Para algunos sectores de la izquierda, cuya visión del mundo está fundamentada en esquemas derivados de la teoría clásica marxista, la legalidad es una pieza más de la superestructura creada por la burguesía, por lo que es válido reconocerla y desconocerla según sea tácticamente conveniente. Existe inclusive un pequeño sector en la izquierda que combate militantemente la legalidad como forma de demostración de autenticidad revolucionaria.
Si bien es cierto que las leyes responden a intereses determinados y a relaciones de fuerza y, además, son interpretables y aplicables de modos diversos, también es cierto que las leyes introducen objetividad, seguridad, previsibilidad, institucionalidad y generalidad. Así, las normas pueden actuar como límites del poder y garantía para evitar arbitrariedades.
Asimismo, la base de la legitimidad del Estado democrático es la legalidad: en este sistema político el gobierno está sujeto a leyes y obligado a actuar a través de las mismas. Siendo la ley la principal fuente del derecho (tras la Constitución de la que deriva) es la máxima expresión de la soberanía, es decir, de la voluntad general.
Para la izquierda democrática la legalidad es un componente fundamental de la democracia y un instrumento fundamental e indispensable para el deseado cambio social. Democracia y legalidad son incomprendidas si se toman separadas. Ambas constituyen un binomio, son una y otra necesariamente, y así están siendo entendidas por las izquierdas modernas y progresistas.
Desde la década de los setenta, amplios sectores de la izquierda superaron visiones dogmáticas sobre la legalidad y decidieron ajustarse al marco constitucional y buscar acceder al poder público por la vía legal por excelencia: los procesos electorales.
Para las izquierdas con convicción democrática, la definición precisa y sin ambages del acceso al poder por la vía de la legalidad democrática no se entiende como claudicación. Por el contrario, se aprecia a la vía institucional como la mejor, como la que involucra más a ciudadanas y ciudadanos que quieren el cambio.
Lo anterior, sin embargo, no debe interpretarse como la negación del rechazo a la manifestación libre de las ideas, de la protesta firme ante las injusticias y abusos del poder.
Por ello, es importante señalar que los recursos presentados por las ilegalidades ocurridas durante el proceso electoral de este 2012 ante la autoridad jurisdiccional en materia electoral, no significa desconocer la legalidad democrática. Todo lo opuesto, significa transitar por lo causes institucionales previamente construidos para defender precisamente dicha legalidad democrática.
Para tal efecto, nuestra Carta Magna establece, en su artículo 41, que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Es pues, el mismo orden legal de nuestro país el que contiene los instrumentos institucionales para impugnar los procesos electorales y sus resultados.
Señalar las irregularidades cometidas antes, durante y después del proceso electoral y exigir que no queden impunes abona a la calidad de nuestra democracia. Exigir elecciones libres, auténticas y equitativas, bajo los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, exhaustividad, transparencia y legalidad no es una estrategia política, es una obligación ética.
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