Imagine usted que a un conocido estafador se le sorprende en flagrancia, a los ojos del mundo, violando la ley. Suponga que las autoridades, tanto ministeriales como judiciales, cuentan con varias denuncias y recursos contra el mencionado estafador, que conocen su domicilio, su red de complicidades con organizaciones criminales, su modus operandi, y que con todo ello en lugar de aprehenderlo, las autoridades le dicen: “¡Adelante! ¡Continúa delinquiendo!”
Lo anterior parece ser el caso con el actuar del Partido Verde Ecologista de México (expulsado de la Global Verde, la red de 79 partidos de todo el mundo) y que subsiste en el imaginario del electorado mexicano gracias a los cientos de millones de pesos que gasta ilegalmente en publicistas y mercadólogos, de la mano de las televisoras y exhibidores cinematográficos (Cinemex, por cierto, es parte del grupo empresarial Minera México, una de las empresas más contaminantes en nuestro país y con la cual dicho partido intercambia espacios publicitarios por legislaciones y curules).
Ante el derroche publicitario del PVEM que pervierte el espíritu equitativo de la legislación electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) únicamente atinan a convalidar esta ilegal acción. Esto resulta de extrema gravedad porque revela parcialidad, en primera instancia hacia el PVEM, pero sobre todo hacia el PRI, ya que como es evidente, el Partido Verde es una organización electoralmente funcional para el PRI.
En particular, resulta preocupante que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacado académico, defensor de la legalidad y los principios democráticos, pudiera estar actuando —al margen de intenciones— de manera parcial y favoreciendo el comportamiento ilegal del PVEM.
Del doctor Córdova el país espera un actuar de congruencia con lo que durante años planteaba desde la academia. Por ejemplo, cito uno de sus textos titulado: “La reforma trastocada: el caso de los ‘informes de labores’ del PVEM”, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2009. En tal trabajo el entonces investigador criticaba con razón una sentencia del TEPJF por resultar permisiva al PVEM para violar la legislación electoral en materia de propaganda. Para Córdova, “el PVEM cometió un fraude a la ley, buscó torcer el sentido de las prohibiciones constitucionales en la materia y, eso es lo peor, lo logró no sólo con el aval sino con los plácemes y las felicitaciones del Tribunal […] la sentencia del Tribunal —decía el doctor Córdova— adolece de una miopía, de una falta de consistencia jurídica y de una cuasi nula motivación que son dignas de subrayarse. Es una sentencia que mira, para decirlo con una metáfora, a los árboles y no al bosque, que interpreta a las normas en un limitado y arcaico sentido literal sin preocuparse por entender de manera sistemática, congruente y armónica el sentido que subyace a las normas que regulan el nuevo modelo de comunicación política… el Tribunal abrió la puerta por la que ahora es posible burlar uno de los objetivos principales: que el dinero no pudiera usarse para influir políticamente a través de la compra de publicidad en radio y televisión. Ello es así porque eso que en otra ocasión podría haberse considerado como un vil fraude a la ley, ahora, a juicio del Tribunal Electoral, debe considerarse como un muy democrático y responsable servicio a la ciudadanía…”.
La historia se repite, el PVEM sigue con sus mismas prácticas ilegales en materia de propaganda… y las autoridades siguen reaccionado de igual manera. Por ello, ante una de por sí complicada elección resulta indispensable que los consejeros ciudadanos del INE retomen su papel de árbitros y garantes del proceso democrático, con dos premisas fundamentales: Imparcialidad y congruencia. Eso demandamos, ni más, ni menos.
*Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
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