El estado de Guerrero es una de las entidades de la República con mayor pobreza, ello a pesar de que cuenta con dos de los puertos turísticos de mayor demanda nacional, pero al mismo tiempo, es una de las entidades con menor cantidad de tierra apta para el cultivo de extensión. Este segundo dato es significativo porque un porcentaje importante de la población de Guerrero vive (sobrevive) de la agricultura (obviamente, de la agricultura para autoconsumo).
Según datos del Coneval, en 2012 en Guerrero más de 900 mil personas padecen de alguna forma de rezago educativo; cerca de dos millones tienen alguna forma de carencia en servicios básicos de vivienda; dos millones y medio tienen carencia de servicios de seguridad social, especialmente en el acceso a la salud y se podrían dar más datos, pero los anteriores son suficientes para dar cuenta de las difíciles condiciones de vida de los habitantes de este estado, especialmente de las mujeres.
En Guerrero como en otras entidades del sur del país las personas más pobres son mujeres y de ellas dependen económicamente un alto número de familias (muy superior a otras entidades y superior al promedio nacional). Además, en estas entidades del sur mexicano es donde una gran cantidad de mujeres tienen su primer embarazo en la adolescencia. Guerrero es uno de los estados con el mayor número de adolescentes (de 12 a 19 años) que ya han experimentado un embarazo y supera el promedio nacional, que es de 26.7 por ciento. Decía un ponente en el Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática, que “la pobreza tiene cara de mujer y madre adolescente”, más si vive en zonas marginales de las ciudades y de las zonas rurales e indígenas. “El embarazo en adolescentes es una de las causas más graves de pobreza familiar”.
Son muchas las acciones que debe hacer todo gobierno (especialmente si se asume de izquierda) para superar esta terrible situación. Pero de entre estas acciones de nuevas políticas públicas, son dos las que resultan urgentes e indispensables. La primera tiene que ver con hacer efectivos los derechos sociales básicos como son la educación, la salud, el seguro de desempleo y la pensión universal para todas y todos.
La segunda implica hacer aplicable el derecho humano fundamental de las mujeres a decidir sobre su vida y su propio cuerpo.
Sobre la primera se ha establecido una reforma constitucional que establece el derecho de todas y todos los mexicanos a la seguridad social universal. Pero este derecho debe ser exigible y el Estado debe estar obligado a hacerlo tangible. De otra manera habrá otro párrafo sobre derechos en nuestra Carta Magna, pero la pobreza en México continuará creciendo.
Sobre la segunda, es decir, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, implica igualmente llevar a cabo cambios legislativos y acciones de gobierno que impidan —como debe ser en un Estado laico— la conversión de ciertos postulados religiosos o criterios morales particulares en preceptos legales de aplicación universal. Este es el caso de la presentación por parte del gobernador de Guerrero de una iniciativa de reforma legal para despenalizar la interrupción —en ciertas circunstancias— de un embarazo. Las razones con las cuales el gobernador argumenta su iniciativa en comento, son de salud pública, de fomento a la educación sexual y de garantía a derechos humanos y sociales de las mujeres.
Cierto que el gobierno no puede imponer —tremendo gazapo de Rosario Robles— que las mujeres “tengan como máximo tres hijos”, pero de igual manera ninguna iglesia puede imponer que las mujeres vayan a la cárcel por decidir interrumpir un embarazo. Esas dos visiones son igualmente autoritarias; ambas penalizan la pobreza; ambas violentan derechos fundamentales de las mujeres.
*Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
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