganar votos mediante la entrega de dinero y de otros artículos a los electores. En muchos lugares del país la competencia electoral se reduce —como si fuera una subasta— en ver quién da mayor cantidad de dinero, de despensas, de enseres domésticos a los electores.

Pero este proceso de privatización de la política y de las elecciones no es la única regresión que experimenta nuestro sistema, pues también hay un peligroso fenómeno de enajenación de los partidos políticos que, de ser vehículos para la participación ciudadana en los asuntos públicos; de ser instrumentos para el acceso de la ciudadanía al poder del Estado, se están convirtiendo en entidades privadas. Esto  sucede en muchos países y el nuestro no es excepción.

Los partidos políticos en México están siendo enajenados por caudillos, por personajes mesiánicos o, como también sucede, por grupos de individuos con mayor o menor influencia política en sectores de la sociedad que están logrando una transmutación en los objetivos y en el comportamiento de los partidos.

¿Qué puede ser en sí mismo tan contradictorio que si sucediese sólo provocaría incredulidad en el común de las personas?

Podría ser que un sindicato, por ejemplo, ¡se oponga a un aumento en el salario de los trabajadores! Resulta tan absurdo este comportamiento que los trabajadores en México no tienen ni la menor confianza en sus dirigentes gremiales.

Pues eso mismo sucede con los partidos políticos, todos, cuya razón de existencia es hacer de la política una actividad social, pública,  pero en lugar de ello la convierten —como sucede ahora mismo en México— en una profesión reservada para pocos individuos y que además la ejercen en razón de intereses particulares o privados.

Lamentablemente esto está sucediendo a todos los partidos y, debo decirlo, también al PRD.

Sin embargo, en el PRD existimos muchos que queremos desprender al partido de este proceso de enajenación y en sentido diferente adoptar las decisiones más profundas para regresarlo a la gente; para reintegrarlo a la sociedad y para hacer del interés público, del bienestar social, las razones fundamentales de su existencia.

Esto resolvimos hacer —como un esfuerzo vital— los perredistas que nos identificamos con una concepción democrática y progresista de la izquierda.

Deseamos que nos podamos hacer acompañar en este desafío de la gran mayoría de las y los perredistas.

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