Michoacán o la crisis del Estado nacional

Es claro que lo que prevalece en una buena parte de nuestro territorio es la “violencia física ilegítima”, aquella que está al margen del Estado.

Excélsior 

Lo que ahora mismo está sucediendo en Michoacán, en otras entidades federativas y en muchas otras regiones del país, es la evidencia de una crisis de carácter estructural del Estado nacional. El Estado, decía Max Weber, “es aquella comunidad humana que dentro del determinado territorio reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones o individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física sólo si el Estado lo permite”.

El Estado mexicano, para serlo plenamente, debiera ejercer tal monopolio a lo largo y ancho del territorio nacional. Lamentablemente no es así, y en sentido contrario, es claro que lo que prevalece en una buena parte de nuestro territorio es la “violencia física ilegítima”, aquella que está al margen del Estado, que no depende de éste y que es ejercida en razón de intereses ajenos a los propios del Estado nacional.

Pero más grave aún es que los principales representantes del Estado mexicano (el Ejecutivo federal, Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso de la Unión y los ejecutivos estatales) se muestran notablemente incapaces de recuperar el monopolio de la violencia legítima para lograr imponer la fuerza de la ley.

Subrayo la necesidad de imponer la fuerza de la LEY porque ésta es —en las naciones modernas, democráticas— la única razón que le da legitimidad al monopolio de la violencia por el Estado. Cito al mismo Weber: “En principio tenemos tres tipos de justificaciones internas, de fundamentos de la legitimidad de una dominación [...] y tenemos, por último una legitimidad basada en la legalidad, en la creencia de la validez de preceptos legales y en la competencia objetiva fundada sobre normas racionalmente creadas, es decir, en la orientación hacia la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas”.

La ley existe, pero no se aplica porque el Estado (sus principales representantes) aun con el monopolio de la fuerza legítima es, ciertamente, incapaz de hacerla valer. Esto es, a todas luces, demostración de un Estado en crisis.

¿Esta crisis se podría resolver con el cambio del gobernador en Michoacán? Ilusos los que así lo piensan, porque la grave situación que ahí se presenta no es sólo resultado de la inoperancia, ineficacia (que existe) del Ejecutivo estatal. Las causas son de origen nacional y tienen que ver, principalmente, con dicha crisis estructural del Estado.

¿La crisis del Estado la podrá resolver Peña Nieto solo, aun siendo el comandante supremo del Ejército? ¡No! Y menos cuando él mismo se resiste a reconocer la existencia de tal crisis; que no asume que son poderes metaestatales los que controlan una parte importante del territorio de la nación; y cuando no se quiere reconocer, por él mismo y por otras fuerzas del Estado, que lo que se necesita es una reconstrucción integral y profunda de las bases en las que se sostiene el actual Estado y su régimen político.

De manera insensata, algunos creen que sólo se trata de quien deba ocupar Los Pinos; otros opinan que con reformas a medias, pero sólo si son de carácter económico, y los más irresponsables predican que la solución se encuentra en que la crisis del Estado derive en su derrumbe.

Lo de Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Zacatecas, Veracruz, etcétera, etcétera, requiere una radical reforma del Estado nacional.

                *Ex presidente del PRD

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