Mi opinión es que sí, porque el mayor recurso natural de la
nación se está dilapidado en financiar, en parte importante, el gasto corriente
del gobierno.
La renta petrolera, no debe ser utilizada para compensar la
ineficacia fiscal del gobierno, ni como botín de funcionarios de Petróleos
Mexicanos (Pemex), de contratistas, funcionarios corruptos o de la cúpula
sindical igualmente corrupta.
La renta petrolera ya no debe servir para ocultar el déficit
fiscal, en lugar de eso, debe ocuparse como la principal palanca para el
desarrollo económico, el financiamiento de inversión productiva y la creación
de infraestructura indispensable para que se generen nuevos empleos y se
aliente la creación de cadenas productivas.
Pemex debe de ser una empresa pública para el interés
general con autonomía administrativa (para que ya no sea utilizada con fines
político-partidarios por el gobierno).
Aunado a esto, se debe impulsar la creación de fuentes
nuevas de energía, especialmente renovables, porque debemos garantizar la
soberanía energética de México.
Todos los objetivos antes enunciados de una reforma
energética deben implicar, necesariamente, que los hidrocarburos seguirán
siendo propiedad de la nación, que ningún ente privado, nacional o extranjero,
se apropiará de la renta petrolera o de parte de ésta; que Pemex y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) no podrán ser privatizados en ninguna
circunstancia o tiempo.
¿En qué consistiría entonces una reforma energética que le
sirva al país y a los mexicanos?
En construir una reforma legislativa para que Pemex y la CFE
sean empresas públicas para el interés general con autonomía administrativa.
También desde el Congreso, elaborar una reforma fiscal para
que los ingresos de Pemex no se contabilicen como parte de los ingresos del
gobierno. Pemex debe pagar los impuestos debidos y los derechos establecidos
por la explotación de los hidrocarburos.
Hay que garantizarle a Pemex recursos suficientes para una
agresiva política de exploración de yacimientos que aumente nuestras reservas
de hidrocarburos.
Paralelo a esto, realizar una reforma administrativa para
que cuente con recursos técnicos y económicos. Lograr que la contratación por
Pemex y la CFE de empresas privadas nunca implique entregarles a éstas ninguna
parte de la renta, ninguna parte de los hidrocarburos extraídos. Las empresas
privadas que tengan un contrato de servicios con Pemex o la CFE recibirán en
efectivo el monto establecido en el contrato. Necesitamos que se modernice
administrativa, técnica y comercialmente.
Posibilitar convenios con otras empresas en el propósito de
ser más eficiente técnicamente para la exploración y explotación en las aguas
profundas comprendidas como parte de la nación. Estos convenios nunca
implicarán pago en crudo.
Lograr que aumente sustancialmente su capacidad de
refinación y se garantice el abasto para el país, de los productos.
Hacer posible que el transporte de refinados primarios o
productos de la petroquímica secundaria y en donde participan contratistas
privados sea modernizado (ductos) y no sea ya monopolizado por empresas
transportistas privadas y cuyos dueños son favorecidos por cercanías políticas
al gobierno.
Alentar la creación de una industria petroquímica secundaria
que dé valor agregado al crudo y al gas.
Lograr que se aliente el desarrollo industrial del país con
precios para el gas competitivos internacionalmente.
Recuperar la investigación científica y técnica en materia
energética y garantizar que Pemex y la CFE sean amables con el entorno
ecológico.
En conclusión: en una reforma energética no debe
contemplarse ni la entrega de la renta petrolera a particulares ni la
privatización de Pemex y la CFE, pero sí es indispensable su modernización, el
aumento de su eficiencia, su consolidación como palanca para el desarrollo
industrial y económico del país y para el bienestar de las y los mexicanos.
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