Criminal pasividad ante el fanatismo

Excélsior

En la comunidad de Nueva Jerusalén, ubicada en el municipio de Turicato, Michoacán, existe un sistema de usos y costumbres tales como la prohibición del noviazgo, ver la televisión, todo consumo de bebidas alcohólicas, escuchar música (excepto la litúrgica) y el uso de prendas de vestir “inapropiadas” para las mujeres. Pero lo más grave de todo es que está prohibida la instalación de escuelas.

Bajo el dominio de un cacicazgo religioso, integrado por un par de sectarios mesiánicos, en esta comunidad se violentan derechos humanos de manera reiterada. Los líderes mesiánicos imponen penas físicas e infamantes, expulsan a familias de la comunidad de manera violenta, queman sus casas y, como ya vimos recientemente, destruyen escuelas.

En el año 2007, un grupo de familias solicitaron el establecimiento de una escuela pública primaria, la cual, en el poco tiempo que funcionó, estuvo bajo asedio constante por parte de los fanáticos, hasta que dicha escuela fue destruida el pasado 6 de julio.

El 20 de agosto del presente año, mientras el resto de las niñas y los niños de Michoacán comenzaban el actual ciclo escolar, en Nueva Jerusalén ese grupo de fanáticos impidió que comenzaran las clases en aulas improvisadas para tal efecto.

Los fanáticos en Nueva Jerusalén buscan “justificar” la destrucción de escuelas y los bloqueos afirmando que la educación laica en la comunidad carece de valores morales. Con este criterio, estos fanáticos agreden a toda aquella madre o padre de familia que pretende ejercer el derecho a la educación de sus hijos.

Es evidente que este tipo de acciones vulnera flagrantemente el derecho humano a la educación. En su artículo 26, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación… La instrucción elemental será obligatoria… La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos…

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo tercero que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Asimismo, estipula que: garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa… el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Por su parte, la Ley Estatal de Educación de Michoacán, establece que la educación que imparta el Estado será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa respetando las convicciones personales. Estará basada en los resultados del progreso científico, tecnológico y humanístico, y luchará contra la ignorancia y sus efectos; contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios… Garantizada la libertad de creencias y cultos, el Sistema Educativo fomentará el respeto a las libertades de conciencia y a la consecuente libre expresión de las ideas, sin preferencias ni discriminaciones.

Lo más grave de esta situación es la pasividad de autoridades negligentes, tanto federales como estatales.

La Federación está obligada a intervenir ante las violaciones constitucionales y legales, referentes al ámbito educativo, del cual todavía conserva suficientes atribuciones aún después del proceso de descentralización educativa, sobre todo respecto a los principios fundamentales plasmados en la Constitución federal y en la Ley General de Educación.

Además, los hechos en Nueva Jerusalén son extremadamente discriminatorios y la Federación está obligada a hacer cumplir el artículo primero constitucional y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Por su parte, tal y como lo establece el artículo 137 de la Constitución del Estado Libre y soberano de Michoacán, la educación pública depende directamente del Gobernador del Estado, quien cuidará de fomentarla por todos los medios posibles. Por su actitud omisa e indolente, es éste el principal responsable de la denegación del derecho humano a la educación en Nueva Jerusalén. Es asimismo, el principal responsable de restablecer la legalidad y combatir la discriminación en Nueva Jerusalén.

Desafortunadamente, parece que el Gobierno Federal pretende heredarle a la próxima administración el problema, mientras que el gobernador de Michoacán parece que está esperando que estos hechos ya no estén en las primeras planas de los medios nacionales para continuar administrando el conflicto, sin la pretensión de resolverlo.

La debilidad de la arrogancia

Excélsior

Esos fanáticos que al menor estímulo se deshacen —literalmente— en insultos y acusaciones son la antítesis de la democracia que dicen buscar.

En la reunión de las izquierdas llevada a cabo en Acapulco, Guerrero, dije a un periodista que todos los partidos y candidatos debieran acatar las resoluciones del TEPJF; que eso era un imperativo legal y que si la izquierda se asumía respetuosa de la Constitución, entonces no tenía mas alternativa que la de acatar el fallo del Poder Judicial.

Eso lo dije asumiendo que la izquierda debe superar aquel anacrónico concepto de que hay una legalidad que podemos acatar y hay otra que podemos despreciar. Acto seguido, a mi cuenta de Twitter llegaron muchos comentarios en donde sobresalían las agresiones personales, los insultos y las consabidas acusaciones de traidor a AMLO, a los principios, a la lucha revolucionaria, a la causa, al pueblo.

Acusar de “traidor” a quien simplemente tiene una opinión diferente, es signo inequívoco de intolerancia y sobre ello ya he expresado antes algunos comentarios, pero creo que a esa actitud de intolerancia existe estrechamente vinculada a otro comportamiento igualmente dañino: el de la arrogancia.

Dice Carlos Pereda que: “Cualquier arrogante deja entender que supreeminencia se desprende de su capacidad de negar. La persona arrogante hace del engrandecimiento, por medio del desechar y envilecer, un aceitado mecanismo que pone a funcionar al menor estímulo” (Carlos Pereda, Crítica de la razón arrogante, Taurus, 1999.)

Los fascistas, por ejemplo, buscan autoafirmarse siendo arrogantes e intolerantes con todos aquellos que no comparten sus “principios”, su visión ideológica, sus creencias; los fascistas se autoafirman a partir de negar sistemáticamente cualquier otro pensamiento o negarle a las otras personas incluso con agresión y el insulto, el derecho a pensar diferente. Son intolerantes porque asumen su ideología o credo como preeminente y naturalmente superior, para así levantar, dice Pereda: “una acariciada muralla entre la persona arrogante y todos los demás”.

El arrogante, continúa el filosofo: “procura separarse y separar; confía con fervor en sus claras e indiscutibles jerarquías [y] de esta manera no se aceptan mas que cómplices y sólo reconocen a quienes están dispuestos a abrazar sin el menor reparo —o como se dice sin chistar— la escala de valores propia del arrogante y, sobre todo, a quienes comparten el enfático menoscabo de todo lo que no está de acuerdo con su creer o desear [...] La persona arrogante no oye, ni ve, ni recuerda… ni imagina mas que su supuesta magnificencia”.

Pero esa “magnificencia” del arrogante necesita de una razón. Para Hitler lo era la supuesta superioridad racial; para Stalin la superioridad de clase y para otros, esa razón, la es, más genéricamente… el pueblo. Para hacer valer su intolerancia tienen que hablar a nombre de todo el pueblo. Y no hay más fútil y vana arrogancia que autoasumirse como los únicos voceros y representantes del pueblo.

Esos fanáticos que al menor estímulo se deshacen —literalmente— en insultos y acusaciones son la antítesis de la democracia que dicen buscar.

Reforma fiscal justa y equitativa

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La próxima legislatura del Congreso de la Unión tendrá la oportunidad de asumir reformas pendientes de extrema relevancia para el desarrollo del país. Las izquierdas ratificarán su compromiso a impulsar una reforma fiscal integral, justa y equitativa.

Para llevar a cabo una reforma de este tipo, se debe ampliar la visión meramente tributaria y hacer claros los fines sociales y productivos que justifican todo tributo e incorporar compromisos transparentes sobre el uso de los recursos.

El primer paso es construir un marco institucional de planeación que imprima racionalidad, coherencia, responsabilidad y legalidad al ingreso, al gasto y a la inversión en el sector público, y que elimine la discrecionalidad del Ejecutivo federal en el manejo de las finanzas. La base para la planeación democrática es la ampliación de las facultades del Congreso y la asunción práctica de sus responsabilidades para captar, asignar y fiscalizar los recursos presupuestales, en consonancia con los requerimientos regionales y estatales de infraestructura y desarrollo, con el fin de incrementar la productividad agropecuaria, industrial y de servicios.

El núcleo de una nueva política hacendaria integral radica en una relación orgánica de las políticas ingreso-gasto (con énfasis en materia de inversión pública) y de una que propicie crecimiento y desarrollo más acelerado y equilibrado que permitan subsanar los rezagos de la población en el menor tiempo posible.

Algunas de las bases para cumplir los objetivos señalados son: Hacer realidad los principios constitucionales de equidad y progresividad tributaria; revisar todo el sistema impositivo y su administración con el propósito de incidir significativamente sobre la equidad social, gravando más a quienes más tienen y combatiendo la evasión, omisión y elusión fiscales.

Establecer mecanismos de tributación eficaces que permitan lograr mayor eficiencia y aumentar capacidad recaudadora para asegurar el financiamiento sano del gasto público, simplificación del sistema fiscal para dar estabilidad, certeza jurídica y transparencia.

También progresión adecuada en el sistema, fortaleciendo la capacidad redistributiva del impuesto sobre la renta por medio de una diferenciación mayor de las tarifas según los niveles de ingreso; ampliación de la base de contribuyentes con la incorporación al régimen fiscal de sectores informales de la economía; gravamen, en rango competitivo internacional, de las actividades especulativas; establecimiento y definición de los derechos de los contribuyentes con objeto de darles facilidades para su regularización y fortalecer la información, transparencia y rendición de cuentas del gobierno y del sector público.

Por lo que toca a una nueva visión del federalismo, se debe plantear la descentralización de algunos impuestos a estados y municipios fortaleciéndola, así como la redistribución de los impuestos federales mediante una nueva Ley de Coordinación Fiscal incrementando la participación de municipios y estados.

La reforma fiscal es el eje de la transformación económica del país; es la instancia de articulación de un nuevo pacto social que armonice adecuadamente el bienestar de la población y potencie las capacidades productivas de la economía.

Un nuevo orden político

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La izquierda tiene dos desafíos en el momento político actual y ambos son igualmente importantes: luchar con la ley y hasta los límites que ella impone, contra la injusticia electoral; y hacer que nuestra acción política tenga contenido de acción transformadora, que incida en el rumbo del país y contribuya a lograr bienestar para los mexicanos.

El domingo pasado, se llevaron a cabo —por parte de la alianza progresista— asambleas en las cuales se informaba a la ciudadanía de las acciones legales y políticas para hacer posible la justicia electoral, incluyendo sanciones a quienes cometieron ilícitos y contribuyeron a tergiversar el voto ciudadano.

Ojalá que el Tribunal Electoral actúe como garante de los derechos ciudadanos, especialmente, con el derecho de elegir libremente a los gobernantes. Esto es fundamental para garantizarle al país gobernabilidad democrática y prosperidad.

Hasta hoy nada está resuelto en la elección presidencial y los supuestos que establece la Constitución, hacen posibles diversas salidas, incluida la nulidad.

Pero cualquiera que fuese la sentencia del Tribunal, lo cierto es que el país requiere —vitalmente— de respuestas inmediatas a los grandes problemas que lo flagelan.

En circunstancias como las actuales en donde se dan las decisiones cruciales para las naciones y en donde partidos y lideres frecuentemente caen en la gran confusión (en realidad perversión), de entender al poder como objetivo en sí mismo y no como el vehículo, como el instrumento para alcanzar el verdadero propósito de la política, esto es: bienestar para la mayoría de los ciudadanos.

La coyuntura electoral es importante porque atrás de ella se encuentra, preponderante, el asunto del poder; la reflexión sobre el sentido y la razón para ejercerlo y, de manera particular ahora, de la necesidad de un “nuevo orden político”.

Nietzsche  escribía sobre “la gran política” en donde se revelaría una conciencia de una misión universal, de un fin ecuménico y sobre todo, de “una acción eficaz que incida, porque la voluntad política se expresa en procesos de sublimación y —sobre todo, diría yo— de realización”.

En la acción política evidenciar la injustica, dar testimonio del abuso, descubrir al abusador y sancionarlo, es algo fundamental, pero esto es sólo una parte, porque la acción política debe ser, especialmente, eficaz en la transformación de la realidad, de la superación de las injusticias, de la desigualdad, en la superación de antiguos y anacrónicos valores y costumbres.

La izquierda, entonces, tiene dos desafíos en el momento político actual y ambos son igualmente importantes: luchar con la ley y hasta los límites que ella impone, contra la injusticia electoral; y hacer que nuestra acción política tenga contenido de acción transformadora, que incida en el rumbo del país y contribuya a lograr bienestar al mayor número posible de mexicanas y mexicanos.