De la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) se desprende que la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó con varias falsedades su propio informe sobre la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Tan sólo por poner un ejemplo: la PGR ha actuado con omisión o con dolo sobre el ahora identificado como quinto autobús, en donde el GIEI afirma “que algo se está ocultando”. Este tema central de la investigación no está tomado en cuenta por la PGR, y si a ello sumamos nuevos elementos, entonces se hace evidente que, en cuestiones de impartición de justicia, las autoridades no pueden llevar a cabo sus deberes para culminarla en lo que han dado en llamar “la verdad histórica”.
En sentido diferente, a lo que sí están obligados, tanto la PGR, la fiscalía del estado de Guerrero y los jueces encargados de la causa, es a la verdad jurídica, porque es a través de ésta donde se pueden aplicar las leyes y, por ello mismo, castigar a todos los que, por acción u omisión, tienen alguna responsabilidad en estos reprobables y atroces hechos criminales.
De acuerdo a los informes de las autoridades judiciales, hasta ahora han sido detenidas decenas de personas, entre ellas el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien es señalado como uno de los principales responsables de los condenables acontecimientos sucedidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero resulta obvio que aún se encuentran en libertad individuos que, según el informe del GIEI-CIDH, también son responsables, entre ellos, otros funcionarios de los municipios de Iguala y Cocula, funcionarios estatales y, desde luego, aquellos del orden federal que, presumiblemente, cometieron ilícitos y se hicieron cómplices del acto criminal.
Para concluir en la verdad jurídica y con ello aplicar realmente la justicia e impedir todo acto de impunidad, es indispensable continuar, por parte del Ministerio Público federal, con las investigaciones y, apoyándose en el informe del GIEI-CIDH, llamar a declarar a todos aquellos funcionarios de los tres órdenes de gobierno, incluido el Ejército, que presumiblemente pudieron ser parte de la comisión de algún delito para que, en su caso, se pudieran fincar las debidas responsabilidades.
En estas nuevas diligencias nadie que pudiera estar involucrado debiera ser excluido y, para ello, es necesario descartar el recurso de cualquier tipo de fuero o de privilegio de orden civil, político, partidario y militar, con el que pudieran cubrirse algunos de los probables responsables.
Hay, por ejemplo: decenas de fotografías, documentos, grabaciones, declaraciones de testigos, el exhaustivo informe del GIEI-CIDH, las grabaciones dentro de C-4 (Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación), etcétera. Con estas pruebas se hace evidente la existencia de vínculos de José Luis Abarca y de otros narcotraficantes con funcionarios gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, con políticos de diversos partidos, con mandos militares, con empresarios, con diputados locales y federales.
El Partido de la Revolución Democrática, por su parte, debe actuar en consecuencia y exigir a cualquier funcionario, diputado y representante afiliado al partido que sea requerido para rendir declaración, que lo haga de manera inmediata y sin el recurso del fuero constitucional. La militancia partidaria o la representación de cualquier naturaleza no debiera —desde luego— ser obstáculo alguno para que se aplique la ley y la justicia.
La tragedia de Guerrero perpetrada el año pasado no debe quedar impune y exige que los primeros responsables constitucionales de indagar los hechos trabajen sin sesgo político, con sensibilidad y rapidez para no volver a victimizar a las decenas de familias lastimadas con la desaparición de nuestros jóvenes estudiantes.
Nuevamente la justicia mexicana está a prueba y su credibilidad en la palestra del contexto internacional, por lo que la búsqueda de la verdad jurídica debiera comprometer más al gobierno federal para no generar más dudas sobre un hecho atroz. El manejo novelesco de la justicia ha lastimado la imagen del Ministerio Público que, en repetidas ocasiones, pierde credibilidad al presentar resultados que son objetables, como en este caso, donde los defensores de los derechos humanos han derribado los avances del anterior procurador.
*Expresidente del PRD
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