De llegarse a aplicar ACTA podría haber una limitación al acceso a internet, ampliando con ello la brecha digital y la posibilidad de que México se inserte en la denominada sociedad de la información y del conocimiento.
Como es su costumbre, el gobierno federal tomó una decisión unilateral al firmar el Acuerdo Comercial Anti Falsificaciones, mejor conocido como ACTA, y, como es su costumbre, desoyó miles de voces que le señalaron que este instrumento es contrario a las garantías individuales.
Escudándose en la necesidad real de crear un marco normativo que proteja los derechos de autor, el gobierno de Felipe Calderón firmó un acuerdo que vulnera la libertad de expresión y viola derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política.
Esto no es un invento mío o de los usuarios de internet, son las conclusiones a las que se llegaron después de meses de análisis y discusión de legisladores, expertos en la materia y usuarios de las nuevas tecnologías.
En septiembre de 2011, el Senado de la República, quien se encarga de vigilar la política exterior del gobierno federal, y quien está facultado para ratificar los convenios internacionales, en este caso ACTA, dio a conocer una serie de conclusiones que es necesario retomar para saber por qué Calderón no debió firmar este acuerdo.
Según los legisladores, ACTA resultaría contrario a diversas disposiciones jurídicas en materia de garantías, pues vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo el sistema jurídico.
Además, la ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto del Acuerdo Comercial Anti Falsificaciones resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los mexicanos.
De llegarse a aplicar ACTA podría haber una limitación al acceso a internet, ampliando con ello la brecha digital y la posibilidad de que México se inserte en la denominada sociedad de la información y del conocimiento.
Y una de las razones más importantes para rechazar este instrumento es que su aplicación podría derivar en una censura a los contenidos de internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de expresión.
A inicios de julio de este año, el Parlamento Europeo, por una amplia mayoría, rechazó la firma de ACTA frente a las dudas respeto a los derechos de los usuarios de internet. La presión social jugó un papel fundamental en este proceso.
Contrario a lo que sucede en gran parte del mundo, el Ejecutivo decidió no escuchar a las miles de voces que se alzan en contra de este instrumento internacional que cada vez encuentra más rechazo alrededor del mundo.
A través de los años el gobierno federal ha firmado varios acuerdos comerciales que no han beneficiado a nuestro país como se esperaba, y ACTA es uno de ellos.
Es cierto que hay una necesidad de actualizar y mejorar la legislación que proteja con eficacia y efectividad los derechos de propiedad intelectual, pero no debe ser mediante instrumentos como ACTA, porque en lugar de beneficiar podrían terminar perjudicando a la mayoría de la población.
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