Jesús Ortega Martínez es miembro fundador del PRD. Ha sido diputado federal y senador de la República, en ambas cámaras ha coordinado a los grupos parlamentarios perredistas. Exlíder nacional del PRD, coordinador del Frente Amplio Progresista, coordinador Nacional de Nueva Izquierda y miembro del Consejo Rector del Pacto por México.
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Era el mes de julio de 1997 cuando en el centro político de México, la Izquierda y de manera particular el PRD, ganaba las primeras elecciones para la jefatura de gobierno del DF. Ello había sido posible, entre otras causas, porque en el periodo de 1994-1996, con el impulso principal de la izquierda, se habían materializado nuevas e importantes reformas de carácter político que atacaban y debilitaban el autoritarismo y la hegemonía del régimen de partido de Estado.
El Jefe de gobierno electo fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el líder principal de la izquierda mexicana y el mismo que nueve años antes había ganado—aunque no fuese reconocido así por el órgano electoral que controlaba y presidía Manuel Bartlett— las elecciones presidenciales en 1988.
Cárdenas Solórzano llevó a cabo en el Distrito Federal, un gobierno de apertura a libertades que convirtió a la Capital de la República en un símbolo democrático para la izquierda y en una isla de ejercicio de derechos, contrastando con los gobiernos autoritarios imperantes en la gran mayoría de las entidades federativas del país.
El Gobierno de Cárdenas fue bien reconocido por la ciudadanía del Distrito Federal y de la misma manera fue aquilatado por buena parte de los ciudadanos que habitaban en otros estados. Por ello, el PRD, consideró positivo que Cárdenas se postulara—nuevamente—como su candidato presidencial en las elecciones del año 2000. Con ese propósito, Cárdenas solicitó licencia como Jefe de Gobierno y quien en su lugar ocupó tal responsabilidad fue Rosario Robles.
Este hecho aconteció en 1999 mismo año en que se desarrollaba un movimiento de estudiantes de la UNAM que reclamaban, entre otras demandas, que no se pagara cuota alguna para ingresar a la educación superior pública y que se eliminara el examen de admisión a la propia Universidad Nacional Autónoma de México.
Los dirigentes de este movimiento estudiantil se agruparon en el CGH (Consejo General de Huelga) que durante algunos meses estaba llevando a cabo diversas acciones para hacer valer sus demandas. Suspendieron las clases en la UNAM, hicieron manifestaciones de diversa naturaleza y en un momento dado, decidieron—como medida de presión—bloquear el Periférico que era y sigue siendo, la principal arteria de comunicación vial de la ciudad capital.
La reacción del Gobierno perredista encabezado por Rosario Robles, que como hemos mencionado anteriormente, sustituía a Cuauhtémoc Cárdenas, fue la de impedir, con el uso de la fuerza pública (los granaderos y otros cuerpos policiacos) la obstrucción, por el CGH, de dicha vialidad.
Igual que ahora con la CNTE (Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación), después de diversos intentos de diálogo que no prosperaron, la policía enfrentó a los estudiantes universitarios y se impidió que se bloqueara dicha arteria. Hubo empujones, golpes, gases, cohetones, corretizas, persecuciones, algunos estudiantes aprendidos y personas lesionadas de ambas partes. Pero finalmente no se obstruyó el Periférico.
En los noticieros algunos comunicadores afirmaban la acción como positiva y desde luego, otros periodistas y comunicadores junto a dirigentes políticos, acusaron al gobierno perredista de represor y de conculcador de la libertad de expresión. "La izquierda represora" llamaban al PRD y así mismo calificaban al gobierno de la Capital.
Con esta acción del gobierno perredista en 1999 en mente, pregunto: ¿Se conculcó el derecho a la manifestación libre de las ideas? ¿El gobierno perredista traicionó sus principios? ¿Se volvió un gobierno de derecha, represor de los ciudadanos? ¡Sostengo que no! Y reafirmo que, por el contrario, en la disyuntiva de que se permitiera bloquear el Periférico o se preservara el derecho al libre tránsito de millones de capitalinos, se optó por preservar el interés general (sin atentar contra el derecho a manifestarse de una parte) y se actuó de manera adecuada, correcta.
No está por demás mencionar que el entonces presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, los demás dirigentes del partido y todo el gabinete del gobierno de la ciudad (Alejandro Encinas era secretario de medio ambiente) apoyaron y avalaron la intervención de la policía.
Me ayudo de esta historia, para hacer una reflexión sobre lo acontecido el el viernes 13 de septiembre en el Zócalo de la capital del país, y sus inmediaciones a propósito de las acciones de protesta de la CNTE.
Para este caso, el Presidente actual del PRD Jesús Zambrano, ha dicho—como en su circunstancia lo hizo López Obrador en 1999— que la ciudad Capital es la ciudad de las libertades y, adecuadamente, ha agregado que las libertades de que se gozan son de y para todos sus habitantes. Por tal afirmación ha recibido Zambrano—por los mismos que nos señalaron como "represores" en 1999—algunas críticas y se le ha acusado—como se acusó al PRD hace 14 años—de avalar e incluso auspiciar la represión contra los maestros de la CNTE y otros ciudadanos.
Estas opiniones de algunos sectores dentro de la misma izquierda, se siguen sosteniendo en la anacrónica concepción de que la legalidad es sólo pieza de una superestructura creada por la burguesía y utilizada como instrumento de dominación sobre el proletariado, o es simplemente—para los que no han oído ni leído de Marx—mero instrumento de control sobre el conjunto de los pobres. En consecuencia—desde esta visión obsoleta, lineal y obtusa—la lucha por cualquier cambio político-social deberá implicar, necesariamente, el combate contra la ley o, en el mejor de los casos, atenderla o no, según convenga a una estrategia política. ¡Este anacronismo político es equivocado y, desde luego hay que enfrentarlo en el terreno de las ideas!
Sin embargo, ajustarse a la legalidad constitucional como uno de los principios de una izquierda democrática, no contradice en modo alguno el derecho inalienable de los ciudadanos a la desobediencia civil. Tan es así que nuestra propia Constitución lo contiene en su articulo 39 que dice "que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".
Así dice nuestra Constitución, pero se equivocan aquellos líderes políticos y grupos sociales que identifican todo acto contrario a la ley como actos legítimos de desobediencia civil.
"La desobediencia civil, dice Habermas, es bien entendida como instrumento no convencional de participación de la voluntad política, porque actúa, como válvula de seguridad del sistema político democrático y como una forma de manifestación de importantes sectores de la población que (para todo propósito democrático) resulta indispensable".
Pero por ello mismo, "la desobediencia civil no puede estar motivada por ningún particularismo sino por el deseo de universalización de propuestas que objetivamente mejorarán la vida en sociedad, la convivencia democrática y civilizada. Es así que resulta imposible entender un movimiento de desobediencia civil que únicamente se limitase a defender conveniencias particulares" (Emilio Alvarado. Universidad Complutense de Madrid).
Por ello los movimientos clásicos de desobediencia civil que conocemos, como los de las mujeres sufragistas, los de Martin Luther King, Gandhi y Mandela, se justificaban plenamente, en la medida que llamaban a la desobediencia (necesariamente pacífica) a leyes que impactaban en el conjunto de la sociedad y anulaban derechos humanos de las grandes mayorías (el derecho al sufragio universal y libre, a la igualdad jurídica, a la no discriminación, etcétera). De esta manera podríamos entender, como dice el mismo Emilio Alvarado, "que si bien todo acto de desobediencia civil es un acto de desobediencia a la ley, no todo acto de desobediencia a la ley es un acto de desobediencia civil".
La desobediencia civil podrá negar derechos de genealogía, no democráticos o que pretenden perpetuar privilegios injustificables, pero el ejercicio de la desobediencia civil no debe vulnerar aquellos otros derechos democráticos que fueron adquiridos por el conjunto de la sociedad y que están establecidos en las leyes y en la propia Constitución.
Por ello mismo es que una izquierda contemporánea y libertaria debe asumir que en las sociedades democráticas o con aquellas que aspiran a serlo, el ejercicio de las libertades y de los derechos de los ciudadanos—aun el de la desobediencia civil—tiene el límite del ejercicio de las libertades y los derechos de los demás; que no hay libertades absolutas y que el ejercicio de éstas está limitado al ejercicio de las libertades de los otros.
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