Cuando se cuestiona al Presidente acerca de su estrategia de combate al crimen organizado, él, invariablemente replica con una pregunta: ¿En qué consistiría una estrategia diferente para lograr seguridad a las y los mexicanos y para detener la violencia que horroriza día a día al País?
Calderón siempre pregunta esto y, diversos sectores de la sociedad, desde analistas especializados, hasta la oposición política, dan respuestas diversas, muchas de las cuales son acertadas, pero que además son indispensables para lograr eficacia en la acción punitiva del estado contra los delincuentes. Una de ellas y quizás la más urgente de aplicar, es la de detener el flujo de armas desde Estados Unidos hacia nuestro País. Esta exigencia ya generalizada en México, debe atenderse de inmediato, pues es la causa principal del recrudecimiento de la violencia y de la irracionalidad y salvajismo en que se manifiesta.
Se sabe que la grave situación de inseguridad en el País, es resultado de un doble tráfico; el de las drogas desde México y otros países hacia Estados Unidos y el de las armas, desde Estados Unidos hacia México. Las dos formas de tráfico son negocios extraordinariamente redituables en miles de millones de dólares, y sin embargo, los efectos de este doble trasiego son resentidos, de manera brutal, principalmente en México.
Los gobernantes norteamericanos han asumido que la actividad de los cárteles de la droga mexicanos es ya un asunto de su seguridad nacional. No les falta razón y actúan en consecuencia, pero esos mismos gobernantes olvidan que la actividad y el negocio de los cárteles estadounidenses del tráfico de armas, aparte de propiciar una irrefrenable violencia en México, también son causa de la creciente debilidad del Estado mexicano. Obama, el Departamento de Estado y los líderes del Congreso de Estados Unidos, literalmente juegan con fuego e irresponsablemente alientan el enorme y creciente deterioro del Estado mexicano, lo que impacta de manera directa en la frágil seguridad de su propio País.
Una muestra de tal irresponsabilidad e inconciencia es la operación “rápido y furioso” que impulsada por la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del país del norte (ATF), permitió la entrega de miles de armas de procedencia estadounidense a los narcotraficantes mexicanos. Tal operación, ahora se sabe, fue diseñada e incluso financiada por la DEA y el FBI.
Esta información que es ya conocida en el Congreso norteamericano, debiera ser motivo de indignación en México y suficiente motivo para que el gobierno de Calderón, amparándose en el derecho internacional, exija una explicación ante una evidente trasgresión a nuestras leyes y ante una grosera violación a nuestra soberanía.
El gobierno mexicano debiera recurrir a instancias internacionales para demandar castigo a los responsables de “rápido y furioso”, pero además reclamar la acción del gobierno de Obama en contra de los traficantes de armas, sean estos, estadounidenses o mexicanos.
Si no se pone un alto al tráfico de armas hacia territorio mexicano, la inseguridad y la violencia continuarán creciendo ante la impotencia de las autoridades mexicanas.
@jesusortegam
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