En su origen, las encuestas fueron concebidas como herramienta para que empresas privadas, gobiernos, partidos políticos, universidades e institutos de investigación, pudieran obtener información acerca de los hábitos, costumbres, filias, fobias de determinados grupos sociales, tales como los consumidores, los votantes u otros conglomerados de la sociedad.
La información obtenida se convertía en cifras y números para que, con esos datos, finalmente se pudiera conocer el comportamiento de dichos grupos sociales y, con ello, elaborar propuestas, respuestas y soluciones a problemas específicos.
En 1953, Albert Kinsey publicó un estudio (basado en una encuesta) acerca del comportamiento sexual de los estadunidenses que causó un gran revuelo al difundir, por ejemplo, el porcentaje de personas casadas que habían cometido adulterio y, como consecuencia de ello, la existencia de una deficiente higiene sexual en ese país. Recientemente, otra encuesta sobre las familias norteamericanas reveló que los castigos corporales a los niños y niñas ocasionan problemas sexuales cuando son adolescentes o adultos. Éste es un tema, pero hay muchos otros en que, para su mejor conocimiento, las encuestas resultan indispensables.
Cualquier empresa comercial del mundo hace uso de las encuestas para vender mejor sus productos, y no hay partido político o candidato que no recurra a las encuestas para conocer de los sentimientos, afinidades, pasiones, razones y comportamientos de los electores.
Sin embargo, la razón original de los estudios estadísticos y demoscópicos se ha desvirtuado, especialmente en la política. En esta actividad esencial de toda sociedad y de todo grupo humano, las encuestas sirven ahora para tratar de condicionar y direccionar, en muchas ocasiones con engaños, el voto de los ciudadanos. Muchas de las “casas encuestadoras” venden su producto como si vendieran pizzas, es decir, con los ingredientes (los números) que el cliente pida.
Leo Zuckermann (Nexos, marzo 2012) relata una entrevista que hizo Joaquín López-Dóriga a Fausto Vallejo, el entonces candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán. “Inicialmente, (dice Vallejo sobre la casa encuestadora GCE) me daba a mí ventaja, pero (como) no llegamos a ningún acuerdo y obviamente pasó a otros momios a favor de la (otra) candidata”. El “acuerdo” al que hace referencia Vallejo era sobre montos de dinero, y la sola declaración debiera ser suficiente para que el IFE y los organismos privados que procuran la profesionalización de las encuestas llevaran a cabo una elemental investigación. Es claro que la publicación de esa encuesta, como de otras, debiera, como cualquier propaganda, entrar en la contabilidad de los gastos de campaña de los respectivos partidos y candidatos.
No pocas de las encuestas difundidas profusamente atienden al pago de determinado monto de dinero o al establecimiento de compromisos —una especie de pagarés— para cobrarlos cuando el candidato sea, eventualmente, gobernante.
Dice el IFE que, para propósitos de los gastos de los candidatos, va a “contabilizar hasta los volantes y las botellas de agua”, pero intencionadamente olvidan su obligación de contabilizar la propaganda vía encuestas o los infomerciales de campaña que se llevan a cabo en muchos medios de comunicación. Desde luego que hay excepciones, tanto en casas encuestadoras como en medios de comunicación. Lamentablemente, son pocas las que actúan con rigor científico y profesionalismo. La mayoría atienden a los partidos y candidatos como si fueran clientes de pizzería, esto es: con los ingredientes (los números) que pida.
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