El proyecto del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso Cassez ha catalizado un debate respecto a los derechos y garantías de los acusados. Sin juzgar acerca de la culpabilidad de la ciudadana francesa, el ministro expone que la “escenificación ajena a la realidad” montada por las autoridades federales tuvo un efecto corruptor sobre todo el proceso, teniendo “una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada”.
La presunción de inocencia exige que cualquier persona acusada de un delito sea tratada como inocente durante el procedimiento penal. El ministro Zaldívar señala en su proyecto que la presunción de inocencia es el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza. “En pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas”, afirma.
Desafortunadamente, el proceder de las autoridades federales en materia de seguridad pública y justicia, en este y otros miles de casos, va en sentido contrario a la trascendente reforma constitucional en materia penal y derechos humanos; por medio de la cual transitamos de un sistema inquisitorial a uno acusatorio, en donde el derecho a la presunción de inocencia juega un papel fundamental.
La presunción de inocencia es cotidianamente violada. Las autoridades policiacas y ministeriales tratan como culpables a los detenidos, exhibiéndolos y asegurando a las víctimas que aprehendieron a sus victimarios. En los tribunales, de manera sistemática se trata a los procesados como culpables, teniendo éstos que demostrar su inocencia, en lugar de que los ministerios públicos comprueben sus imputaciones.
Por su parte, los medios de comunicación no tienen a la presunción de inocencia entre sus premisas. Constantemente reproducen las imágenes más llamativas de acusados, presentados por las autoridades. En las detenciones o presentaciones, juzgan e interrogan con una idea preconcebida a los incriminados y sus familiares, teniendo como único referente periodístico la información oficial. Algunos líderes de opinión toman partido y emprenden campañas a favor o en contra de alguna acusación.
Pero lo más grave, respecto al desempeño de algunos medios de comunicación, es su participación consciente en escenificaciones hechas por alguna agencia gubernamental. En primer lugar, los medios pueden ser copartícipes de la violación a derechos fundamentales (la garantía a ser presentado de manera inmediata ante la autoridad ministerial, por ejemplo). En segundo lugar, presentar escenificaciones como si fuera información, mintiendo sobre si la transmisión es grabada o en vivo, los medios de comunicación atentan contra lo que debería ser su propia esencia: informar de manera veraz.
Para una gran cantidad de medios, incluidas las televisoras, los contenidos no pueden ser regulados de ninguna forma. Afirman que únicamente es a través de la autorregulación como se puede garantizar que los medios cumplan su tarea informativa. Pues bien, es tiempo de que los medios revisen y apliquen sus propios códigos de ética para evitar desinformar y manipular hechos, teniendo como una premisa el derecho a la presunción de inocencia.
Por lo que respecta a las autoridades, éstas deben de entender cabalmente que ahora funcionan en las coordenadas de un sistema penal acusatorio y que conceptos como el de debido proceso y presunción de inocencia son una realidad jurídica. En este contexto, resultan inadmisibles escenificaciones que vulneren derechos y garantías, las cuales pueden liberar culpables y condenar inocentes. Los montajes de Genaro García Luna, como en el caso Cassez, no pueden ser tolerados en un Estado democrático de derecho. El primer paso para reconocerlo es el cese de este funcionario federal y el inicio de los procedimientos que correspondan. Asimismo, Televisa y TV Azteca tienen que rendir cuentas respecto a su participación en las escenificaciones montadas por el ahora secretario de Seguridad Pública.
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