Hace unos días escuchaba al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien comentaba sobre la situación de la educación pública en esa entidad.
Atrajo mi atención explicando algunos datos acerca de cómo —y en contra de toda lógica— se ha disminuido el número de solicitudes de matrícula para cursar la educación primaria en las escuelas públicas y, en sentido diferente, cómo en tan sólo cinco años se ha aumentado en casi 40% las inscripciones —para el mismo nivel— en las escuelas privadas.
Una explicación de este fenómeno podría ser el de los frecuentes paros laborales, de las interrupciones en el calendario escolar, lo que ya es una constante en Michoacán y, en consecuencia de todo ello, una drástica disminución de las horas-clase que reciben los alumnos.
Se presenta, entonces, algo aberrante: aumenta —en el presupuesto del estado— el porcentaje del rubro destinado a la educación pública y, sin embargo, crece de manera muy significativa el número de planteles educativos privados y de alumnos inscritos en ellos. Todo esto es, en muchos sentidos, deplorable. Lo es, porque se deteriora, a pesar de la mayor inversión, la educación pública; porque los padres y madres se ven obligados a gastar más, de los recursos familiares, en la educación de sus hijos, cuando este gasto debiera ser exclusivo para el Estado; y, aunque parezca menor el tema, aumentan las escuelas confesionales, con lo que se afecta a la educación laica.
Algo parecido sucede con la educación superior. La que imparte el Estado a través de las instituciones y universidades públicas se ha estancado por varias situaciones anómalas. La primera: la proporción de alumnos que ingresan a la educación superior es menor, mucho menor, con respecto al crecimiento de la población juvenil que alcanza la edad y se encuentra en condiciones de ingresar a una institución de educación superior. La segunda: aumenta la deserción en los planteles públicos de educación superior. La tercera: los egresados de las universidades públicas, en términos generales, tienen menores posibilidades y oportunidades que los egresados de las universidades privadas, para que, desde un empleo adecuado y digno, desarrollen sus conocimientos y potencialidades. Y la cuarta: el Estado, así como abandonó la educación básica y la entregó a grupos mafiosos, hizo lo mismo con la educación superior para que, salvo excepciones, las universidades autónomas y públicas de las entidades federativas se encuentren en manos de grupos de poder que las utilizan para privilegiar intereses particulares y acrecentar círculos y espacios de influencia política.
Por eso mismo, crecen las universidades privadas; crecen aquellas propiedad de particulares y de las cuales, la gran mayoría, no cubren elementalmente con las demandas y condiciones de calidad y excelencia que debiera exigir el Estado para que funcionen. No sucede esto y, por lo tanto, tenemos a centenas de miles de jóvenes que fueron engañados cuando se vieron obligados a pagar por un diploma o por un título que, aunque tenga validez ante la SEP, no la tiene ante la cruda e implacable realidad del mercado laboral.
¿Sería válido?, por ejemplo, que con recursos públicos asignados a diputados de Morena para tareas legislativas, este partido instituyera en varias entidades de la República “universidades” que expidieran “títulos” para ejercer la profesión de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etcétera.
Creo que no sería válido, desde el punto de vista legal, pero menos aun desde cualquier concepción ética.
¿Cuántas “universidades” pretende crear AMLO? ¿Con qué recursos —académicos, económicos, de infraestructura— las construirá y las sostendrá? ¿Es función de un partido político crear o fundar universidades? ¿Qué haría diferente a una universidad que crean e instituyen los jesuitas o los legionarios de Cristo a otra que crean los dirigentes partidarios de Morena? ¡Desde luego que no es función de un partido crear universidades! Esto es tarea fundamental del Estado, aunque no exclusiva, pero, además, todo indica que no habría diferencia sustantiva, pues las dos —aun de ritos diferentes— parecerían confesionales y claramente corporativizadas.
No hay que posibilitar la creación de más “universidades patito”. En sentido diferente, hay que alentar el fortalecimiento de las universidades públicas alentando su desarrollo y haciendo crecer la calidad de la educación que imparten y, claro, hay que aumentar la matrícula para que más y más jóvenes puedan ejercer, verdaderamente, el derecho a estudiar en una institución de educación superior.
Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
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