A raíz de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legisló en materia de protección de los derechos de las mujeres y despenalizó la interrupción del embarazo, se ha profundizado un debate que ha alcanzado cobertura nacional y que ahora, de nueva cuenta, concita opiniones de diversa naturaleza y muchas de ellas francamente encontradas. Este debate es frecuente que borde sobre formulismos jurídicos, pero en el fondo lo que se está resolviendo en la Corte es si el Estado mexicano debe o no proteger derechos fundamentales de los ciudadanos —en este caso particular— de las mujeres.
En el propósito de anular la reforma de las y los legisladores del DF, que protege derechos de las mujeres, los conservadores recurrieron a la argucia de pretender conculcarle a la Asamblea Legislativa del DF la facultad de legislar en materia de protección de derechos de los individuos. Esto se evitó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundadas aquellas consideraciones que pretendían anular la jurisdicción de la Asamblea Legislativa del DF y de otros congresos locales para legislar en materia de despenalización del aborto.
A partir de esta sentencia de la Corte, la reacción conservadora se concentró en influir en los congresos locales hasta lograr que 18 de éstos reformaran su respectiva Constitución estatal para, en sentido contrario a la reforma del Distrito Federal, penalizar la interrupción del embarazo. Esto fue posible sobre la base de una alianza política y programática constituida entre PRI, PAN y los sectores más conservadores de la Iglesia católica y ello bajo el argumento de que “la vida humana existe desde el momento mismo de la concepción”.
Esta idea que en el mundo y en México enarbola la derecha más conservadora está sustentada básicamente en preceptos morales y en convicciones religiosas; que siendo respetables para quien no las comparte, no pueden ser impuestas como norma legal a todas las personas y al conjunto de la sociedad.
No es verdad que a partir del momento mismo de la concepción exista un individuo y una persona jurídica y que por lo tanto se comete un crimen si se interrumpe —en determinado tiempo— un embarazo (en ello coinciden las investigaciones científicas más serias y reconocidas, nuestra Constitución y los tratados internacionales que refieren este tema). Desde el punto de vista jurídico y legal no hay nada punible y quienes quieren castigar a las mujeres que abortan antes de las 12 semanas de embarazo se oponen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además pretenden anular un derecho fundamental de las mujeres: Decidir sobre su propio cuerpo.
Sé que este punto de vista confronta a otros y eso debe ser perfectamente entendible, aceptable en una sociedad que se precia diversa y plural, en un Estado nacional que preserva en la Carta Magna su condición laica, la libertad de las personas a profesar o no cualquier religión, a compartir o no cualquier pensamiento político o moral. Las concepciones religiosas de las personas están referidas al ámbito de lo particular y nuestra Constitución nos garantiza a los particulares el derecho a profesarlas. Pero esas concepciones particulares sobre religión, filosofía, ideología política, etcétera, no pueden imponerse (como está sucediendo en San Luis Potosí, en Baja California y en 16 estados más) a todas las personas. Cuando eso sucede, el Estado laico y republicano se desvanece y es sustituido por un Estado totalitario y dictatorial.
En una visita a Uruguay encontré escrita en una pared la siguiente frase: “El problema es que pienses que mi cuerpo te pertenece”. Ese es el problema de quienes insisten, en México, en castigar a las mujeres que ejercen su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su vida.
el problema es insistir en imponer por la fuerza esas creencias de cosas que nunca existieron, como dios, thor, batman, cristo, tlaloc etc. aunque como bien dices al final lo único que quieren es someter a la mujer a los caprichos de los hombres.
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