El por qué rechazar ACTA

Excélsior

De llegarse a aplicar ACTA podría haber una limitación al acceso a internet, ampliando con ello la brecha digital y la posibilidad de que México se inserte en la denominada sociedad de la información y del conocimiento.

Como es su costumbre, el gobierno federal tomó una decisión unilateral al firmar el Acuerdo Comercial Anti Falsificaciones, mejor conocido como ACTA, y, como es su costumbre, desoyó miles de voces que le señalaron que este instrumento es contrario a las garantías individuales.

Escudándose en la necesidad real de crear un marco normativo que proteja los derechos de autor, el gobierno de Felipe Calderón firmó un acuerdo que vulnera la libertad de expresión y viola derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política.

Esto no es un invento mío o de los usuarios de internet, son las conclusiones a las que se llegaron después de meses de análisis y discusión de legisladores, expertos en la materia y usuarios de las nuevas tecnologías.

En septiembre de 2011, el Senado de la República, quien se encarga de vigilar la política exterior del gobierno federal, y quien está facultado para ratificar los convenios internacionales, en este caso ACTA, dio a conocer una serie de conclusiones que es necesario retomar para saber por qué Calderón no debió firmar este acuerdo.

Según los legisladores, ACTA resultaría contrario a diversas disposiciones jurídicas en materia de garantías, pues vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo el sistema jurídico.

Además, la ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto del Acuerdo Comercial Anti Falsificaciones resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los mexicanos.

De llegarse a aplicar ACTA podría haber una limitación al acceso a internet, ampliando con ello la brecha digital y la posibilidad de que México se inserte en la denominada sociedad de la información y del conocimiento.

Y una de las razones más importantes para rechazar este instrumento es que su aplicación podría derivar en una censura a los contenidos de internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de expresión.

A inicios de julio de este año, el Parlamento Europeo, por una amplia mayoría, rechazó la firma de ACTA frente a las dudas respeto a los derechos de los usuarios de internet. La presión social jugó un papel fundamental en este proceso.

Contrario a lo que sucede en gran parte del mundo, el Ejecutivo decidió no escuchar a las miles de voces que se alzan en contra de este instrumento internacional que cada vez encuentra más rechazo alrededor del mundo.

A través de los años el gobierno federal ha firmado varios acuerdos comerciales que no han beneficiado a nuestro país como se esperaba, y ACTA es uno de ellos.

Es cierto que hay una necesidad de actualizar y mejorar la legislación que proteja con eficacia y efectividad los derechos de propiedad intelectual, pero no debe ser mediante instrumentos como ACTA, porque en lugar de beneficiar podrían terminar perjudicando a la mayoría de la población.

¿Quién es el responsable de la masacre de Aurora?

No hay duda de que el responsable de la masacre de 12 personas hace unos días en un cine de la localidad de Aurora, Colorado, es James Holmes, el muchacho que disparó a sangre fría hacia el público; pero también lo son los negociantes de armas y políticos estadunidenses que se niegan a revisar su legislación en la materia.

Luego de una tragedia más relacionada con armas de fuego, los políticos insisten en avalar su venta y evitan la discusión de una legislación más severa para su control.

Así lo demostraron el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien busca reelegirse y su contrincante Mitt Romney, quienes eludieron abrir el debate sobre la posesión de armas de fuego, a pesar de lo ocurrido en Aurora.

Lo anterior se debe en gran parte a que Estados Unidos es el principal país que participa en la industria armamentista, es decir, es quien vende más armas de fuego hacia dentro y fuera de su territorio.

La semana pasada fue la tragedia de Aurora, pero en abril de 2011 siete personas murieron en un tiroteo en una universidad privada en Oakland, también en ese año ocho personas perecieron porque un hombre disparó al interior de una peluquería en Seal Beach, California.

En 2007 un estudiante asesinó a 32 jóvenes y profesores en la Universidad Politécnica de Virginia. Y cómo olvidar los hechos de Columbine en 1999, cuando dos estudiantes mataron a 13 personas e hirieron a 23 más en una pequeña escuela de Littleton, Colorado.

Lo ocurrido hace unos días en Colorado, así como una veintena más de casos parecidos que han sucedido en Estados Unidos en los últimos años, es lamentable, pero ¿cuántas personas más han muerto en otros países, incluyendo México, por la venta de armas?

Todo por un afán del gobierno estadunidense por obtener formidables ganancias a costa de la vida de los demás.

Hace unos meses nos enteramos de Rápido y Furioso, un programa diseñado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del país del norte, que provocó que cientos o miles de armas de fuego provenientes de ese país terminaran en manos del crimen organizado en México.

También supimos que antes de este fallido operativo, la misma dependencia norteamericana utilizó intermediarios para adquirir armas e introducirlas de manera ilegal a México a través del programa denominado Receptor Abierto.

El gobierno federal ha informado que durante este sexenio se han decomisado más de 100 mil armas de todo tipo, cartuchos y cargadores, de los cuales existen datos que 80 por ciento proviene de Estados Unidos.

Sociedad y gobiernos debemos hacer presión en las autoridades norteamericanas para que abran el debate sobre una nueva legislación en materia de armas de fuego, para que la tragedia de Aurora no termine, al igual que muchas otras matanzas, en sólo una lamentable noticia.

La industria armamentista de Estados Unidos nos afecta a todos, por ello es necesario que los políticos norteamericanos dejen de ser omisos, porque en un país donde mueren anualmente alrededor de 30 mil personas por incidentes relacionados a armas de fuego, se necesitan leyes más severas al respecto.

La trampa

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Por ello, es que la coalición progresista debe orientar su esfuerzo y su lucha estrictamente en el marco que establece la legalidad constitucional. Protestar ante una injusticia es un derecho; ejercerlo sin afectar los derechos de los demás es una obligación a la que debe sujetarse una estrategia política exitosa.

Debo decir que tengo la convicción de que las elecciones no fueron equitativas, que se cometieron muchas irregularidades, que funcionarios públicos faltando a su deber, intervinieron para coaccionar a los electores, que hubo compra de votos y que las televisoras se coludieron con empresas encuestadoras para influir ilegalmente en el ánimo de los electores.

Comparto también que los partidos de la alianza progresista y el propio AMLO, están obligados —ética y políticamente— a recurrir a la denuncia para que se haga justicia y se sancione a quienes irresponsablemente actuaron al margen de la ley. Creo además, que toda omisión ante estos hechos, a final de cuentas daña la convivencia social y atenta contra los intereses más preciados del país.

Bajo estas premisas, que seguramente comparte un buen número de ciudadan@s, debemos hacer lo posible y lo necesario para impedir que prevalezca la impunidad de aquellos partidos, candidatos y funcionarios que afectaron la vida democrática y agredieron el libre sufragio de las ciudadanas y los ciudadanos.

-¿Qué hacer entonces?

-¿Qué lo posible, qué lo necesario?

-Y sobre todo ¿qué es lo adecuado y correcto?

No será nada fácil encontrar las respuestas a estas interrogantes, pero cualesquiera que éstas sean, deben, en primer término, eludir la trampa en la que nos quisieran situar el priismo y la derecha más conservadora; es decir, en la trampa que significa un falso dilema: la omisión ante estas irregularidades o la acción ilegal para combatirlas.

Esto es: ¿Para no ser omisos ante las irregularidades hay que recurrir a la ilegalidad? ¿Para combatir a quienes violentan la legalidad hay que recurrir a la violencia?

¡No! Definitivamente no es ese el camino para lograr la justicia y desde luego tampoco es esa la estrategia correcta para el desarrollo democrático del país y para el avance de la izquierda.

Ya hemos estado antes atrapados en ese falso dilema y a partir de esas experiencias debiéramos haber comprendido que toda causa justa —como lo es la lucha por la justicia electoral— debe sumar las voluntades y las simpatías de los millones de ciudadanos que cuidadosamente observan el desarrollo de los acontecimientos y el comportamiento de las fuerzas políticas.

¿Nos apoyarán si bloqueamos las carreteras, si interrumpimos su libre tránsito, si en nombre de un derecho cancelamos el de ellos? ¡Pienso que no!

Por ello, es que la coalición progresista debe orientar su esfuerzo y su lucha estrictamente en el marco que establece la legalidad constitucional. Protestar ante una injusticia es un derecho; ejercerlo sin afectar los derechos de los demás es una obligación a la que debe sujetarse una estrategia política exitosa.

Legalidad y democracia

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Para algunos sectores de la izquierda, cuya visión del mundo está fundamentada en esquemas derivados de la teoría clásica marxista, la legalidad es una pieza más de la superestructura creada por la burguesía, por lo que es válido reconocerla y desconocerla según sea tácticamente conveniente. Existe inclusive un pequeño sector en la izquierda que combate militantemente la legalidad como forma de demostración de autenticidad revolucionaria.

Si bien es cierto que las leyes responden a intereses determinados y a relaciones de fuerza y, además, son interpretables y aplicables de modos diversos, también es cierto que las leyes introducen objetividad, seguridad, previsibilidad, institucionalidad y generalidad. Así, las normas pueden actuar como límites del poder y garantía para evitar arbitrariedades.

Asimismo, la base de la legitimidad del Estado democrático es la legalidad: en este sistema político el gobierno está sujeto a leyes y obligado a actuar a través de las mismas. Siendo la ley la principal fuente del derecho (tras la Constitución de la que deriva) es la máxima expresión de la soberanía, es decir, de la voluntad general.

Para la izquierda democrática la legalidad es un componente fundamental de la democracia y un instrumento fundamental e indispensable para el deseado cambio social. Democracia y legalidad son incomprendidas si se toman separadas. Ambas constituyen un binomio, son una y otra necesariamente, y así están siendo entendidas por las izquierdas modernas y progresistas.

Desde la década de los setenta, amplios sectores de la izquierda superaron visiones dogmáticas sobre la legalidad y decidieron ajustarse al marco constitucional y buscar acceder al poder público por la vía legal por excelencia: los procesos electorales.

Para las izquierdas con convicción democrática, la definición precisa y sin ambages del acceso al poder por la vía de la legalidad democrática no se entiende como claudicación. Por el contrario, se aprecia a la vía institucional como la mejor, como la que involucra más a ciudadanas y ciudadanos que quieren el cambio.

Lo anterior, sin embargo, no debe interpretarse como la negación del rechazo a la manifestación libre de las ideas, de la protesta firme ante las injusticias y abusos del poder.

Por ello, es importante señalar que los recursos presentados por las ilegalidades ocurridas durante el proceso electoral de este 2012 ante la autoridad jurisdiccional en materia electoral, no significa desconocer la legalidad democrática. Todo lo opuesto, significa transitar por lo causes institucionales previamente construidos para defender precisamente dicha legalidad democrática.

Para tal efecto, nuestra Carta Magna establece, en su artículo 41, que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Es pues, el mismo orden legal de nuestro país el que contiene los instrumentos institucionales para impugnar los procesos electorales y sus resultados.

Señalar las irregularidades cometidas antes, durante y después del proceso electoral y exigir que no queden impunes abona a la calidad de nuestra democracia. Exigir elecciones libres, auténticas y equitativas, bajo los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, exhaustividad, transparencia y legalidad no es una estrategia política, es una obligación ética.

Campaña exitosa de las izquierdas

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Habrá que esperar a los cómputos del próximo miércoles y desde luego los que corresponden a la elección presidencial. Los resultados del PREP le dan una ventaja relativamente pequeña a Peña Nieto, pero la votación que hasta ahora ha conseguido AMLO es muy importante y habrá que seguir con atención el tratamiento que las autoridades electorales darán a las diversas impugnaciones que presentaron todos los partidos.

Sin embargo, y con las reservas antes mencionadas, es un hecho innegable que las izquierdas —con el impulso de AMLO— avanzaron de manera muy significativa. La coalición progresista —con los datos que ahora tenemos— triunfó en tres de las siete gubernaturas que estaban en juego. En el Distrito Federal, en Morelos y en Tabasco gobernarán las izquierdas y estos estados se sumarán a Oaxaca, Guerrero y a otras entidades en donde gobiernan coaliciones. Igualmente, las izquierdas tendrán una fuerte representación en el Congreso de la Unión, para en conjunto, convertirse en la segunda fuerza política. En fin, la izquierda y de manera particular el PRD, crecimos de manera significativa. De todo ello debiéramos sentirnos, los que militamos en la izquierda, satisfechos.

Uno de los componentes principales del crecimiento referido, fue una exitosa campaña basada en propuestas, y sobre todo, en un discurso que buscó la conciliación y el entendimiento entre todas las mexicanas y mexicanos.

En particular, Andrés Manuel López Obrador fue un candidato conciliador, alejado de confrontaciones estériles. Logró representar un proyecto de una izquierda moderada e incluyente, revirtiendo, en gran medida, las campañas sistemáticas que desde hace años han pretendido presentarlo como un peligro para México por ser supuestamente violento y excluyente.

En sentido contrario al tono propositivo y conciliatorio de la campaña de las izquierdas, tanto el PAN como el PRI recurrieron en estas elecciones a las campañas negras, llegando el primero inclusive a difundir un spot con un audio alterado de un discurso del candidato de las izquierdas, para hacer creer al electorado que el candidato presidencial de las izquierdas era un apologista de la vía armada.

Asimismo, en diferentes estados de la República, sobre todo en aquellos en donde también tuvieron lugar elecciones concurrentes para gobernador, los adversarios de las izquierdas recurrieron a campañas de miedo utilizando desde los tradicionales volantes, hasta métodos como llamadas telefónicas con grabaciones, cuyos mensajes tenían el objetivo de desprestigiar e infundir temor entre los votantes. En Morelos, inclusive, circuló masivamente una versión apócrifa de un diario para confundir al electorado con el irreal abandono de la contienda por parte de quien a final de cuentas resultó triunfador.

Afortunadamente, nuestro país cuenta con una ciudadanía cada vez más madura e informada (cabría destacar el papel de las redes sociales en este sentido), por lo que las campañas negras no tuvieron el mismo impacto que en el pasado.

La campaña de la izquierda ha sido exitosa porque puede sentar las bases para un proceso de reconciliación nacional, que desemboque en un gran pacto político para llevar a cabo las acciones necesarias para superar los retos más grandes que enfrentamos como país. Sin embargo, cualquier intento en ese propósito, necesariamente obliga a respetar la legalidad. Por ello, es importante que toda irregularidad, toda acción que haya impedido el libre sufragio, debe ser corregida y sancionada. La autoridad electoral tiene la palabra.