La trampa

Excélsior

Por ello, es que la coalición progresista debe orientar su esfuerzo y su lucha estrictamente en el marco que establece la legalidad constitucional. Protestar ante una injusticia es un derecho; ejercerlo sin afectar los derechos de los demás es una obligación a la que debe sujetarse una estrategia política exitosa.

Debo decir que tengo la convicción de que las elecciones no fueron equitativas, que se cometieron muchas irregularidades, que funcionarios públicos faltando a su deber, intervinieron para coaccionar a los electores, que hubo compra de votos y que las televisoras se coludieron con empresas encuestadoras para influir ilegalmente en el ánimo de los electores.

Comparto también que los partidos de la alianza progresista y el propio AMLO, están obligados —ética y políticamente— a recurrir a la denuncia para que se haga justicia y se sancione a quienes irresponsablemente actuaron al margen de la ley. Creo además, que toda omisión ante estos hechos, a final de cuentas daña la convivencia social y atenta contra los intereses más preciados del país.

Bajo estas premisas, que seguramente comparte un buen número de ciudadan@s, debemos hacer lo posible y lo necesario para impedir que prevalezca la impunidad de aquellos partidos, candidatos y funcionarios que afectaron la vida democrática y agredieron el libre sufragio de las ciudadanas y los ciudadanos.

-¿Qué hacer entonces?

-¿Qué lo posible, qué lo necesario?

-Y sobre todo ¿qué es lo adecuado y correcto?

No será nada fácil encontrar las respuestas a estas interrogantes, pero cualesquiera que éstas sean, deben, en primer término, eludir la trampa en la que nos quisieran situar el priismo y la derecha más conservadora; es decir, en la trampa que significa un falso dilema: la omisión ante estas irregularidades o la acción ilegal para combatirlas.

Esto es: ¿Para no ser omisos ante las irregularidades hay que recurrir a la ilegalidad? ¿Para combatir a quienes violentan la legalidad hay que recurrir a la violencia?

¡No! Definitivamente no es ese el camino para lograr la justicia y desde luego tampoco es esa la estrategia correcta para el desarrollo democrático del país y para el avance de la izquierda.

Ya hemos estado antes atrapados en ese falso dilema y a partir de esas experiencias debiéramos haber comprendido que toda causa justa —como lo es la lucha por la justicia electoral— debe sumar las voluntades y las simpatías de los millones de ciudadanos que cuidadosamente observan el desarrollo de los acontecimientos y el comportamiento de las fuerzas políticas.

¿Nos apoyarán si bloqueamos las carreteras, si interrumpimos su libre tránsito, si en nombre de un derecho cancelamos el de ellos? ¡Pienso que no!

Por ello, es que la coalición progresista debe orientar su esfuerzo y su lucha estrictamente en el marco que establece la legalidad constitucional. Protestar ante una injusticia es un derecho; ejercerlo sin afectar los derechos de los demás es una obligación a la que debe sujetarse una estrategia política exitosa.