Este tipo de Estado tiene sus orígenes conceptuales en las religiones y de manera particular en las monoteístas. Por ejemplo, el Dios de los israelitas sanciona a quien le desobedece: “Si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán” (Levítico 26:14-16).
Con el cristianismo no es diferente: Dios castiga a Adán y Eva; los expulsa del paraíso por fornicar y también les condena a que durante toda su vida y la de sus descendientes se verán obligados a trabajar. En el islam es aún más contundente el método del castigo para lograr la fidelidad al Dios y ello como condición primera para alcanzar determinado orden divino y, desde luego, todo orden terrenal.
Esta concepción sobre la vida y sobre las relaciones sociales se ha trasladado, a lo largo de siglos, hacia la conformación de los Estados y de su funcionamiento desde normativas constitucionales y legales.
En algunos países en donde se han constituido sistemas políticos autoritarios o dictatoriales, lo sustantivo de sus normas no son, desde luego, los derechos de las personas ante el Estado, sino los castigos que éste deberá aplicar a quien infrinja tales normas.
Si se observa el proceso legislativo en nuestro país, en la última década podrá observarse que lo que predomina —peligrosamente— en las iniciativas que presentan los legisladores y en las leyes que estos aprueban —salvo honrosas excepciones— son las prohibiciones y, sobre todo, los castigos.
¡Yo castigo, tú castigas, él castiga, nosotros castigamos, vosotros castigáis, ellos castigan!
Vean si no. La propuesta programática y legislativa del llamado PVEM: Pena de muerte, cadena perpetua, 40 años de cárcel, y como eso no fue suficientemente atractivo para un sector de los electores, entonces ya proponen ¡160 años de cárcel para quien delinca!
¡Prohibición de todo es su consigna, al grado de que su mayor éxito político-legislativo en su historia como partido fue la prohibición de los animales en los circos!
Prohibir y castigar la interrupción del embarazo es la principal orientación legislativa del PRI en los Congresos de las entidades federativas y, claro está, para los priistas la prohibición del consumo de mariguana será su leitmotiv en los próximos meses.
Prohibir las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo es la consigna principalísima del PAN y ésta se sobrepone a cualquier otra de sus propuestas programáticas.
Pero quizá Morena es quien, principalmente, tiene en el castigo y en la prohibición —conceptos esencialmente morales y religiosos— sus principales motivadores políticos. Prohibir los acuerdos, prohibir el diálogo, prohibir las mayorías parlamentarias, prohibir el Reglamento de Tránsito, prohibir la elección de sus propios candidatos, prohibir y castigar severamente a los disidentes internos y prohibir hasta… ¡la mega rueda de la fortuna en Chapultepec!
Pero no se adelanten en el juicio porque debo reconocer que el PRD también ha caído en esta regresión política. Y en lugar de proponer soluciones sobre la base de admitir derechos caemos en la inercia inútil y perjudicial de prohibir-castigar, castigar-prohibir.
La izquierda democrática debe salirse de esta corriente política del conservadurismo mundial que se da en México con Peña Nieto, Norberto Rivera, Calderón y López Obrador; como se da con el Estado Islámico en el Oriente Medio; como se da con los movimientos de ultraderecha homofóbicos y xenofóbicos en Europa o como se da con Donald Trump en Estados Unidos.
Derechos y libertades ciudadanas, derechos sociales para el bienestar colectivo en lugar de los fanatismos inquisidores que para lograr su preeminencia política todo lo prohíben y todo lo castigan.
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