El principal objetivo de cualquier estrategia gubernamental de seguridad pública debiera concentrarse en garantizar el que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, entre ellas, la de vivir en paz, con libertad y con seguridad para sus vidas y patrimonio.
Para ser consecuentes con lo anterior, los gobiernos federal, estatal y municipal se encuentran obligados a asumir y poner en práctica políticas comunes que los entrelacen, los hagan coincidir en las acciones y les permitan contar con la eficacia en el combate a la delincuencia. Hasta hoy eso no ha sucedido y lo que tenemos es un conjunto de Fuerzas Armadas del Estado, las mismas que actúan de manera dispersa, con grandes diferencias en los objetivos que persiguen y que sólo están evidenciando una terrible ineficacia en su funcionamiento.
En México existen decenas y decenas de cuerpos policiacos que, dispersos, diluyen su fuerza y desperdician sus capacidades, pero más grave aún: muchos de estos cuerpos han sido ya cooptados por la delincuencia organizada. Son, en los hechos, instrumentos para posibilitar la transgresión a las leyes y la impunidad.
Así, en el marco de este caos de violencia e impunidad que se vive en el país, los gobiernos de cualquier nivel han estado perdiendo la capacidad de constituirse, de manera plena, en garantes del ejercicio de derechos y con ello se alejan cada vez más de la condición de legitimidad y constitucionalidad para ejercer la fuerza.
¿Cómo podrían tener legitimidad para ejercer la fuerza del Estado, si cuando actúan es para servir a la delincuencia organizada y no a la población? Esto es lo que sucede con muchos gobiernos municipales, con gobiernos estatales y con no pocas instancias del gobierno federal.
¿Cómo podrían fungir como representantes de un Estado democrático si la fuerza con la que cuentan está siendo utilizada para proteger, no los derechos de la ciudadanía, sino los intereses de la delincuencia? Y, lamentablemente, esto es lo que sucede con muchos mandos militares y policiacos de entidades federativas, y lo que acontece en muchos municipios del país, en donde los jefes de la policía o son amenazados o son comprados por la delincuencia.
Desde luego que todos sabemos que en las policías del orden federal existen socios y cómplices del narcotráfico y que lo mismo sucede en las policías estatales, pero igualmente debemos reconocer que son los municipios la parte más frágil y, por ello, la más susceptible de ser cooptada.
¿Cómo se puede atender esta problemática? Una respuesta equivocada es la que parte de los ortodoxos del federalismo que se rasgan las vestiduras cuando se ha planteado el que los ayuntamientos dejen de tener la responsabilidad de la seguridad pública. A estos defensores de la ortodoxia preguntémosle lo siguiente: ¿Con qué fuerza, con cuántos efectivos, con qué armas, un ayuntamiento, cualquiera que éste sea, podrá hacer frente al poder económico y a la enorme capacidad de fuego que tienen los jefes de la delincuencia organizada? Obviamente, estos ortodoxos siempre eluden alguna respuesta porque eluden la realidad, y la realidad nos dice y nos vuelve a decir, que nunca por sí solos los ayuntamientos tendrán la capacidad policiaca y la fuerza pública para poder vencer aquella con la que cuenta el negocio del narcotráfico.
Y esto es así porque el negocio del narcotráfico está vinculado estrechamente al negocio de las armas y, entre más grande sea uno, igual crecerá el otro. De esta manera resulta una ilusión y un engaño pretender que la violencia y la inseguridad podrá ser resuelta desde los gobiernos municipales y desde los policías que dependen de éstos.
La violencia y la inseguridad que vive nuestro país requiere una estrategia de dos brazos. El primero y más importante tiene que ver con la aplicación de una política de desarrollo económico y de combate a la desigualdad que posibilite ejercicio de derechos sociales y de libertades para todas y todos los mexicanos. El segundo tiene que entenderse desde la perspectiva de contar con cuerpos policiacos eficaces con la fuerza y la capacidad para enfrentar con suficiencia a la delincuencia organizada. Los empleos dignos y bien remunerados, educación, oportunidades para el desarrollo, espacios culturales y deporte son lo principal y de eso ni duda cabe, pero también se necesita de una fuerza policiaca que, respetuosa de los derechos humanos, de los principios democráticos, de los derechos civiles y de la legalidad, sea capaz de superar a la fuerza ilegítima de la delincuencia.
En ese sentido, una de las alternativas viables que se pueden aplicar es la de un esquema de policías estatales con Mando Único y funciones claramente integradas en el cumplimiento de objetivos estratégicos. El llamado Mando Único debiera significar el que los estados de la Federación, al integrar a las policías de los municipios, se homologue la capacitación, investigación, el equipamiento, el análisis e inteligencia, hasta lograr una policía científica que garantice la seguridad ciudadana. Esto no tiene por que entenderse como un agravio a la autonomía municipal.
Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
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