Lamentablemente, el Estado mexicano vive una crisis estructural en razón de que ni tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia como tampoco mantiene control sobre la totalidad del territorio en que se asienta el Estado nacional.
¿Puede usted suponer, amable lector, la existencia de un Estado si un día de estos, cualquiera, un grupo de individuos se arma con fusiles automáticos, cerca una parte de territorio, establece retenes, cobra aranceles y establece sus propios tribunales para aplicar sus “leyes”? ¡Claro que lo supone, pues millones lo viven a diario y ahora mismo sucede en muchas regiones del país!
Pero en los Estados modernos no sólo el monopolio sobre el uso de la fuerza o el control sobre un territorio son los únicos elementos que contribuirían a la definición e identificación de un Estado. Ahora se debieran tomar en cuenta otros elementos que no sólo van más allá de la seguridad de las personas, sino que además implican la garantía efectiva a otros diversos y múltiples derechos humanos.
¿Es Estado algo que no puede garantizar, por ejemplo, el acceso de las personas a tribunales constitucionales en donde se deba aplicar la ley, y ya no digamos la justicia?
Suponga, estimado lector, que en un municipio del sur del Estado de México, de Guerrero, de Tamaulipas, de pronto, un grupo de personas pone una mesa y desde ella alguien se autonombra juez y comienza a dictar sentencias.
Suponga aún más: que un individuo que no adquirió título de médico cirujano, que nunca estudió para ello, tenga la ocurrencia de establecer un “hospital” en donde ofrezca cirugías para corregir alguna cardiopatía, o un caso igual de extremo.
Imagine que un día cualquiera, un individuo, sin contar con ninguna facultad o autorización por parte de autoridad alguna, renta un edificio, le hace algunos arreglos, lo cubre de pintura, le coloca en la pared frontal un anuncio que dice Universidad y acto seguido comienza a inscribir alumnos bajo la promesa de que podrán adquirir títulos para ejercer como abogados, contadores, médicos, ingenieros, arquitectos, químicos, físicos, etcétera, etcétera. Y todo ello con el argumento de que existen muchos jóvenes que no pueden acceder a una de las universidades públicas existentes.
Y entonces aquí el dilema: ¿El derecho de los jóvenes a la educación existe? ¡Sí, clara y contundentemente! Como existe el derecho a la justicia, a la seguridad y a la salud y a otros… Pero esos derechos los tiene, por obligación Constitucional, que cumplir y hacer vigentes el Estado.
No hay posibilidad constitucional de que un individuo o un grupo de particulares excluyan o liberen al Estado de esas imprescriptibles obligaciones. Los que lo intentan en muchas ocasiones cometen fraude (como muchas universidades y muchos hospitales que no lo son y que sólo engañan a las personas).
Existen personajes que, conscientes de su acción ilegal, como López Obrador con sus universidades de facto, lo que hacen es contribuir aún más al debilitamiento del Estado o a su franca extinción.
No podría, desde luego, estar en contra de la existencia de universidades privadas, hospitales particulares, despachos en donde las personas que culminaron su formación profesional ejerzan sus conocimientos. Pero la existencia de todos estos establecimientos debe llevarse a cabo, como lo dice la ley, con la regulación, control, vigilancia y aprobación del Estado mexicano.
Las universidades de López Obrador no cumplen con nada de eso y se parecen, en lo sustantivo, a los festivales Teletón que hace Televisa: alimentan la conmiseración, la piedad de muchas personas, pero también sirven para que se autoexculpen moralmente aquellos pocos, tan pocos, que concentran la gran parte de la riqueza nacional; pero lo más grave es que exculpan al Estado de sus responsabilidades legales y constitucionales.
Con esto último están logrando descalificar todo lo público, lo social, para con ello desobligar al Estado para hacer exigibles y efectivos nuestros derechos humanos y constitucionales como la salud y la educación.
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