1.- DIAGNÒSTICO
De acuerdo con el Informe
Mundial sobre las Drogas 2014, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), a nivel mundial, se calcula que en 2012,
entre 162 y 324 millones de personas, es decir del 3,5% al 7,0% de la población
de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una vez alguna droga ilícita. En 2012 se informó también de un total
aproximado de 183.000 muertes relacionadas con las drogas. Esa cifra se
corresponde con una tasa de mortalidad anual de 40 muertes por millón en la
población de entre 15 y 64 años.
Por lo que corresponde a
la evolución del mercado de drogas, el cannabis
sigue siendo la droga más consumida a escala mundial. Se cultiva en casi todos
los países del mundo y se calcula que entre 130 y 190 millones de personas la
fuman al menos una vez al año. Mientras que el mercado de los opiáceos y de la
cocaína sigue disminuyendo, el consumo de drogas sintéticas está en aumento. Se
estima que el número total de personas que consumen estimulantes de tipo
anfetamínico – aproximadamente entre 30 y 40 millones – superará pronto al
número de consumidores de opiáceos y cocaína juntos.
Los problemas derivados del consumo de drogas se asocian con el riesgo,
cada vez mayor, de que aparezcan otros problemas de salud como el VIH/SIDA, la
hepatitis, la tuberculosis, el suicidio, la muerte por sobredosis y las
enfermedades cardiovasculares. Dejando a un lado África Subsahariana, el 30% de
los casos de infección de VIH se deben al consumo de drogas inyectables.
La atención a los toxicómanos es a menudo insuficiente, especialmente en
los países en desarrollo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito recomienda un tipo de
atención centrado en la salud, no en la represión. Por tanto, estima que el
tratamiento de la toxicomanía debería incluirse dentro de los servicios
sanitarios primarios. De ahí la importancia de abordar esta discusión de manera objetiva
y científica, alejados del conservadurismo o de posiciones morales. Hasta
ahora, el tema de las drogas ha sido tratado solo desde una perspectiva de
seguridad, de prohibición y restricción, y no a partir de políticas públicas
con perspectiva social y cultural, que nos permitan generar un proceso de
regulación y de transformación de la realidad.
En
este enfoque transformador se encuentra el movimiento DROGAS Y DEMOCRACIA:
HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA, encabezado por la Comisión Latinoamericana sobre
Drogas y Democracia[1],
conformada por tres expresidentes y diversas personalidades independientes,
quienes han concluido que la declaración de guerra contra las drogas en nuestra
región y en el mundo entero ha sido un rotundo fracaso.
Sostienen que la
violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas
constituyen uno de los problemas más graves de América Latina; y afirman que
frente a una situación que se deteriora a cada día con altísimos costos humanos
y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de “guerra a las drogas”
aplicada en los últimos treinta años en la región.
En su perspectiva, las
políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de
interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del
consumo, no han producido los resultados esperados. Y estamos más lejos que
nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas. Una evaluación
realista indica que:
·
América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína
y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y heroína, y se
inicia en la producción de drogas sintéticas;
·
Los niveles de consumo continúan expandiéndose en América
Latina mientras tienden a estabilizarse en América del Norte y Europa.
En América Latina la
revisión a fondo de las políticas actuales es aún más urgente a la luz de su
elevadísimo costo humano y amenazas a las instituciones democráticas. Asistimos
en las últimas décadas a:
·
Un aumento del crimen organizado tanto por el tráfico
internacional como por el control de los mercados domésticos y de territorios
por parte de los grupos criminales;
·
Un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que
afecta al conjunto de la sociedad y, en particular, a los pobres y jóvenes;
·
La criminalización de la política y la politización del
crimen, así como la proliferación de vínculos entre ambos que se refleja claramente
en la infiltración del crimen organizado en las instituciones democráticas;
·
La corrupción de los funcionarios públicos, del sistema
judicial, de los gobiernos, del sistema político y, en particular, de las
fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden.
El modelo actual de
política de represión de las drogas está firmemente arraigado en prejuicios,
temores y visiones ideológicas. El tema se ha transformado en un tabú que
inhibe el debate público por su identificación con el crimen, bloquea la
información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se
vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado. Por ello, romper
el tabú, reconocer los fracasos de las políticas vigentes y sus consecuencias, es
una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de políticas más
seguras, eficientes y humanas.
Eso no significa desconocer
la necesidad de combatir a los carteles y traficantes. Significa, eso sí, que
debemos reconocer la insuficiencia de los resultados.
La cuestión que se
plantea es reducir drásticamente el daño que las drogas hacen a las personas, a
las sociedades y a las instituciones. Para ello, es esencial diferenciar las
sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la
sociedad. Políticas seguras, eficientes y fundadas en los derechos humanos
implican reconocer la diversidad de situaciones nacionales, así como priorizar
la prevención y el tratamiento.
Por ello es imperativo
examinar críticamente las deficiencias de la estrategia prohibicionista
impulsada por los Estados Unidos y las ventajas y los límites de la estrategia
de reducción de daños seguida por la Unión Europea, así como la escasa
jerarquía que le dan al problema de las drogas algunos países, tanto
industrializados como en desarrollo.
Colombia es un claro
ejemplo de las limitaciones de la política represiva promovida globalmente por
Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de
combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se
corresponden con los enormes gastos y costos humanos. A pesar de los
significativos éxitos de Colombia en su lucha contra los carteles de la droga y
la disminución de los índices de violencia y de delitos, han vuelto a aumentar
las áreas de siembra de cultivos ilícitos y el flujo de drogas desde Colombia y
el área Andina.
México se ha convertido
de manera acelerada en otro epicentro de la actividad violenta de los grupos
criminales del narcotráfico. Esto plantea desafíos al gobierno mexicano en su
lucha contra los carteles de drogas que han reemplazado a los traficantes
colombianos como los que introducen la mayor cantidad de narcóticos en el
mercado de Estados Unidos.
México tiene el derecho
de reivindicar del Gobierno y de las instituciones de la sociedad
estadounidense un debate sobre las políticas que allí se aplican y también
pedir a la Unión Europea un esfuerzo mayor para la reducción del consumo. La
traumática experiencia colombiana y mexicana son sin duda referencia para que se evite el error de
seguir las políticas prohibicionistas de Estados Unidos y se encuentren
alternativas innovadoras.
No se trata de buscar
países culpables por tal o cual acción u omisión pero sí de afirmar que Estados
Unidos y la Unión Europea son corresponsables de los problemas que enfrentamos
en la región, pues sus mercados son los mayores consumidores de las drogas producidas
en América Latina. Es deseable, por ello, que apliquen políticas que
efectivamente disminuyan el nivel de consumo y que reduzcan significativamente
el tamaño de este negocio criminal.
Considerando la
experiencia de América Latina en la lucha contra el tráfico de drogas y la
gravedad del problema en la región, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y
Democracia lanzó un llamado a la opinión pública y a los gobiernos de América
Latina, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional proponiendo un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices:
·
Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud
pública.
·
Reducir el consumo mediante acciones de información y
prevención.
·
Focalizar la represión sobre el crimen organizado.
Este enfoque no es de
tolerancia con las drogas pues se reconoce que estas provocan daños a las
personas y a la sociedad. Sin embargo, tratar el consumo de droga como un tema
de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para
focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la
producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes.
Para concretar este
cambio de paradigma, se propone que América Latina tome las siguientes
iniciativas en el marco de un proceso
global de transformación de las políticas de combate al uso de drogas ilícitas:
1. Transformar los adictos de compradores de drogas en el
mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.
La enorme capacidad de
violencia y corrupción del narcotráfico sólo podrá ser combatida efectivamente
si se debilitan sustancialmente sus fuentes de ingresos. Con este propósito, el
Estado debe crear las leyes, instituciones y regulaciones que permitan que las
personas que han caído en la adicción de drogas dejen de ser compradores en el
mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud.
Esto, en conjunto con
campañas educativas y de información, llevaría a una reducción de la demanda de
drogas ilegales y al desplome de los precios de las mismas, minando de esta manera las bases
económicas de este negocio criminal.
2. Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de
la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia
de marihuana para consumo personal.
La marihuana es, por mucho,
la droga más difundida en América Latina. Su consumo tiene un impacto negativo
sobre la salud, inclusive la salud mental. Sin embargo, la evidencia empírica
disponible indica que los daños causados por esta droga son similares a los
causados por el alcohol o el tabaco.
Más importante aún, gran parte de los daños asociados a la
marihuana – de la prisión y encarcelamiento indiferenciado de consumidores
a la violencia y la corrupción que afectan toda la sociedad – son el resultado de las políticas prohibicionistas
vigentes. La simple
descriminalización del consumo, si no va acompañada de políticas de información
y prevención, puede tener como consecuencia la profundización de los problemas
de adicción.
Estados Unidos es
probablemente el país industrializado que dedica más recursos a la lucha contra
el tráfico de drogas ilícitas. El problema está en la eficacia y las
consecuencias de sus acciones. Su política de encarcelar a los usuarios de
drogas, cuestionable desde el ángulo del respeto a los derechos humanos y de su
eficacia, es inaplicable en América Latina, considerando la superpoblación
carcelaria y las condiciones del sistema penitenciario. Inclusive esta política
represiva propicia la extorsión de los consumidores y la corrupción de la
policía.
En ese país también es
descomunal la magnitud de los recursos que se usan para la interdicción del
tráfico y para solventar el sistema carcelario en comparación a lo que se
destina para la salud y la prevención, tratamiento o rehabilitación de los
consumidores.
3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de
información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular
por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.
Los cambios en la
sociedad y la cultura que llevaron a reducciones impresionantes en el consumo
de tabaco demuestran la eficiencia de campañas de información y prevención
basadas en lenguaje claro y argumentos consistentes con la experiencia de las
personas a que se destinan.
4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha
implacable contra el crimen organizado.
Las políticas públicas
deberán priorizar la lucha contra los
efectos más nocivos del crimen organizado para la sociedad, como la violencia,
la corrupción de las instituciones, el lavado de dinero, el tráfico de armas,
el control de territorios y poblaciones. En esta materia es importante el
desarrollo de estrategias regionales
y globales.
5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de
drogas ilícitas.
Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de
programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que
contemplen las realidades locales en términos de productos viables y con acceso
a los mercados en condiciones competitivas. Se debe hablar no sólo de cultivos alternativos sino de desarrollo
social de fuentes de trabajo alternativo, de educación democrática y de
búsqueda de soluciones en un contexto participativo.
Un nuevo paradigma para enfrentar el problema de las drogas
debe estar menos centrado en acciones penales y ser más incluyente en el plano
de la sociedad y la cultura. Las nuevas políticas deben basarse en estudios
científicos y no en principios ideológicos. En ese esfuerzo se debe involucrar no
sólo a los gobiernos sino al conjunto de la sociedad.
Esta construcción de alternativas es un proceso que requiere
la participación de múltiples actores sociales: instituciones de justicia y
seguridad, educadores, profesionales de la salud, líderes espirituales, las
familias, formadores de opinión y comunicadores. Cada país debe enfrentar el desafío de abrir un amplio debate
público sobre la gravedad del problema y la búsqueda de las políticas más
adecuadas a su historia y su cultura.
ANEXO
INNOVACIONES
LEGISLATIVAS EN POLÍTICAS DE DROGAS
A continuación se
presenta un resumen de buenas prácticas en reformas legislativas de drogas de
todo el mundo, que representan un alejamiento
del modelo represivo de la tolerancia cero y un avance hacia políticas de
drogas más humanas y fundamentadas en pruebas empíricas. Este material se
generó en el Senado de la República en 2011, durante un seminario convocado por
la Comisión de Relaciones Exteriores Europa y la Asamblea Parlamentaria Euro
Latinoamericana.
Los ejemplos reflejan las
lecciones aprendidas en la práctica con
la aplicación de enfoques menos punitivos y su impacto en los niveles de
consumo de drogas y los daños asociados sobre los individuos y la sociedad.
Las pruebas disponibles
sugieren que las legislaciones que
moderan la penalización, acompañadas de medidas que ayuden a redirigir los
recursos de las actividades de represión y encarcelamiento hacia a la
prevención, el tratamiento y la reducción de los daños, son más eficaces para
limitar los problemas relacionados con las drogas. LOS TEMORES DE QUE RELAJAR
LAS LEYES DE DROGAS Y SU APLICACIÓN SE TRADUCIRÍA EN UN DRÁSTICO AUMENTO DEL
CONSUMO HAN RESULTADO SER INFUNDADOS.
Los ejemplos citados, a
pesar de sus diferencias en cuanto a alcances y objetivos, pueden considerarse
como mejoras sobre un modelo de fiscalización de drogas demasiado represivo y apuntan a una dirección de reformas y
cambios de paradigma más significativos en el futuro. El centro de gravedad
de esta serie de reformas se sitúa en Europa, tal como recapitula el
observatorio europeo de las drogas y las toxicomanías (OEDT):
“El análisis de las estrategias nacionales en materia de
drogas, la literatura jurídica, las leyes y las prácticas judiciales indica que
en varios países de la Unión Europea la acción pública se basa en
a) UN MAYOR HINCAPIÉ
EN EL TRATAMIENTO QUE EN EL CASTIGO PENAL;
b) una sensación de desproporción entre
las penas de privación de la libertad (que suelen conllevar el registro de
antecedentes penales) y el consumo ilícito de drogas; y,
c) la percepción de que, en comparación
con otras drogas, el cannabis es menos peligroso para la salud”.
El primer tipo de reforma legislativa que
se puso en marcha en Europa –y que últimamente está tomando fuerza en América
Latina– consiste en eximir a los
consumidores de drogas de ser sometidos a arrestos y procesos judiciales por el
consumo de drogas y por actos preparatorios como la adquisición, la simple
posesión o el cultivo para consumo personal. No hay ningún argumento
con fundamento científico contra las ventajas de este nivel de
descriminalización. No conduce a un mayor consumo de drogas y, en cambio, sí descarga
notablemente la presión a la que están sometidos los organismos de aplicación
de la ley y los sistemas judicial y penitenciario.
Algunas reformas
legislativas establecen umbrales cuantitativos; otras, definen la distinción en
función de ciertos criterios y principios y dejan que éstos se apliquen, según
cada caso concreto, a discreción de los fiscales y jueces. Otras reformas han puesto punto y final a todo tipo de penas
(descriminalización total), mientras que, otras, han suprimido sólo las
sanciones penales y las penas de cárcel y mantienen las sanciones
administrativas o las derivaciones a servicios de tratamiento o educación.
UNO DE LOS EJEMPLOS MEJOR DOCUMENTADOS DE LA
DESCRIMINALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS ES EL CASO DE PORTUGAL. En julio de 2001, la adquisición y la posesión de drogas para consumo
personal pasó de ser un delito penal a un delito menor, punible sólo con una
multa o alguna otra medida administrativa, cuya aplicación depende de las
llamadas comisiones para la disuasión de las toxicomanías (CDT).
Estas comisiones están
integradas por un jurista y otros dos miembros procedentes de un equipo de
médicos, psicólogos, sociólogos y expertos de los servicios sociales. Las CDT
han tratado una media de 500 casos mensuales. La mayoría de las sentencias dictaminaron la suspensión de las
acciones judiciales emprendidas contra consumidores no adictos. En
torno al diez por ciento de los casos se saldaron con una multa. La nueva ley adoptó la norma de “la
cantidad necesaria para un consumo medio individual durante un período de 10
días”.
A título orientativo, la
dosis media diaria se fija, por ejemplo, en los 2,5 gramos para el cannabis y
los 0,2 gramos para la cocaína.
“Estos umbrales
son indicativos y no determinantes; sin embargo, mientras no haya otras pruebas que indiquen que el consumidor de
drogas está implicado en delitos más graves, la posesión de drogas está
despenalizada y se trata como una falta administrativa, no como un delito penal
sujeto a proceso judicial”.
La descriminalización en Portugal condujo a una disminución
del número de prisioneros condenados por delitos de drogas, que pasó de un
porcentaje punta del 44 por ciento en 1999 a un 28 por ciento en 2005.
El descenso del número de
encarcelados por delitos de drogas contribuyó a una marcada reducción de la
sobrepoblación penitenciaria. En 2005, el número de reos en el país ya no
superaba la capacidad oficial de las cárceles. La importante caída de las
muertes relacionadas con la heroína (de 350 en 1999 a 98 en 2003) se puede
vincular con el notable aumento de los consumidores que entraron en tratamiento
de sustitución. Aunque las muertes relacionadas con el consumo de otras drogas
aumentaron, se registró un descenso general de las muertes relacionadas con
drogas del 60 por ciento entre 1999 y 2003.
El efecto de la descriminalización sobre los niveles de
consumo de drogas es susceptible a distintas interpretaciones. El consumo de heroína
bajó considerablemente, pero el de cocaína y cannabis se incrementó,
especialmente entre los jóvenes, como en otros países europeos, aunque Portugal
sigue estando muy por debajo de la media europea. En general, “a juzgar por
prácticamente cualquier indicador, el
marco de descriminalización portugués ha
sido un rotundo éxito […] Los responsables de las decisiones políticas en
materia de drogas del Gobierno portugués muestran una unanimidad casi total en que la descriminalización ha activado un
enfoque mucho más eficaz para gestionar los problemas de adicción y otras
aflicciones relacionadas con las drogas en Portugal”.
Por ese motivo, varios
países han adoptado planes de derivación o tribunales especializados en drogas
para abordar los delitos relacionados con drogas, a través de los cuales
ofrecen a los autores de los delitos
la posibilidad de elegir entre la prisión o el tratamiento (CORTES DE DROGAS).
En los tribunales
especializados en drogas que funcionan actualmente en los Estados Unidos,
Canadá, Australia e Irlanda, el juez cuenta con la ayuda de un equipo de
profesionales que le asesora sobre las opciones de tratamiento más adecuadas en
cada caso en vez de penas que entrañen la privación de libertad.
El Reino Unido introdujo
en 1999 un ‘programa de derivación’ que ofrecía a las personas detenidas con
problemas de consumo de drogas la posibilidad de recibir la ayuda terapéutica
adecuada inmediatamente después del arresto. Según Tom Lloyd, ex comisario de
policía, este enfoque “ofrecía a los adictos que mostraban reincidencia
delictiva la posibilidad de elegir entre tratamiento y arresto. En casi todos los casos, se decantaban
por el tratamiento, y a los agentes les sorprendió descubrir no sólo
que el proceso ahorraba tiempo y unos recursos preciosos, sino también que se
trataba de la forma más eficaz para abordar los robos con allanamiento que
jamás hubieran visto”.
Este modelo también se
puso en marcha en algunos de los barrios más afectados por los delitos
relacionados con drogas en algunas grandes ciudades de los Países Bajos, con resultados
igual de positivos. En el Reino Unido, las opciones a disposición del
sistema de justicia penal se ampliaron rápidamente para animar a los autores de
delitos menores con alguna farmacodependencia a seguir un tratamiento.
El Plan de acción de la
UE en materia de lucha contra la droga obliga a los Estados miembros a establecer mecanismos concretos para proporcionar alternativas al encarcelamiento,
especialmente entre los delincuentes jóvenes y consumidores de drogas.
“Esta tendencia coincide
con el desarrollo de paradigmas más
humanitarios en los sistemas de legislación y justicia penal, así como de
modelos médicos y psicosociales de adicción más avanzados”. Encerrar a los adictos
en prisión por delitos cometidos para financiar sus hábitos de consumo entraña “limitar
las posibilidades de un tratamiento con buenos resultados y aumentar las
posibilidades de reincidencia”.
En los Estados
Unidos se han puesto en marcha algunos
programas prometedores con el objetivo
de reducir la violencia del mercado de las drogas. Mediante el proyecto
Boston Gun (también conocido como operación alto al fuego), se ofreció a los
miembros de bandas implicados en el comercio de drogas la posibilidad de no ser procesados siempre que no
incurrieran en episodios de violencia letal. Los resultados no se hicieron
esperar y fueron espectaculares.
El enfoque cada vez más punitivo se podría interpretar con motivaciones estrictamente políticas
(POPULISMO PENAL, AL IGUAL QUE EN MATERIA DE SECUESTRO), ya que no ha tenido ningún impacto en la oferta
de drogas ni en las cifras de prevalencia.
Según una investigación
exhaustiva sobre la política de encarcelamiento realizada para el gobierno
canadiense, los delincuentes enviados a prisión mostraban las mismas
probabilidades de reincidencia que aquellos que recibían sentencias
alternativas de servicio a la comunidad, y
aquellos con penas de prisión más largas tenían más probabilidades de volver a
delinquir una vez cumplida la sentencia que aquellos con penas más cortas.
Todos los estudios
efectuados en este campo revelan la falta
de eficacia de las penas de prisión largas, especialmente entre las
personas que han infringido las leyes de drogas sin incurrir en violencia.
Paralelamente, la capacidad del sistema judicial se ve desbordada muy por
encima de sus propios límites, lo cual lleva a la lentitud de los
procedimientos, a largos períodos de detención preventiva y a la sobrepoblación
de los centros penitenciarios. Una
preocupación adicional es que las
reformas legislativas a favor de la descriminalización de los consumidores
regularmente se hacen políticamente aceptables a cambio de que se aumentan los
niveles de castigo por el tráfico a pequeña escala, como sucedió en México, por
ejemplo.
Las legislaciones o
jurisprudencias están estableciendo también cada vez más criterios para distinguir entre comercio a pequeña escala
o narcomenudeo, el transporte o correo, el comercio a mediana escala y el
tráfico organizado, teniendo también en cuenta el grado de responsabilidad del delincuente en la cadena de tráfico,
sus ganancias y los motivos que lo indujeron a participar en él. Estos
criterios varían enormemente según el país y seguirán sujetos a muchas
diferencias en los principios jurídicos nacionales.
Hay dos ejemplos
recientes que cabría resaltar de visionarios en este sentido y que apuntan a
cambios más radicales en las estrategias para abordar el transporte de drogas a
pequeña escala. A fines de 2008 y principios de 2009, se excarceló en Ecuador a más de 2,000 personas que
cumplían penas por tráfico de drogas. Este “indulto de mulas” se dirigió a un grupo
concreto de reos que eran víctima de la legislación desproporcionada que
llevaba vigente en el país durante muchos años. Con esta medida, el gobierno de
Rafael Correa dio un gran paso en el proceso de reforma de unas leyes
draconianas y de solución de la crisis penitenciaria. Las
nuevas propuestas legislativas que se están elaborando en estos momentos
deberán tener en cuenta el precedente judicial del indulto de las mulas. Los
criterios que se establecieron para acogerse a la medida fueron: no tener una
condena previa en virtud de la ley sobre drogas; arresto por posesión de un
máximo de dos kilos de cualquier tipo de estupefaciente; haber cumplido con un
diez por ciento de la sentencia o con un mínimo de un año.
El segundo ejemplo es la
forma en que los Países Bajos
intentaron abordar entre 2003 y 2005 el enorme aumento en la llegada de
personas que actuaban como correos de cocaína (la mayoría de ellas con bolas en
el estómago) al aeropuerto de Schiphol procedentes de las antillas
neerlandesas.
En opinión de los jueces,
todas las drogas que llegaban al aeropuerto se debían confiscar, pero las
personas que los transportaban podían volver a su país de origen a no ser que
portaran cantidades muy elevadas o fueran reincidentes. El enfoque, por lo
tanto, se pondría en la confiscación de los estupefacientes y no en la
acusación o detención del correo.
Las prácticas de
reducción de daños se están extendiendo rápidamente, incluso en países con
leyes de lucha contra las drogas muy rígidas. China, por ejemplo, activó
programas de intercambio de agujas hace varios años y cuenta con tener un
millar de clínicas de metadona en pleno funcionamiento para finales de la
década.
Países como Irán,
Pakistán y Vietnam están también gestionando abiertamente servicios básicos
parecidos. El gobierno federal de los Estados Unidos mantiene desde hace años una cruzada
ideológica contra la reducción de los daños, a pesar de que muchos estados y
ciudades ofrecen programas de intercambio de agujas y de tratamiento de
sustitución con opiáceos.
A pesar de ello, se ha
demostrado que el
consenso que ha impulsado la prohibición mundial de las drogas durante todo un
siglo se ha resquebrajado. Y llevan a esperar que puede que tengamos una
política más matizada en los próximos años; una política que otorgue a los
países la flexibilidad necesaria para poner en práctica la política en materia
de drogas que mejor se adapte a sus necesidades, en lugar de verse constreñidos
por el rígido enfoque de ‘una sola fórmula para todos’ que durante tanto tiempo
tan poco nos ha servido.
Debemos seguir demostrando por
qué la forma más eficaz de abordar el consumo de drogas pasa por asumirlo como
un desafío de salud pública y por qué los enfoques punitivos que criminalizan a
los consumidores, agotan los recursos de los organismos de aplicación de la ley
y sobrecargan los sistemas judicial y penal, son vanos y contraproducentes.
CONCLUSIONES
1.- Décadas de
estrategias basadas en el encarcelamiento generalizado y el constante aumento
de la severidad de las penas (endurecidas con las disposiciones de la Convención
contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988), las pruebas indican que las medidas de aplicación de la ley no
son un medio eficaz para limitar el alcance del mercado de las drogas ilícitas.
2.-La aplicación
excesivamente represiva del régimen
prohibicionista mundial ha provocado un gran sufrimiento humano,
truncando la vida de muchas familias e imponiendo a los condenados penas
desproporcionadas en unas condiciones penitenciaras a menudo terribles.
3.- También ha sobrecargado el sistema judicial y la
capacidad de las prisiones, y ha absorbido una cantidad enorme de recursos que se podrían haber
destinado a tratamientos más eficaces, programas de reducción de los daños y
prevención de la delincuencia, y a poner un mayor énfasis en la delincuencia
organizada y la corrupción.
4.- En lo que se refiere
a los delitos de tráfico ilícito, los
pocos ejemplos que existen en que
se hayan bajado notablemente la severidad de las penas para los eslabones más
bajos de la cadena merecen toda la consideración y el debate internacional
para compartir y perfeccionar el pensamiento actual sobre la delimitación de
los niveles de comercio y la proporcionalidad de las sentencias.
5.- A pesar de la imagen
de estricta prohibición en el ámbito federal en los Estados Unidos, lo cierto
es que algunas de las buenas prácticas
de descriminalización del cannabis y de reducción de los daños se han puesto en
marcha en este país a escala local y estatal. Aunque los Estados
Unidos han exportado con gran éxito su
modelo punitivo de tolerancia cero al resto del mundo, el gobierno federal la
ha tenido muy difícil para aplicar su propia política en su propio territorio.
A pesar de las
importantes diferencias entre distintos condados y ciudades, el
“modelo californiano”, que exime de sanciones penales el consumo de cannabis
con fines medicinales y permite a los usuarios “poseer, cultivar y transportar”
cannabis siempre que se emplee con fines terapéuticos y cuente con receta
médica, se ha convertido en algo cercano a la legalización de facto.
MÈXICO NO PUEDE CERRAR LOS OJOS Y
PRETENDER IGNORAR ESTA REALIDAD.
Jesús Ortega Martínez
