El móvil

Excélsior 

En sus dos informes públicos sobre los acontecimientos de Iguala-Cocula, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, estableció una hipótesis que, a la luz de nuevas informaciones, tenía evidentemente el propósito de exculpar de responsabilidades a las autoridades federales en los hechos criminales sucedidos en esos municipios del estado de Guerrero.

La hipótesis central de Murillo Karam fue que la presencia de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, tenía el propósito de obstaculizar o impedir el acto en donde la esposa de José Luis Abarca rendiría su informe de actividades como presidenta del DIF municipal. Ese supuesto propósito desencadenó, según la Procuraduría General de la República (PGR), la salvaje agresión en contra de los jóvenes.

Ese punto central de la “verdad histórica” del gobierno federal se ha desmoronado con nuevas evidencias que fueron encontradas en el informe elaborado por Pablo Gómez Álvarez y que es resultado de la investigación ordenada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y por otras evidencias aún más contundentes que contiene el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De este segundo informe se desprende textualmente lo siguiente: “las informaciones presentadas al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante. Según dichas informaciones, algunos autobuses son utilizados para transportar heroína y cocaína y el dinero obtenido de este tráfico, entre Iguala y Chicago. Es decir, el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque. [….] A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora”.

La PGR ha sido omisa de la existencia de un “quinto autobús” de la compañía Estrella Roja, a pesar de existir múltiples testimonios de que dicho autobús fue detenido por una patrulla de la Policía Federal. Más aún, hay pruebas de que al hacer evidente por el GIEI la existencia de ese quinto autobús de la empresa Estrella Roja, la PGR presentó otro cuyas características no concuerdan con aquellas derivadas de los testimonios de estudiantes agredidos y de otros testigos. Es decir, la PGR oculta en sus informes la presencia de un quinto autobús en los hechos y cuando el GIEI evidencia su existencia, la PGR presenta ¡uno diferente!

Es suficientemente conocido que en los estados de Guerrero, Estado de México y Michoacán, como en gran parte del territorio nacional, existe producción, comercialización y trasiego de estupefacientes, y que su combate —como es sabido— corresponde a las autoridades federales, las que durante muchos años han sido omisas a ese hecho o han sido incapaces de terminar con este gran negocio de miles de millones de dólares y del cual pudieran estar participando como cómplices o socios de diversos personajes involucrados, desde empresas “privadas” o desde la política estatal y, sobre todo, nacional.

Esta responsabilidad federal del combate al tráfico de drogas ilegales es lo que la PGR ha querido ocultar desde el inicio de sus investigaciones, para tratar de presentarlas, en sentido diferente, como un hecho derivado de un “bloqueo a un acto de carácter político”.

Por ello, la “verdad histórica” presentada por la PGR y por el gobierno federal es falsa, es una mentira, claramente evidenciada por el informe del GIEI.

En razón de lo anterior es que se deben admitir por el gobierno de Peña Nieto y por la PGR, de manera incondicional, las recomendaciones del GIEI, para que a partir de una nueva investigación asistida y vigilada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pueda llegar a la Verdad Jurídica y, con ello, hacer posible la justicia y el castigo a quienes resulten responsables —quienes sean— de los actos criminales en Iguala y Cocula.

La “verdad histórica” fue, ahora se sabe con suficientes datos e información, un grotesco invento del gobierno federal para tratar de ocultar las posibles complicidades de agentes del Estado en el negocio del tráfico de drogas, y de su tremenda incapacidad, la del Estado y el gobierno, para terminar con este flagelo que día tras día cobra más víctimas, la mayoría de ellas inocentes.

*Expresidente del PRD

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Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos*

Excélsior  

“Los partidos políticos son organizaciones sin cuya mediación no es posible actualizar los principios democráticos de las sociedades complejas contemporáneas”.  Esto es así, dice García Pelayo, porque los partidos pueden transformar las orientaciones, los intereses, las necesidades, las demandas generales de las sociedades en propuestas políticas y programas de acción que a su vez pueden (deben) ser satisfechas por los poderes públicos. Sin embargo, escribe Javier Arzuaga Magnoni, “existen demandas y exigencias ciudadanas que se presentan al sistema político que no son procesadas ni amalgamadas por los partidos. Junto a estos se desarrolla un variado conjunto de asociaciones y organizaciones de la sociedad que se dirige a los órganos del Estado sin la mediación ni la representación de partido político alguno”.

En este análisis puede encontrarse la contradicción principal que ahora se vive en la vida social y política del país,  y en el ánimo de ser realistas, la balanza de esta contradicción se encuentra ahora inclinada en contra de los partidos políticos.

Una buena parte de los ciudadanos en México y en muchos otros países no les está confiriendo a los partidos ni mediación ni representación, y la razón principal para que se presente esta circunstancia se localiza en el hecho de que los partidos cuando asumen el poder político o parte de éste, no lo utilizan para satisfacer las necesidades, las demandas, las exigencias de los ciudadanos y, más aún, es frecuente que desde el poder político los partidos actúen en contra de los derechos de los ciudadanos.

Una primera consecuencia de ello es que observamos a personajes que siempre han hecho política a través de los partidos, haciendo eco al reclamo ciudadano hacia los partidos y hacia la política en general. Y tienen éxito porque, ciertamente, hay un desencanto de los ciudadanos respecto de los partidos.

Pero desaparecer, eliminar a los partidos para ser sustituidos por individuos con discursos mesiánicos, sin programas políticos, con propuestas descabelladas (por ejemplo, la de no pagar impuestos) no podría ser solución para que las sociedades contemporáneas avancen hacia la democracia y hacia mejores condiciones de vida de todas las personas. Pero igualmente es equivocado que se pretenda que los partidos deban tener el monopolio de la representación ciudadana.

En sentido diferente, avanzaremos hacia un país justo, igualitario y democrático si hay ahora mismo una reconstrucción profunda del sistema político, que necesariamente debe tomar en cuenta tanto la pluralidad social y política de los ciudadanos, como los diversos instrumentos de los que se valen para ser verdaderamente atendidos.

Esa reconstrucción debe de ser de todo el sistema político, incluido el sistema de partidos.

Es en razón de ello que el PRD llevó a cabo su congreso nacional para desde éste iniciar nuestra propia reconstrucción, nuestro propio cambio.

Una lección que ya hemos aprendido es la de saber escuchar los reclamos y las exigencias ciudadanas, pero, además, tener plena conciencia de que la ciudadanía aprecia los hechos concretos, tangibles, más que los discursos y los dichos. Por ello, los gobiernos y cualquier institución emanada del PRD aplicarán, obligatoriamente, todas las medidas de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Igualmente, los gobiernos perredistas y sus representantes en los Congresos no admitirán —a partir de este Congreso— ningún acto de corrupción y, de presentarse, será inmediatamente sancionado. Además, los recursos públicos que son entregados al PRD para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, serán transparentados de manera absoluta.

Invitaremos a personas de la sociedad civil a constituirse en observadores ciudadanos que fiscalicen y vigilen de manera permanente el actuar de nuestros gobiernos en todos los niveles y el funcionamiento de nuestras estructuras partidarias, e instalaremos de manera cotidiana instrumentos de consulta a la ciudadanía sobre decisiones de nuestros gobiernos y de los congresistas del PRD en todas las entidades de la República, para que las exigencias de la gente se conviertan en políticas públicas.

En nuestro congreso resolvimos que todos los órganos de dirección del PRD se constituyan con paridad de género y la inclusión afirmativa de las y los jóvenes y, asimismo, creamos la Secretaría de la Diversidad Sexual. De manera destacada aprobamos una propuesta programática, que alejada de los dogmas y las promesas celestiales, sí sea eficaz en resolver las exigencias concretas más sentidas de la población, como son las del aumento al salario de los trabajadores, la creación de empleos, el combate a la pobreza, la garantía del derecho a la salud, la educación, la información y todos los demás derechos humanos. Este programa objetivo y realista se pondrá en práctica en nuestros gobiernos y lo impulsaremos para que se materialice en el conjunto del país.

En el PRD supimos escuchar el reclamo ciudadano y aprendimos la lección. Por eso hemos iniciado, con grandes pasos, nuestra transformación, tan profunda como lo reclama la ciudadanía.

*Frase de Eduardo Galeano.

*Expresidente del PRD

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¡Que no les den celulares… para que todo siga igual!

Excélsior

Cuando escucho algún noticiario de la radio o leo alguno de los diarios que abundan en la Ciudad de México resaltando como la noticia más importante el hecho de que alguien propuso que los legisladores ya no podrán utilizar teléfonos celulares pagados con los recursos del presupuesto asignado a la Cámara de Diputados o al Senado, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que hay un grado de frivolidad que permea en el Congreso, la misma que desde varios medios de comunicación se expande hacia sectores de la sociedad mexicana.

Y no es que esté en contra de esa idea para terminar con éste y otros privilegios mal habidos. Lo que desconcierta es que se ponga atención en asuntos tan nimios, cuando el Congreso de la Unión tiene tan grandes responsabilidades que de su cumplimiento depende, literalmente, el rumbo que tome nuestra nación y el futuro de millones de mexicanas y mexicanos.

-¡Que no se les pague a los legisladores el uso de los teléfonos celulares! ¡De acuerdo, hurra, hurra!

¿Pero qué pasa con el fuero constitucional que es utilizado por altos funcionarios para evadir la justicia? El Congreso debe terminar, mediante una reforma a la Constitución, con la inmunidad de que goza el Presidente de la República. Inmunidad que impide pueda ser juzgado, como sucede con cualquier otro ciudadano, por algún delito cometido. Y lo mismo debiera suceder con otros funcionarios del Ejecutivo federal, con los gobernadores, los propios legisladores y con cualquier servidor público que violente la ley.

-¡Que ningún Legislador, incluido el Presidente del Congreso General, pueda utilizar autos “oficiales”! ¡Bien, de acuerdo!

Pero ahora que resolverán sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto Nacional deberían utilizar sus facultades exclusivas para reorientar y vigilar el uso de los recursos públicos para avanzar en contra de la corrupción, la dilapidación, el uso clientelar de los programas sociales y, sobre todo, para garantizar que crezca significativamente la inversión productiva y la generación de empleos.

-¡Que la declaración patrimonial de todos los legisladores sea completamente pública! ¡De acuerdo, excelente!

Pero, de la misma manera, hay que terminar mediante una reforma, con la Secretaría de la Función Pública que sólo tiene utilidad para exculpar a funcionarios que cometen faltas a las leyes, que se benefician de la existencia de conflictos de interés y de posibles actos de corrupción.

-¡Que se elimine cualquier procedimiento que posibilite sobresueldos a los legisladores! ¡De acuerdo, ningún privilegio!

Pero, trascendente sería que la Cámara de Diputados apruebe una política fiscal que, aumentando la progresividad en el pago de impuestos, se pueda redistribuir, de manera más justa, el ingreso nacional. Más ahora que las finanzas públicas están resintiendo la baja sustantiva de los ingresos petroleros.

-¡Que los legisladores ya no puedan contar con el servicio de gastos médicos mayores! ¡Oh, magnífico, de acuerdo!

Pero cuándo se aprobarán e implementarán aquellas reformas legales y constitucionales, que son indispensables para transformar el modelo de seguridad pública y, con ello, evitar que las cárceles del país estén saturadas con centenas de miles de jóvenes.

-¡Que los legisladores ya no puedan viajar al extranjero con recursos devengados del presupuesto del Congreso! ¡Bien hecho, de acuerdo!

Pero cuándo veremos las decisiones de los legisladores y del Ejecutivo federal para resarcir de inmediato la enorme pérdida del valor del salario, principalmente, el de las y los trabajadores.

-¡Que los legisladores no puedan acceder a ninguna partida especial del presupuesto para ofrecer obras a los alcaldes! ¡De acuerdo, cero moches!

Todos esos cambios en el funcionamiento de las Cámaras del Congreso de la Unión, por demás necesarios, no deben hacer olvidar a las y los ciudadanos que los representantes populares aparte de obligaciones éticas tienen importantes obligaciones políticas las que, pocas veces como ahora, deben de cumplir para que el país pueda superar el estancamiento económico y la desigualdad social.

¡Bravo, bravo! ¡Que no les den celulares a los legisladores!

Pero ojalá esto no fuese utilizado para que nos olvidemos de los asuntos verdaderamente trascendentes, como el de que en México nadie debiera gozar de impunidad ni siquiera el Presidente de la República o el del indispensable aumento al salario de los trabajadores.

*Expresidente del PRD

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RESPUESTA DE JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ ANTE LO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO EL UNIVERSAL

México, Distrito Federal a 10 de septiembre, 2015.

Sr. Juan Francisco Ealy Jr.

Director General de El Universal.

Por medio de la presente le solicito se publique de manera íntegra la réplica a los dichos difundidos en la columna Bajo Reserva el día de hoy, jueves 10 de septiembre.

“Bajo Reserva”, columna que diariamente se publica en su periódico, como se puede observar, nadie la firma y en consecuencia nadie se hace responsable de lo que ahí se escribe. Publicar sin sustento, sin  investigación, sin elemental indagación y bajo la aberrante práctica de que “dispara (escribe) que después se averigüe”. Esto es antítesis del periodismo profesional.

Por ello, esta columna se utiliza, con frecuencia, para difundir mentiras y calumniar; es utilizada por algunos políticos para golpear a otros, para mandarse “mensajes”, para filtrar especulaciones, dichos, perjurios, etcétera.

Así se actúa el día de hoy, cuando en “Bajo Reserva” se escribe lo siguiente: “dos nombres de políticos aparecen insistentemente en las investigaciones que se siguen sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala” (…) el otro es el del líder de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega, identificado como uno de los principales impulsores de la candidatura del ex Edil de Iguala, José Luis Abarca” (…) Nos comentan que pronto estos y algunos nombres más irán saliendo a la luz”.

Esto es una falacia, ¿pero a qué periodista le puedo reclamar ello si nadie firma lo escrito y por lo tanto, nadie se hace responsable de lo que ahí se publica? ¿A qué persona le solicito que presente evidencias, datos duros, documentos, pruebas de lo que se dice en “Bajo Reserva”? No me queda alternativa más que solicitar al Director General de El Universal, Juan Francisco Ealy Jr. que se corrija y enmiende lo que es una mentira.

Más allá de esto, le propongo al Director General de El Universal, que en busca de la veracidad que le es consustancial al periodismo profesional, que ambos (yo le acompaño) preguntemos a la titular de la Procuraduría General de la República y a la representación de la Comisión del Grupo GIEI-CIDH, si de sus indagaciones relacionadas con el terrible evento de Iguala-Cocula o de cualquier otro, Jesús Ortega Martínez aparece como indiciado, sujeto a investigación en cualquier averiguación de carácter penal.

Ojalá pudiera atender esta solicitud, pero si en razón de sus múltiples ocupaciones le impidieran aceptar mi petición, entonces le rogaría que otra persona, con su representación personal o legal, sea parte de la diligencia que le reitero.

Ello haría posible evidenciar si lo que se dice “Bajo Reserva” es veraz o es una grotesca mentira,  todo ello en beneficio de sus lectores.

Quedo atento a su respuesta y a la publicación de este escrito.

ATENTAMENTE

Jesús Ortega Martínez

Coordinador Nacional de Nueva Izquierda

PUBLICACIÓN DE EL UNIVERSAL 9 SEPTIEMBRE DE 2015

¡Aún sin la verdad jurídica!

Excélsior 

De la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) se desprende que la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó con varias falsedades su propio informe sobre la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Tan sólo por poner un ejemplo: la PGR ha actuado con omisión o con dolo sobre el ahora identificado como quinto autobús, en donde el GIEI afirma “que algo se está ocultando”. Este tema central de la investigación no está tomado en cuenta por la PGR, y si a ello sumamos nuevos elementos, entonces se hace evidente que, en cuestiones de impartición de justicia, las autoridades no pueden llevar a cabo sus deberes para culminarla en lo que han dado en llamar “la verdad histórica”.

En sentido diferente, a lo que sí están obligados, tanto la PGR, la fiscalía del estado de Guerrero y los jueces encargados de la causa, es a la verdad jurídica, porque es a través de ésta donde se pueden aplicar las leyes y, por ello mismo, castigar a todos los que, por acción u omisión, tienen alguna responsabilidad en estos reprobables y atroces hechos criminales.

De acuerdo a los informes de las autoridades judiciales, hasta ahora han sido detenidas decenas de personas, entre ellas el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien es señalado como uno de los principales responsables de los condenables acontecimientos sucedidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero resulta obvio que aún se encuentran en libertad individuos que, según el informe del GIEI-CIDH, también son responsables, entre ellos, otros funcionarios de los municipios de Iguala y Cocula, funcionarios estatales y, desde luego, aquellos del orden federal que, presumiblemente, cometieron ilícitos y se hicieron cómplices del acto criminal.

Para concluir en la verdad jurídica y con ello aplicar realmente la justicia e impedir todo acto de impunidad, es indispensable continuar, por parte del Ministerio Público federal, con las investigaciones y, apoyándose en el informe del GIEI-CIDH, llamar a declarar a todos aquellos funcionarios de los tres órdenes de gobierno, incluido el Ejército, que presumiblemente pudieron ser parte de la comisión de algún delito para que, en su caso, se pudieran fincar las debidas responsabilidades.

En estas nuevas diligencias nadie que pudiera estar involucrado debiera ser excluido y, para ello, es necesario descartar el recurso de cualquier tipo de fuero o de privilegio de orden civil, político, partidario y militar, con el que pudieran cubrirse algunos de los probables responsables.

Hay, por ejemplo: decenas de fotografías, documentos, grabaciones, declaraciones de testigos, el exhaustivo informe del GIEI-CIDH, las grabaciones dentro de C-4 (Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación), etcétera. Con estas pruebas se hace evidente la existencia de vínculos de José Luis Abarca y de otros narcotraficantes con funcionarios gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, con políticos de diversos partidos, con mandos militares, con empresarios, con diputados locales y federales.

El Partido de la Revolución Democrática, por su parte, debe actuar en consecuencia y exigir a cualquier funcionario, diputado y representante afiliado al partido que sea requerido para rendir declaración, que lo haga de manera inmediata y sin el recurso del fuero constitucional. La militancia partidaria o la representación de cualquier naturaleza no debiera —desde luego— ser obstáculo alguno para que se aplique la ley y la justicia.

La tragedia de Guerrero perpetrada el año pasado no debe quedar impune y exige que los primeros responsables constitucionales de indagar los hechos trabajen sin sesgo político, con sensibilidad y rapidez para no volver a victimizar a las decenas de familias lastimadas con la desaparición de nuestros jóvenes estudiantes.

Nuevamente la justicia mexicana está a prueba y su credibilidad en la palestra del contexto internacional, por lo que la búsqueda de la verdad jurídica debiera comprometer más al gobierno federal para no generar más dudas sobre un hecho atroz. El manejo novelesco de la justicia ha lastimado la imagen del Ministerio Público que, en repetidas ocasiones, pierde credibilidad al presentar resultados que son objetables, como en este caso, donde los defensores de los derechos humanos han derribado los avances del anterior procurador.

*Expresidente del PRD

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En defensa del sistema de partidos

Excélsior

Se han escrito diversos tratados en varios países del mundo para intentar entender qué es el populismo y, desde luego, en ellos se encontrarán elementos para comprender mejor este fenómeno político. Pero, sin menospreciarlos, creo que la siguiente frase —tan celebrada entre muchos políticos mexicanos como ejemplo de astucia— da más luces para comprender lo que es el populismo.

¡Al pueblo lo que pida!

Y entonces, siguiendo al pie de la letra esta sentencia, los populistas se transfiguran, literalmente, para convertirse en los únicos y genuinos interpretadores de lo que el pueblo pide o quiere.

Los populistas se guían siempre por lo que consideran que es el “sentimiento común del pueblo” y éste, suponen, es el que sólo ellos interpretan y representan.  Cierto que en ocasiones se ayudan de algo más mundano: las encuestas.

De tal manera que si lo que entienden como “sentimiento común del pueblo” se encuentra expresado en las encuestas y éstas dicen que la solución al problema de la delincuencia es la pena de muerte, entonces, en el centro de su proposición será incluida de inmediato la propuesta legislativa de instaurar la pena de muerte.

Si en las encuestas el “sentimiento común” les dice que los derechos humanos y las libertades individuales (como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo o el derecho a tener determinada preferencia sexual) no son importantes, entonces los populistas lo repetirán hasta el cansancio, pues eso les generará simpatías y votos.

Si del llamado “sentimiento común” se desprende —como es obvio— que no hay que pagar impuestos o servicios, entonces los populistas dirán que ¡no hay que pagar impuestos ni servicios!, y ello lo convierten en una enorme y rica veta de votos para las elecciones.    

Los populistas son parte de un partido sólo circunstancialmente, pero no necesariamente porque compartan su propuesta política-programática. Si por circunstancias inevitables de cumplimiento con una legalidad electoral se ven obligados a contar con uno, entonces ipso facto lo crean, siempre y cuando éste sea de su exclusiva propiedad. Hay casos en que no existe ni siquiera la necesidad de crear un partido, pues pueden alquilar alguno de los ya existentes. 

Pero, como ahora sucede con las candidaturas independientes, ni siquiera existe ese requisito legal, entonces se pueden evitar el “enfadoso” proceso de ser parte de un partido y hasta pueden —la tentación les merodea— aspirar a la eliminación total del sistema de partidos. Esto ya lo hemos vivido en muchas experiencias en México y en el mundo. Para los populistas que realizan su actividad en el ámbito público y para los que se desenvuelven muy activamente en el ámbito privado, el sistema de partidos y la democracia son, aparte de algo perfectamente dispensable, una carga económica y un obstáculo para la gobernabilidad, y de los que hay que desprenderse lo más inmediatamente posible.

Los que así opinan, en realidad están jugando con fuego, porque el ascenso de los populismos, sean de derecha o de izquierda, generalmente ocasiona la instauración de gobiernos autoritarios, los que, invariablemente, tienden a debilitar la existencia del régimen plural de partidos; es decir, de la democracia política, y se orientan, casi siempre, a la instalación de concepciones absolutistas, totalitarias acerca del Estado y el gobierno. En estos regímenes desaparecen los partidos, las elecciones, los parlamentos, el sistema de equilibrio entre poderes, la República y todo ello es sustituido por un partido único y, por sobre él, un individuo concentrador de todo el poder del Estado. En México hemos vivido ya esa experiencia y ha sido infausta, trágica.

Por ello debiéramos entender, especialmente en la izquierda, que en una sociedad diversa como la que existe en el México del siglo XXI, no es verdad que exista ese llamado “sentimiento común”, pues en realidad la pluralidad del pueblo mexicano lo que genera es un “sentimiento de pluralidad” en el cual existen diversas culturas, diversas visiones morales y concepciones políticas, y junto a ello múltiples intereses que nunca podrán ser representados por un solo individuo ni por un solo partido. En sentido diferente, esa diversidad social sólo podrá ser representada por una pluralidad política, básicamente reflejada en un sistema democrático de partidos.

*Expresidente del PRD

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