Hace años, insistimos en que para superar la crisis del poder estatal en México, así como para terminar el estancamiento de nuestra economía y la inequidad social que trae aparejada, es indispensable la concreción de un nuevo pacto nacional entre el gobierno y las principales fuerzas políticas. A esta propuesta siempre se han antepuesto posiciones conservadoras, las cuales, por dogmatismo o mezquindad, encubren intereses particulares de grupos políticos y económicos.
Cuando propusimos un pacto nacional durante el sexenio anterior, desde los extremos del espectro político se argumentaba que un acuerdo de esa naturaleza sería imposible debido a la polarización que vivía el país, la cual era promovida decididamente por estos mismos polos, quienes en esos momentos tuvieron la fuerza para imposibilitar un pacto.
Durante la campaña electoral de 2012, el llamado del Partido de la Revolución Deomocrática a la reconciliación nacional y un gran pacto entre todas las fuerzas políticas del país, generó un buen número de desencantados y otro tanto de decepcionados. Los desencantados fueron los ultraizquierdistas, que por años y por todos los medios han tratado de colocar a la izquierda electoral —a veces con la complacencia de algunos sectores de ésta— en un extremismo ideológico desde donde, según el delirante juicio de la “ultra”, se conduciría a México hacia la “Revolución”. Los decepcionados fueron aquellos en el extremismo derechista, que siempre han deseado —y cierto es que en ocasiones lo han conseguido— una izquierda situada en una política de polarización social.
Al presentarse recientemente el Pacto por México, no faltaron las voces que con espíritu decembrino calificaron los acuerdos como una carta a Santaclós, asegurando que nunca llegarían a concertase ninguna de las reformas planteadas. Para su sorpresa y, en algunos casos para su decepción, la primera gran reforma del Pacto por México, la concerniente a la materia educativa, ha sido aprobada por la Cámara de Diputados en días recientes.
La votación en la Cámara de Diputados demostró que existen grandes coincidencias sobre las reformas que México necesita para emprender una ruta de desarrollo equitativo. También demostró que las fuerzas conservadoras se encuentran en una situación marginal (únicamente una veintena de diputados votaron en contra de la reforma educativa), las cuales se irán aislando cada vez más de las negociaciones y acuerdos para llevar a cabo las reformas de gran calado que se avizoran.
En sentido contrario, queda claro que existe una izquierda en nuestro país consciente de que la problemática del país no es coyuntural sino estructural; una izquierda con la convicción de que la superación de los problemas nacionales se encuentra en remediar el rompimiento del tejido social, el menoscabo de los valores democráticos, el descrédito a la ley, el deterioro de la política, el rechazo a los partidos políticos, la polarización, el socavamiento del poder estatal (existen actores políticos que le apuestan a la profundización de la crisis, aun a costa de un daño irreparable a la nación); una izquierda que se asume como oposición constructiva, una oposición que sea útil y de ninguna manera es sinónimo de que sea útil al régimen, y menos de que le sea útil al gobierno.
Existe, pues, una izquierda progresista, alejada de posturas conservadoras, con una visión reformadora, en condiciones de concretar para el país grandes acuerdos con otras fuerzas y otros actores influyentes de la sociedad, para definir prioridades y plantear alternativas en bienestar y seguridad de la población, en el marco de una sociedad democrática y de libertades.
