Legalidad y desobediencia civil

El presidente del PRD, Jesús Zambrano, ha dicho que la ciudad capital es la urbe de las libertades y adecuadamente ha agregado que las libertades que se gozan son de y para todos sus habitantes. Por tal afirmación ha recibido algunas críticas y se le ha acusado de avalar e incluso auspiciar, la represión contra los maestros de la CNTE y otros ciudadanos.

Excélsior

Estas opiniones de algunos sectores dentro de la misma izquierda, se sostienen en la anacrónica concepción de que la legalidad es sólo pieza de una superestructura creada por la burguesía y utilizada como instrumento de dominación sobre el proletariado, o es simplemente —para los que no han oído ni leído de Marx— mero instrumento de control sobre el conjunto de los pobres. En consecuencia —desde esta visión obsoleta, lineal y obtusa— la lucha por cualquier cambio político-social implica luchar, necesariamente, contra tal legalidad o, en el mejor de los casos, atenderla o no, según convenga a una estrategia política. ¡Esta concepción sobre la legalidad es equivocada y hay que combatirla políticamente!

Sin embargo, ajustarse a la legalidad constitucional como uno de los principios de una izquierda democrática, no contradice en modo alguno el derecho inalienable de los ciudadanos a la desobediencia civil. Tan es así que nuestra propia Constitución lo contiene en su artículo 39 que dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Así dice nuestra Constitución, pero se equivocan aquellos que identifican todo acto contrario a la ley como acto legítimo de desobediencia civil.

La desobediencia civil, dice Habermas, “es bien entendida como instrumento no convencional de participación de la voluntad política, porque actúa como válvula de seguridad del sistema político democrático y como una forma de manifestación de importantes sectores de la población que (para todo propósito democrático) resulta indispensable”.

Pero por ello mismo, “la desobediencia civil no puede estar motivada por ningún particularismo sino por el deseo de universalización de propuestas que objetivamente mejorarán la vida en sociedad, la convivencia democrática y civilizada. Es así que resulta imposible entender un movimiento de desobediencia civil que únicamente se limita a defender conveniencias particulares”, dice Emilio Alvarado de la Universidad Complutense de Madrid.

Por ello, los movimientos clásicos de desobediencia civil que conocemos como los de las mujeres sufragistas, los de Martin Luther King, Gandhi, Mandela, se justificaban plenamente en la medida que llamaban a la desobediencia (necesariamente pacífica) a leyes que impactaban en el conjunto de la sociedad y anulaban derechos humanos de las grandes mayorías (el derecho al sufragio universal y libre, a la igualdad jurídica, a la no discriminación, etcétera). De esta manera podríamos entender, como dice el mismo Emilio Alvarado, “que si bien todo acto de desobediencia civil es un acto de desobediencia a la ley, no todo acto de desobediencia a la ley es un acto de desobediencia civil”.

La desobediencia civil podrá negar derechos de genealogía, no democráticos o que pretenden perpetuar privilegios injustificables, pero su ejercicio, el de la desobediencia civil,  no debe vulnerar aquellos otros derechos democráticos que fueron adquiridos por el conjunto de la sociedad y que están establecidos en las leyes y en la propia Constitución.

Giovanni Sartori dice que “la idea de la libertad en la ley se contrapone con creciente frecuencia a la idea de que la libertad es liberarse de las leyes y que las leyes son una merma de libertad. Pero leer en la leyes —continúa Sartori— una infracción de libertad es olvidar que las libertades en cuestión, como lo son las políticas, no son interiores sino de relación; libertades entre individuos, grupos, organizaciones y por lo tanto libertades orientadas a coexistencia en libertad”.

Ciertamente, la clave se encuentra en esta expresión de Sartori: libertades orientadas a coexistencia en libertad.

¿Expresarse, manifestarse a favor o en contra de una idea, de un concepto, de un precepto, e incluso de una ley es una libertad legítima, indiscutible —y yo diría—, imprescriptible de los maestros afiliados a la CNTE? Desde luego que la respuesta debe ser afirmativa. Pero, me pregunto si se tiene la misma legitimidad cuando esa libertad se ejerce afectando la libertad de los demás.  Pienso que no.

¿Cómo entonces conciliar la libertad de una parte con la libertad de todos? La respuesta se encuentra, precisamente, en la ley.

Sé bien que las leyes pueden responder a intereses particulares y/o a relaciones de fuerza y que además son, frecuentemente interpretables y aplicables de manera diversa; pero también es cierto, que las leyes introducen objetividad,  previsibilidad, seguridad y sobre todo ello, generalidad, universalidad, es decir: están o deben estar concebidas y elaboradas en razón del interés general, del interés superior que es el del conjunto de la sociedad. Es verdad que no siempre sucede así, pero una circunstancia específica no debiera conducir a suprimir la prevalencia de la ley (que, como norma, debe expresar la voluntad general sobre cualquier voluntad individual o sobre cualquier interés particular).

Por ello, frente a una visión de izquierda, que en razón de ideologismos y dogmatismos, desprecia la legalidad, debe existir y prevalecer otra visión de izquierda que comprenda, indubitablemente,  que la legalidad es fundamental para la democracia, pero que además, es un instrumento esencial que debe utilizarse para avanzar hacia el necesario cambio social. La legalidad no es un obstáculo para el cambio; es al contrario, una herramienta muy útil para lograrlo. Democracia y legalidad son incomprendidas si se toman separadas. Son una y otra; no una sin otra y menos una a costa de otra.

                *Ex presidente del PRD