Antes de que se convirtiera en un personaje reconocido internacionalmente por procesar a genocidas de las dictaduras de Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983), el juez Baltasar Garzón ya era conocido en España por sus actuaciones contra el narcotráfico y el terrorismo (tanto el ejercido por la organización independentista ETA, como el practicado por el Estado a través de los grupos Antiterroristas de Liberación).
A pesar de haber atacado grandes intereses, el juez Garzón era respetado, gozando de autonomía y prestigio en su país y en el extranjero. Sin embargo, en años recientes enfocó sus esfuerzos contra dos cánceres incrustados en el poder español: la impunidad y la corrupción.
En 2008, Garzón se declara competente para juzgar las criminales violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura franquista, sobre todo en lo concerniente a la desaparición forzada de miles de personas. Esta acción provocó una virulenta reacción por parte de dirigentes partidarios, grupos empresariales y medios de comunicación que veladamente se asumen como los herederos del franquismo.
El intento del juez Garzón por combatir la impunidad de los crímenes de la dictadura del generalísimo fue frenado por la misma Audiencia Nacional, la cual lo declaró incompetente para juzgar este caso. Asimismo, se inició contra Garzón un proceso judicial por prevaricación, el cual está en curso y podría significar su inhabilitación por más de 15 años.
La probable inhabilitación de Garzón por combatir a la impunidad se sumaría a la recientemente decretada por pretender desarticular una amplia red de corrupción en su país.
En 2009, el juez Garzón inicia un proceso en contra de una amplia red de funcionarios y parlamentarios del Partido Popular (en donde, por cierto, anidan muchos de los herederos del franquismo antes mencionados) que, en complicidad con un conglomerado empresarial, estaban organizados para captar fondos de entidades públicas, principalmente de gobiernos autonómicos gobernados por la derecha.
Al percatarse que durante el proceso judicial los acusados y sus abogados maniobraban para lavar recursos provenientes de actos de corrupción, el juez Garzón ordenó grabar sus conversaciones. Debido a lo anterior, fue acusado de prevaricación y recientemente inhabilitado por 11 años.
Las acusaciones y castigos contra Garzón han despertado gran solidaridad en su país y el resto del mundo, en gran parte porque se perciben como una venganza institucional por su combate a la impunidad y la corrupción.
Un sondeo publicado por el diario El País constata que sólo 36% de las y los españoles consideran que había motivos suficientes para juzgarle mientras que 61% afirma que Garzón “está siendo objeto de una persecución”. Los procesos contra el juez han dañado la opinión de la ciudadanía ibérica sobre la justicia española en general —para 65% ha empeorado—.
En la comunidad internacional también se considera que la sanción impuesta al juez responde a un afán de neutralizarlo. Como ejemplo basta referirse a la postura de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, quien ha declarado que la inhabilitación está relacionada al combate a la impunidad del franquismo, refrendando que “los jueces no deberían ser enjuiciados por hacer su trabajo”.
Valga desde la izquierda en México nuestra solidaridad con el juez Baltasar Garzón, quien seguramente seguirá luchando a favor de los derechos humanos en cualquier parte del mundo.
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