Para ello, cualquier ley que norme el uso de la fuerza pública deberá garantizar que ésta, en ningún caso, podrá restringir, limitar o anular los derechos constitucionales y, de manera particular, aquellos que nos permiten reunirnos con cualquier motivo que sea legal y pacífico; reunirnos para manifestar y expresar libremente nuestras ideas y pensamientos; para proteger nuestros derechos humanos; para ejercer nuestro derecho a la protesta pacífica; para oponernos a los abusos de la autoridad y, en fin, para ejercer todos aquellos derechos políticos expresados en nuestra Constitución y en otros ordenamientos internacionales que México ha suscrito.
Sin embargo, hemos conocido experiencias de leyes aprobadas, especialmente en Congresos locales, desde las cuales, en lugar de proteger tales derechos, lo que se hace es violentarlos. Por ejemplo, tenemos el caso del actual gobernador de Puebla, que se vio obligado a derogar la llamada “ley bala”, precisamente porque lesionaba y cancelaba derechos ciudadanos.
Ahora, en el Estado de México, su Congreso local aprobó una ley que atenta contra los derechos humanos y contra las garantías constitucionales. Me refiero a la conocida como “ley Atenco”, en donde se han establecido artículos que son claramente inconstitucionales y violatorios de los derechos humanos. Veamos, por ejemplo, lo siguiente:
En el capítulo III que refiere “De las reglas para mantener la paz y el orden público”, se dice que “los elementos” (policías y cuerpos armados al servicio de la autoridad) podrán emplear la fuerza… para restablecer el orden público y la paz social”.
¿Restablecer el orden público? ¡¿Cuál orden público?! ¿El que particularmente entiende el gobernador, el que suponen el procurador o el secretario de Seguridad o el jefe de granaderos, el comandante de una brigada o, incluso, todo policía armado? Contrario a esta ambigüedad que da pauta para legitimar el uso de la fuerza pública en la cancelación de derechos, el único orden que tiene que hacer cumplir la autoridad, utilizando incluso la fuerza pública, es el Orden Constitucional y éste no puede estar sujeto a interpretaciones derivadas de concepciones particulares, de carácter político, ideológico, moral, religioso o de otra índole de los gobernantes o las autoridades.
Stalin tuvo una concepción de orden público —sostenida en una ideología— y en la cual se apoyó para asesinar a millones de personas que no coincidían en su interpretación; Videla y Pinochet igualmente encarcelaron, torturaron, asesinaron, a centenas de miles de personas que, a su juicio, alteraban su visión de orden público sostenida en un interés económico y geopolítico; Díaz Ordaz llevó a cabo una masacre en nombre de su orden público y de su paz social; el aborto voluntario, en legislaciones de algunos estados, altera el orden público y entonces los legisladores de la moral, los políticos extremistas y los fanáticos religiosos lo sancionan encarcelando o excomulgando a mujeres que ejercieron, elementalmente, un derecho humano.
Estos son apenas algunos ejemplos de cómo gobernantes, dictadores, caudillos y fanáticos religiosos, agreden derechos fundamentales de los ciudadanos para imponer su particular y, en ocasiones, absurda concepción de orden público.
¿Cuál es la concepción de alteración del orden público del gobernador Eruviel Ávila y de los diputados del Estado de México? ¿Una manifestación en Ecatepec en contra del feminicidio? ¿Una reunión de mexiquenses contra la destrucción del bosque de la Marquesa? ¿Una reunión para expresar descontento contra el fraude electoral?
El gobernador puede entonces, de manera muy peligrosa para la convivencia social civilizada, entender que el ejercicio de los derechos constitucionales alteran el orden público y entonces, con la ley que acaban de aprobar en el Congreso del Estado de México, legitimar la represión y la cancelación de libertades políticas.
Lo siento por todos los diputados mexiquenses, pero me apena que legisladores del PRD que, con furia, se opusieron a la “ley bala” en Puebla, aprueben dócilmente la “ley Atenco” en el Estado de México. ¿Qué ocasiona que un legislador actúe con esa bipolaridad política?
No entiendo esto último, pero estoy seguro de que se atenta más contra un orden público democrático, civilizatorio, legal y constitucional, cuando se permite y alienta la corrupción y la impunidad en el Estado de México.
Twitter: @jesusortegam
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