martes, 15 de diciembre de 2015

De error financiero a crimen social


Cuando terminen su encargo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibirán, cada uno de ellos, como parte de su pensión vitalicia, 258 mil 796 pesos por mes. Podrán, con ese ingreso, gozar de un retiro y de una vejez con dignidad.

Nadie debiera regatearles a los ministros de la SCJN o a cualquier otra persona servidora del Estado o trabajando en la economía privada que, al final de su vida laboral, puedan disfrutar de una generosa pensión de retiro. Esto es lo justo, pues toda persona tiene derecho a una pensión que le garantice bienestar y dignidad en el último tramo de su vida.

Negar ese derecho, como sucede en México, se ha convertido en una gran injusticia y en un factor de empobrecimiento para amplios sectores de la población.

Contrario a lo que sucede con los ministros, la gran mayoría de las y los adultos mayores que viven en nuestro país y que durante 30, 40 o 50 años han aportado su fuerza de trabajo a México o a una empresa privada, lamentablemente, no tienen posibilidad alguna de acceder a este derecho que debiera ser inalienable, de contar con una pensión digna.

La imposibilidad de una pensión digna para la gran mayoría de las y los mexicanos es uno de los grandes problemas que conforman la realidad de la sociedad mexicana, caracterizada principalmente por una terrible desigualdad social y económica y por el crecimiento, que pareciera irresoluble, de la pobreza.

Parte del drama que vive nuestra nación es que más de la mitad de las y los mexicanos vive en la pobreza, pero quizá lo más angustiante es que los más pobres entre los pobres sean los niños, las niñas y las y los adultos mayores. Estos son los sectores de la población que tienen mayores carencias de lo elemental para la vida; son estos quienes más dificultades tienen para acceder a los derechos humanos fundamentales como la alimentación, la vivienda, la salud; son quienes se encuentran más desprotegidos por el Estado y a quienes más se les imposibilita una vida de dignidad.

Y esto sucede, entre otras causas, porque el Estado ha renunciado a su responsabilidad de garantizar para todas y todos la elemental e indispensable seguridad social, y que incluye, necesariamente, el derecho humano a una pensión en la vejez.

La visión dogmática neoliberal de quienes dirigen las principales instituciones del Estado mexicano, empezando por la Presidencia de la República, están terminando con la concepción solidaria sobre la seguridad social, la misma que fue ejemplo para el mundo durante varias décadas, especialmente durante el proceso de fundación y consolidación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En lugar de ello, los neoliberales se encuentran inmersos en una “cruzada ideológica” para debilitar al Estado y para generar entre la población un sistemático repudio y un consistente rechazo hacia todo aquello que signifique lo público y lo societario.

Lo que fomentan es el individualismo y, con ello, lo único que han logrado es ahondar en la desigualdad y en mayor pobreza para las y los mexicanos. No han querido asumirlo, pero la estrategia de privatizar las afores ha resultado en el gran fracaso de los economistas neoliberales. Han acabado con los recursos del IMSS, con los del ISSSTE y con otros de las grandes empresas paraestatales, han dilapidado sus reservas; y de manera más trágica, han terminado con los ahorros de los millones de trabajadores mexicanos que se encontraban destinados para asegurar sus pensiones. Esos recursos ahora están en las cuentas bancarias de los dueños y directivos de las afores o en inciertos movimientos de especulación financiera. 

Por ello mismo, lo que debiera ser un derecho para todos, como lo es el de contar con una pensión que garantice dignidad y elemental bienestar para los últimos años de la vida, se convierte en un privilegio para el que tienen acceso apenas unos cuantos.

Convertir los ahorros de los millones de trabajadores mexicanos en un negocio privado significó un grave error de los gobiernos neoliberales que ha alcanzado la dimensión de un crimen social.

Expresidente del PRD


Twitter: @jesusortegam


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