El Pacto por México superó la dinámica de los partidos políticos de ponerse de acuerdo sólo en reformas electorales, para que, contrario a ello, se abordaran y consensuaran reformas que implicaban transformaciones del régimen político, del modelo económico y del sistema de seguridad social.
Entre 2013 y los primeros meses de 2014 —en el marco del Pacto por México— se llevaron a cabo importantes reformas de carácter político y económico que hacían prever que, por fin, la economía mexicana podría salir del estancamiento en el que durante más de tres décadas se ha mantenido.
A propósito del Pacto, Ricardo Becerra escribe que México cruzaba por un territorio al que Michel de Montaigne denominaba “el breve pasaje de razonabilidad”; ese momento en el cual las sociedades “pueden abandonar la dinámica y la inercia de sus intereses cortos y locuras diarias”. El Pacto por México superó la dinámica de los partidos políticos de ponerse de acuerdo sólo en reformas electorales, para que, contrario a ello, se abordaran y consensuaran reformas que implicaban transformaciones del régimen político, del modelo económico y del sistema de seguridad social.
Quienes participamos en el mencionado Pacto, coincidíamos en que la envergadura de tales reformas contribuiría a fortalecer al Estado, a sentar las bases para combatir de manera eficaz la desigualdad social y, además, para alentar el crecimiento de la economía de nuestro país.
La heterodoxia del Pacto (se puede dialogar y acordar entre los contrarios ideológicos en razón de los intereses superiores del país) y la perspectiva de sus enormes alcances enfrentarían, obviamente, las inercias conservadoras, los particularismos y las ortodoxias, tanto políticas como económicas, vigentes entre los principales factores de poder en México.
Una de esas ortodoxias es la que ahora enarbolan los grandes capitalistas mexicanos acompañados de los teóricos del neoliberalismo. Dicen que no hay ni habrá crecimiento de la economía porque se hizo una Reforma Fiscal que —al gravar más a quien más tiene— inhibe la inversión privada. Si esto fuese cierto, ¿cómo explicar entonces 30 años de estancamiento, con bajísimas tasas de ISR, con enormes privilegios fiscales o francamente sin pagar impuestos? En realidad, estos capitalistas en su mayoría, se dedicaron durante ese largo periodo y lo siguen haciendo ahora mismo, a aumentar sus capitales a partir de la especulación financiera y desdeñando casi toda forma de inversión productiva.
Otra inercia que alienta el estancamiento es el comportamiento del gobierno. El PEF de 2014 le da al Ejecutivo federal enormes recursos para que debieran utilizarse en grandes obras de infraestructura, en proyectos de inversión productiva estratégicos, en desarrollos productivos que generen empleos, especialmente en las zonas de mayor rezago y, sin embargo, no los están utilizando o los utilizan, en parte importante, en alimentar los programas asistencialistas (“la cruzada contra el hambre”) que ni son eficaces para resolver la desigualdad ni contribuyen al desarrollo económico. No estoy en contra de los subsidios a los más pobres, pues son indispensables, pero sí hay que resistirse a que sean utilizados con propósitos electorales o de control político.
El gobierno federal y los gobiernos estatales no están gastando lo que les ha autorizado el Congreso o, cuando gastan, lo hacen al margen de lo programado y, en consecuencia, de manera improductiva desde el punto de vista económico.
La pregunta es pertinente. ¿No gastan ahora, porque están guardando los recursos para utilizarlos en los tiempos electorales? O no han comprendido (por el dogma neoliberal) que la inversión pública productiva, la más posible y de manera más rápida, es vital para desatar el nudo que impide el crecimiento de la economía del país.
*Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
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