En el sector energético en particular,
empresas públicas como Statoil de Noruega y Petrobras de Brasil tienen altos
grados de eficiencia.
A propósito del debate sobre la reforma
energética, ha resurgido con fuerza la visión maniquea, y por lo tanto falsa,
de que toda administración de las empresas por parte del poder público es
ineficiente y toda administración por parte de sector privado es eficiente.
Existen una multiplicidad de ejemplos que desmiente la visión mencionada.
Como bien señaló el gobernador de Tabasco,
Arturo Núñez, el pasado domingo ante un Zócalo lleno en defensa del sector
energético mexicano, la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México
(Ferronales) resultó en la desaparición del servicio a pasajeros y en el
oligopolio ineficiente de este tipo de transporte, lo que a su vez significa
que el país no cuenta con un sistema ferroviario que beneficie a las personas y
al comercio.
Asimismo, la banca privada en México obtiene
altos márgenes de ganancia, pero brinda servicios de baja calidad y alto costo
para los usuarios, sin cumplir la función de intermediación financiera,
restringiendo el crédito, y con altas tasas de interés y comisiones
desproporcionadas. Además, no hay que olvidar que la mala administración y la
corrupción en las instituciones bancarias derivó en la quiebra de la mayoría de
ellas en la década de los noventa, teniendo el Estado que rescatarlas por medio
del Fobaproa-IPAB.
En el sector energético en particular,
empresas públicas como Statoil de Noruega y Petrobras de Brasil tienen altos
grados de eficiencia que les permite competir en el mercado mundial de los
energéticos. Por otro lado, la empresa privada Enron, una de las más grandes
empresas del sector energético en Estados Unidos, quebró en 2001 debido a su
ineficiencia y a la corrupción en su interior.
Expongo estos ejemplos para dejar claro que
nuestra oposición a las iniciativas del Ejecutivo federal y del Partido Acción
Nacional para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales para liberar el
sector energético mexicano, no está basada en dogmas, sino en la racionalidad
de que no es conveniente ni económica ni administrativamente.
No estamos en contra de la participación
privada en el sector energético, pensamos que industrias tan estratégicas deben
de ser controladas por el Estado en beneficio de la población.
Cuando nos referimos a que el sector
energético sea controlado para el bienestar de la gente, nos referimos a una
industria eficiente que genere recursos para el desarrollo humano y provea a la
industria nacional de insumos baratos y de calidad; contrario a la situación
actual, donde se benefician principalmente un puñado de contratistas,
funcionarios y líderes sindicales corruptos, y el gobierno utiliza los recursos
económicos generados por el sector para satisfacer necesidades hacendarias.
Tenemos la certeza que el sector energético
mexicano no puede continuar como se encuentra. Son indispensables y urgentes
reformas profundas, de gran calado.
Sin embargo, la realización de estas
reformas no implica de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, la entrega
de los recursos naturales de la nación a unos cuantos particulares. Debemos
defender el petróleo como patrimonio de todas y todos los mexicanos, garantizar
la seguridad energética de nuestro país.
Es posible modernizar sin privatizar por
medio de reformas que permitan un cambio en el régimen fiscal de las empresas
públicas del sector, su autonomía presupuestal y gestión, el fortalecimiento de
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la conversión del Fondo de
Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero, el impulso a
la investigación y desarrollo tecnológico, y políticas de Estado para la
transición energética basadas en el cuidado del medio ambiente y desarrollo
sustentable.
*Ex presidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
http://ortegajesus.blogspot.com/
ortegamartinezjesus@hotmail.com
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