Una izquierda contemporánea

Excélsior 

Desde hace tiempo, la izquierda democrática en el mundo está inmersa en una crisis de representatividad que influye en nuestros encuentros y desencuentros. Sin embargo, hay una interrogante que debemos responder: ¿Existe una crisis de representatividad que impacta en nuestra identidad o una crisis de identidad que afecta nuestra representatividad?

Cualquiera que sea la respuesta, hay que entender que las izquierdas, en el mundo, estamos obligadas a desprendernos de fetiches políticos, visiones totalizadoras y dogmas, para reconsiderar críticamente nuestra acción y pensamiento.

La izquierda debe hacerse contemporánea, es decir, dejar nacionalismos anacrónicos y visiones chauvinistas que derivan en concepciones autoritarias. Requerimos renovarnos en nuestro comportamiento ético, en el quehacer diario y en las propuestas.

Necesitamos dejar atrás la idea de que con sólo oponernos a las injusticias, abusos y desigualdad ya es suficiente para justificar nuestra existencia como corriente política o acción revolucionaria.

Oponerse es sólo parte de lo que se debe hacer. La izquierda necesita superar esa posición opositora para convertirse en alternativa de poder, de gobierno, una alternativa capaz de atender los grandes problemas globales.

Las izquierdas democráticas, en el mundo, debemos cambiar para poder ampliar nuestra representatividad e incluir no sólo a los enojados o resentidos, sino a millones de personas que tienen expectativas, que luchan por hacerlas realidad.

Recordemos que todo cambio político, toda revolución científica y toda revolución social tuvo un precedente en hombres y mujeres libres que se atrevieron a discrepar de los poderosos y se decidieron a pensar diferente a los guardianes del statu quo.

No podremos cambiar si seguimos por la vía de recurrir a los fedatarios que quieren seguir extendiendo certificados de autenticidad de izquierda.

Debemos acrecentar nuestros esfuerzos para representar de manera genuina lo que consideramos valores de modernidad frente a los símbolos del pasado, los valores del progresismo en contra del conservadurismo y el costumbrismo.

Antes era más fácil para la izquierda, ya que, por decreto, nosotros representábamos a los buenos que nos impondríamos a los malos, pero ya no es así, los cambios, tanto progresivos contra regresivos, son procesos políticos, económicos, culturales y biológicos.

Todo esto lo discutiremos durante cinco días en la Ciudad de México, Monterrey, Jalisco y Puebla, en el Segundo Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática, porque ya no es suficiente con oponernos, debemos convertirnos en una verdadera izquierda democrática útil.

Expresidente del PRD

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El egoísmo en el homo economicus

Excélsior 

El compañero Javier Salinas Narváez, ahora diputado por el PRD en el Congreso del Estado de México, se ha graduado como Doctor en Administración Pública y, para ello, ha presentado una tesis que tiene que ver con la problemática económica y fiscal que vive nuestro país.

El doctor Salinas Narváez analiza de manera certera la situación del gobierno federal y de los gobiernos locales que acusan una débil y exigua recaudación fiscal, lo que dificulta que el Estado Mexicano pueda jugar un papel más influyente hacia el crecimiento de la economía y la equidad e igualdad social. El gobierno recauda poco, a pesar de la última Reforma Hacendaria y, por lo tanto, cuando bajan en el mundo los precios de los commodities, como el petróleo o el gas —lo que ahora mismo sucede— se afectan de manera grave los ingresos de países como México.

A pesar de que se ha reducido la dependencia de los ingresos fiscales a nuestras exportaciones de crudo, seguimos siendo muy frágiles en nuestras finanzas públicas. Esta situación del precio del petróleo no es coyuntural ni es pasajera, pues todo indica que durará por décadas.

Por ello es que se tiene que poner atención en el aumento en la recaudación fiscal no petrolera y la mejoría sustancial en el gasto de lo recaudado. En eso pone énfasis el texto del doctor Salinas. Se trata de que el Estado recaude más a partir de que todos paguemos impuestos, pero que eso se haga de manera justa, equitativa, es decir: que se pague según el monto de los ingresos de cada cual. Más el que más tiene, menos el que menos tiene.

Pero resulta que, a pesar de la Reforma Hacendaria reciente, se continúa con una nociva práctica por una buena parte de los contribuyentes, pero de manera especial de los grandes contribuyentes. Ésta consiste en la elusión, en la evasión y en el fraude fiscal.

El doctor Javier Salinas cita a Oswald Spengler que ha identificado al contribuyente “como un ser compuesto de una mezcla de sentido de justicia y de irritación”. En un contribuyente habitan ambas almas en permanente confrontación.

“El homo economicus” piensa en su conveniencia económica y no reconoce ningún deber moral de conducta. En su opinión, es lícito todo lo que le beneficia. Sabe, por ejemplo, que no puede construir por sí mismo carreteras, presas, hospitales, escuelas, etcétera, pero está convencido —y razones tiene— de que los gobiernos son grandes derrochadores y por ello le parece lícita la elusión o la evasión fiscal.

Otros eluden el pago de sus impuestos por razones políticas. Arguyen que el gobierno en el poder no es el que empata con su convicción ideológica; lo consideran alejado de ellos; quisieran que no ganara en las siguientes elecciones y, por ello, también participa de la evasión. Estos últimos son los de la idea de que le vaya mal al gobierno existente para que su partido o su candidato tengan mayores posibilidades de ganar las elecciones inmediatas.

Y también están los ultraliberales, los fanáticos del liberalismo económico que —paradójicamente cercanos a los anarquistas— no quieren Estado o, si es inevitable que exista, entonces que intervenga en lo mínimo y, por ello, dicen, no hay que darle recursos ni pagar impuestos. Y, desde luego, están los pillos, los que tienen grandes ingresos, grandes ganancias pero rechazan el pago de sus impuestos, simplemente, por egoísmo extremo. Estos últimos eluden, evaden y hacen fraude fiscal y, en no pocas ocasiones, en colaboración con funcionarios de la hacienda pública.

Hoy nuestro país se encuentra en una situación difícil: mínimos históricos en el precio del petróleo, depreciación de nuestra moneda, un mercado interno tremendamente debilitado por la constante reducción del ingreso de los consumidores, principalmente de los trabajadores, un salario disminuido a limites francamente irresponsables y un aumento dramático de la desigualdad social y de la pobreza entre la población.

Frente a esto, se requiere de una gran inversión pública pero, además, bien dirigida hacia sectores altamente productivos y generadores de empleo. Esto no se podrá hacer si no se cobran los impuestos debidos y si no se toman las medidas necesarias para evitar la elusión y la evasión fiscales, de todos, pero, principalmente, de los grandes causantes.

Expresidente del PRD


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De mártires adoloridos

Excélsior 

Para cuando aparezcan publicadas estas líneas en Excélsior, ya se habrá reunido el Comité Ejecutivo Nacional del PRD y habrá adoptado resoluciones que tendrán un importante impacto en su vida interna y en su influencia social y política hacia el conjunto del país.

Esas decisiones de los dirigentes del perredismo no son poca cosa, sino, en sentido diferente, son muy importantes, pues se trata de la política de alianzas de este partido en la coyuntura electoral de 2016. Y más significativo aún: se trata de decidir si el principal partido de izquierda en México continúa siendo una fuerza capaz de contribuir para impedir una restauración del sistema político de partido cuasi único.

La izquierda en general y el PRD en lo particular, fueron durante las últimas cuatro décadas, actores fundamentales para terminar con el régimen de partido de Estado y han sido, también de manera muy significativa, factores para impedir cualquier intento de restauración autoritaria.

Hoy, en el marco de una situación particularmente compleja desde el punto de vista económico y de una creciente desigualdad social en México, el PRD debe seguir configurándose en un dique para impedir la restauración autoritaria.

Trato de explicarme: hoy el PRI tiene la mayoría simple en la Cámara de Diputados; es la primera fuerza en el Senado y, al terminar 2016, podrían estar bajo su dominio 23 entidades federativas (más de dos tercios de las existentes).

Podría avanzar la restauración autoritaria a pesar de la desastrosa administración de Peña Nieto, a pesar de sus deplorables actos de corrupción, de su creciente rechazo ante la población. En su situación de mayor deterioro, podría el PRI, en terrible paradoja, refrendar la Presidencia de la República. 

¿Por qué podría acontecer tal contrasentido social y político? ¿Por qué un gobierno con tan enorme repudio ante la ciudadanía podría mantenerse en el gobierno del país?  Ello sucedería debido a que los cambios de gobierno, los cambios de régimen, se suceden no sólo porque los que se encuentran en el poder se han desgastado y debilitado, sino, además, porque, paralelamente, se han constituido otras organizaciones políticas que son capaces de surgir como fuerzas emergentes y alternativas.

¿De qué sirve, por ejemplo, que Peña Nieto sea en la historia reciente del país el Presidente más impopular, si los contrarios, los opositores, se envuelven hasta asfixiarse en su fútil arrogancia, en su pequeñez política?

¿De qué sirve que crezca ante la población el rechazo hacia el gobierno priista, si los liderazgos opositores democráticos prefieren continuar escenificando el papel de héroes derrotados, de mártires adoloridos, pero siempre vencidos? ¿De qué sirve que crezca el rechazo al PRI en varias entidades federativas si la oposición que quiere avances democráticos no es capaz de sacrificar sus miserias y vanidades, para sumar fuerzas y construir gobiernos plurales con programas democráticos y de bienestar social?

El asunto de las alianzas electorales debiera verse con menos dramatismo y con mayor sentido práctico. Se debieran  ver las alianzas como instrumentos tácticos, coyunturales, para ser utilizados en los propósitos de alcanzar objetivos de mediano y largo plazos. Esos objetivos debieran ser, cuando menos, los siguientes:

-Que se logre la alternancia en las entidades en donde, hasta hoy, sólo ha gobernado el PRI desde principios del siglo pasado.

-Que la fuerza más influyente de la izquierda mexicana continúe siendo el PRD, ello a partir de impulsar y materializar un programa igualitario, democrático, progresista y avanzar en la conquista de más gobiernos de izquierda en las entidades federativas y en los municipios. 

-Que en México no se restablezca una hegemonía electoral y política del PRI para, con ello, impedir la regresión hacia un régimen de partido de Estado.

-Que a partir de victorias en los estados más importantes, desde el punto de vista electoral, la izquierda avanzaría con mayores posibilidades para el proceso electoral presidencial.

Expresidente del PRD

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¿La fuerza del Estado o la fuerza de la delincuencia?

Excélsior

El principal objetivo de cualquier estrategia gubernamental de seguridad pública debiera concentrarse en garantizar el que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, entre ellas, la de vivir en paz, con libertad y con seguridad para sus vidas y patrimonio.

Para ser consecuentes con lo anterior, los gobiernos federal, estatal y municipal se encuentran obligados a asumir y poner en práctica políticas comunes que los entrelacen, los hagan coincidir en las acciones y les permitan contar con la eficacia en el combate a la delincuencia. Hasta hoy eso no ha sucedido y lo que tenemos es un conjunto de Fuerzas Armadas del Estado, las mismas que actúan de manera dispersa, con grandes diferencias en los objetivos que persiguen y que sólo están evidenciando una terrible ineficacia en su funcionamiento.

En México existen decenas y decenas de cuerpos policiacos que, dispersos, diluyen su fuerza y desperdician sus capacidades, pero más grave aún: muchos de estos cuerpos han sido ya cooptados por la delincuencia organizada. Son, en los hechos, instrumentos para posibilitar la transgresión a las leyes y la impunidad. 

Así, en el marco de este caos de violencia e impunidad que se vive en el país, los gobiernos de cualquier nivel han estado perdiendo la capacidad de constituirse, de manera plena, en garantes del ejercicio de derechos y con ello se alejan cada vez más de la condición de legitimidad y constitucionalidad para ejercer la fuerza.

¿Cómo podrían tener legitimidad para ejercer la fuerza del Estado, si cuando actúan es para servir a la delincuencia organizada y no a la población? Esto es lo que sucede con muchos gobiernos municipales, con gobiernos estatales y con no pocas instancias del gobierno federal.

¿Cómo podrían fungir como representantes de un Estado democrático si la fuerza con la que cuentan está siendo utilizada para proteger, no los derechos de la ciudadanía, sino los intereses de la delincuencia? Y, lamentablemente, esto es lo que sucede con muchos mandos militares y policiacos de entidades federativas, y lo que acontece en muchos municipios del país, en donde los jefes de la policía o son amenazados o son comprados por la delincuencia.

Desde luego que todos sabemos que en las policías del orden federal existen socios y cómplices del narcotráfico y que lo mismo sucede en las policías estatales, pero igualmente debemos reconocer que son los municipios la parte más frágil y, por ello, la más susceptible de ser cooptada.

¿Cómo se puede atender esta problemática? Una respuesta equivocada es la que parte de los ortodoxos del federalismo que se rasgan las vestiduras cuando se ha planteado el que los ayuntamientos dejen de tener la responsabilidad de la seguridad pública. A estos defensores de la ortodoxia preguntémosle lo siguiente: ¿Con qué fuerza, con cuántos efectivos, con qué armas, un ayuntamiento, cualquiera que éste sea, podrá hacer frente al poder económico y a la enorme capacidad de fuego que tienen los jefes de la delincuencia organizada? Obviamente, estos ortodoxos siempre eluden alguna respuesta porque eluden la realidad, y la realidad nos dice y nos vuelve a decir, que nunca por sí solos los ayuntamientos tendrán la capacidad policiaca y la fuerza pública para poder vencer aquella con la que cuenta el negocio del narcotráfico.

Y esto es así porque el negocio del narcotráfico está vinculado estrechamente al negocio de las armas y, entre más grande sea uno, igual crecerá el otro. De esta manera resulta una ilusión y un engaño pretender que la violencia y la inseguridad podrá ser resuelta desde los gobiernos municipales y desde los policías que dependen de éstos.

La violencia y la inseguridad que vive nuestro país requiere una estrategia de dos brazos. El primero y más importante tiene que ver con la aplicación de una política de desarrollo económico y de combate a la desigualdad que posibilite ejercicio de derechos sociales y de libertades para todas y todos los mexicanos. El segundo tiene que entenderse desde la perspectiva de  contar con cuerpos policiacos eficaces con la fuerza y la capacidad para enfrentar con suficiencia a la delincuencia organizada. Los empleos dignos y bien remunerados, educación, oportunidades para el desarrollo, espacios culturales y deporte son lo principal y de eso ni duda cabe, pero también se necesita de una fuerza policiaca que, respetuosa de los derechos humanos, de los principios democráticos, de los derechos civiles y de la legalidad, sea capaz de superar a la fuerza ilegítima de la delincuencia.

En ese sentido, una de las alternativas viables que se pueden aplicar es la de un esquema de policías estatales con Mando Único y funciones claramente integradas en el cumplimiento de objetivos estratégicos. El llamado Mando Único debiera significar el que los estados de la Federación, al integrar a las policías de los municipios, se homologue la capacitación, investigación, el equipamiento, el análisis e inteligencia, hasta lograr una policía científica que garantice la seguridad ciudadana. Esto no tiene por que entenderse como un agravio a la autonomía municipal.

Expresidente del PRD

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