Giovanni Sartori define a un partido como “cualquier grupo político identificable mediante un membrete oficial que se presenta a las elecciones y que es capaz de colocar, a través de las elecciones, a candidatos para los cargos públicos”.
Como se puede deducir de esta definición, una de las principales funciones institucionales de un partido político es lograr que sus miembros ejerzan directamente el poder o tengan influencia sobre él. Esta función ha sido estigmatizada a tal grado que muchos actores políticos y sus partidos adoptan un discurso demagógico y se presentan ante la sociedad como líderes y organizaciones que no buscan ejercer ningún tipo de autoridad que devenga del poder público.
La estigmatización referida llega al grado de descalificar a los miembros de un partido político por el hecho de postularse a algún cargo de representación popular. El discurso demagógico descansa sobre el falso argumento de que los partidos políticos tendrían que postular a los ciudadanos.
¿Son las y los miembros de un partido político ciudadanas y ciudadanos? La simple lógica nos ayudaría a responder afirmativamente, pero veamos los siguientes fundamentos normativos:
Según la Constitución Política, en el artículo 34, son ciudadanos quienes, teniendo la calidad de mexicanos, sean mayores de 18 años y tengan un modo honesto de vivir. En correlación a lo anterior, el artículo 41, fracción I, establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.
No queda duda de que los miembros de un partido político, siempre y cuando cumplan con los preceptos constitucionales, son ciudadanas y ciudadanos con derechos políticos plenos.
Es de llamar la atención los cuestionamientos a los partidos políticos por “no incluir a los ciudadanos en sus candidaturas”. Las y los miembros del partido al que pertenezco no aterrizaron el día de ayer provenientes de Marte, sino que son ciudadanas y ciudadanos con plenos derechos, quienes decidieron participar primordial y activamente en la política para transformar al país.
¿Desde dónde lo iban a hacer? ¿Desde una empresa? ¿Desde una institución académica? ¿Desde un medio de comunicación? Podrían haberlo hecho desde cualquier ámbito, pero decidieron hacerlo a través de las instituciones idóneas para ello: los partidos políticos.
En este contexto, llama la atención que parte de los cuestionamientos contra los miembros de los partidos —que son candidatos— provengan de las mismas personas que promueven la reelección bajo el argumento de que se necesita profesionalizar al Poder Legislativo.
A pesar de la propaganda constante para desprestigiar a las personas que se dedican profesionalmente a la política, la mayoría de la sociedad no le apuesta a la improvisación ni a las ocurrencias. Basta ver las reacciones a la postulación de personajes provenientes del mundo del espectáculo y del deporte.
Sobre el falso dilema de ellos (políticos) contra nosotros (ciudadanos), aprendimos de la peor manera la lección con un “forastero” del sistema político que se ostentaba asimismo como alguien ajeno a los partidos y a las instituciones: Vicente Fox.
Para terminar, me gustaría dejar claro que, así como considero legítimo que los miembros de los partidos políticos sean candidatos a puestos de elección popular, considero indispensable que los demás ciudadanos y ciudadanas interesados en los asuntos públicos del país puedan ser postulados de manera independiente. Por ello, he impulsado sistemáticamente una reforma política que contemple, entre otros puntos, las candidaturas independientes.
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